Muchos capitalinos sueñan con tener su propio espacio en medio de la ciudad y vivir a una distancia caminable de donde estudian, trabajan o se entretienen, con áreas públicas y vegetación bien diseñadas. Para algunos este espacio es una casa, para otros es un moderno apartamento, para mí sería un apartamento “viejo” en Bella Vista o La Exposición.
La elección de reutilizar una vivienda no solo debería considerarse respetuosa del medio ambiente, sino del patrimonio histórico arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Panamá. Opción que debe estimular el Estado y acoger la empresa privada, como una oportunidad de negocio social y ambientalmente responsable.
Sin embargo, en la actualidad comprar “una casa usada” como las de Bella Vista, representa ser castigado con intereses bancarios a precio de mercado, porque la Ley 3 de 1985 y su modificación de 2012 le niega el interés preferencial a quien desee reutilizar un inmueble. Además, se debe pagar un impuesto de bienes inmuebles que no se le exige a los propietarios de una edificación nueva en el mismo sector, gracias al interés preferencial. Esto dificulta aún más la reutilización de esas casas.
Se trata pues de un sistema perverso que privilegia los nuevos y caros proyectos residenciales, que en realidad no funcionan como viviendas sino como plazos fijos en concreto, acero y vidrio, al alcance de poca gente adinerada (de Panamá o el extranjero) que compra esas propiedades para dejarlas vacantes y especular con su valor. Si muchas no cumplen con su función social, al no cobijar a nadie que las necesite por ser exorbitantemente caras, ¿por qué seguir financiándolas con nuestros impuestos? ¿Por qué no utilizar ese dinero para salvar el patrimonio arquitectónico, urbanístico y ambiental de la ciudad y ayudar a los capitalinos, de ingresos medios y bajos, a regresar al centro de la ciudad? La industria inmobiliaria puede ser parte del cambio, si actúa con responsabilidad social empresarial, y considera los aspectos ambientales, urbanísticos, éticos, estéticos y patrimoniales de sus inversiones.
El Estado podría extender los beneficios del interés preferencial a las inmobiliarias e individuos que adquieran y pongan en valor las casas con más de 40 años, además de dar estímulos fiscales a quienes certifiquen el interés patrimonial de un inmueble, por su historia y sus características arquitectónicas, como es el caso de las viviendas de Santa Ana, Calidonia/La Exposición, San Francisco y Bella Vista. También se les podría dar descuentos fiscales escalonados, ligados al grado de respeto y conservación patrimonial que demuestren al intervenir y poner en valor un inmueble viejo, por ejemplo, exonerándoles del pago del ITBMS en materiales de construcción para estas obras. Además, le podrían entregar el bono que destina el Mivi para viviendas de interés social a aquellos que deseen habitar un inmueble de 40 años o más.
Por último, mediante ley, el Estado pudiera darle un estímulo financiero a las promotoras de los proyectos de renovación, puesta en valor o reconversión. Además, darle utilidad social a las viviendas vacantes, al intervenir en el mercado para estimular u obligar el alquiler de todo inmueble que esté sin ocupar más de cinco meses, ya sea que su dueño la arrende al mejor postor, también mediante su venta o su expropiación, en caso de estar vacantes por más de un año. Esto daría mayor dinamismo y realismo al sector de alquiler privado en el centro de la ciudad
Con medidas pequeñas como estas, la empresa privada, el Estado y los ciudadanos podrían ayudar a prevenir la innecesaria expansión urbana, la invasión de terrenos, el desorden urbanístico y ayudar a densificar mejor la ciudad, respetando el medio ambiente, el patrimonio y el derecho a la ciudad de las personas. La conservación, reutilización y mantenimiento de residencias y edificios “viejos” es clave para ello.
¿Y usted qué piensa?
