El primer año de gobierno de Laurentino Cortizo estuvo saturado de paradojas, contrastes y crisis que, desde ya, fijan un arduo camino por recorrer en el 80% del tiempo que le resta. Como señalamiento positivo de la gestión realizada, vale mencionar la inmediata atención que mostró al sector agropecuario, atropellado por una fulminante afectación desde hacía varias administraciones.
Además, debe señalarse como una medida obligatoria oportunamente realizada, la pronta búsqueda de crédito proveniente de la banca internacional para solventar compromisos que permanecían ocultos, postergados u olvidados hasta entonces. Otro aspecto positivo es la atención que la nueva administración del Canal ha puesto al complejo problema de la disminución de la disponibilidad de agua para el consumo humano, el funcionamiento del Canal, las actividades agropecuarias y la producción de energía en la región metropolitana y zonas adyacentes a esta.
Otro sector que también recibió un esperado y alentador impulso desde tempranos momentos del gobierno de Cortizo Cohen fue el turismo, que también venía padeciendo notorias afectaciones desde el periodo anterior.
En lo internacional, hubo un sensible cambio con la desaceleración de las relaciones con China y una vuelta de mirada hacia Norteamérica.
La evaluación del gobierno de Cortizo exige repasar antecedentes que llegaron a marcar la pauta del debate electoral y la suerte del país: la economía en franca desaceleración; el crecimiento del desempleo y la informalidad laboral; el sistema educativo con signos de deterioro continuo; la seguridad ciudadana que, aunque presentó algunos indicadores a la baja, no logró traducir esto en una reducción sostenible e integral de la violencia en la sociedad; los sistemas de salud y seguridad social abandonados a la degradación de su recurso humano y al deterioro de sus instalaciones, procesos de atención y sostenibilidad financiera, y un sistema de administración de justicia con evidencias de empeoramiento crónico. Todo esto bajo la sombra de una corrupción instituida, para la que la gran mayoría del electorado esperaba un corte definitivo con el nuevo gobierno.
Frente a esta realidad, la opinión pública da cuenta de expectativas sobre el gobierno que cumplió un año, que se mantienen insatisfechas. Tras este periodo, la administración Cortizo enfrenta riesgos de altísimo potencial de afectación para la población. En primera instancia mantiene dos deudas, cuyo valor aumenta permanentemente: los cambios constitucionales y la reconstrucción de la Caja de Seguro Social.
El actual gobierno asumió el poder solo dispuesto a reformar ciertos aspectos de la Constitución y no a hacer viable una constituyente. Sus primeros esfuerzos por lograr esas reformas fracasaron al chocar con un movimiento de diversos sectores, entre los que sobresalieron jóvenes universitarios que, sin tener una estructura organizada y careciendo de un pliego de exigencias articulado, pararon en seco un proyecto de reformas insostenible por la pobre representatividad de los componentes sociales del país.
El abordaje de la recuperación de la Caja de Seguro Social no logró pasar de un primer diagnóstico brindado por su nueva dirección, que quedó sometido a devaluación por diferentes actores socioeconómicos, agravado por el posterior rechazo a maniobras administrativas y financieras que comprometían el uso de recursos millonarios, en medio de la creciente crisis económica.
La actual administración muestra un sensible déficit de congruencia, al haber sido blanco de duros ataques provenientes de la bancada legislativa del PRD, partido que le garantizó su triunfo con un 33%. La dirección gubernamental no ha reconocido este resultado como un indicador de la necesidad de ampliar las bases que establecen la gobernabilidad. Así, el propio PRD no demuestra estar unido, conforme y detrás de su gestión. Otra señal de inestabilidad política ha sido la cantidad de miembros del gabinete reemplazados en tan solo un año. Con todo esto, ha estado en desarrollo una crisis política, cada vez menos disimulada.
La pandemia de la Covid-19 ha marcado, no sólo el primer año de gestión gubernamental, sino también los cuatro años restantes de su quinquenio. La emergencia sanitaria, las víctimas, el desmejoramiento económico y el desempleo dejan ver consecuencias lamentables, a lo que hay que sumar la creciente proximidad de riesgos sociales y políticos.
El Plan de Gobierno aprobado en diciembre de 2019 se enfrenta a una exigencia de reemplazo por un coherente plan de mejoramiento de la economía, enorme desafío para el equipo económico de gobierno y para el equipo que debe dedicarse a la estabilización y mejoría del sector laboral. Por su parte, la educación, impactada significativamente, debe encontrar fórmulas de dinamización y avenencia entre sectores acostumbrados a la descalificación mutua.
El término del primer año de gestión de gobierno llega con un panorama preocupante, al máximo. En condiciones de una alta demanda de ejemplaridad en el ejercicio del poder, credibilidad en la gobernanza y de confianza en un plan que baje los niveles de ansiedad y frustración y que reduzca tensiones.
Nada tiene más poder explosivo que la acumulación de la insatisfacción ciudadana. Una vez más, así lo han demostrado las protestas populares ocurridas en América Latina desde 2018 hasta lo que va de 2020, que tuvieron como detonantes diversos motivos (reformas al seguro social en Nicaragua; aumento en el pasaje del metro en Chile; medidas económicas en Ecuador y Argentina; la corrupción e inoperancia gubernamental en Haití, Puerto Rico, Perú, Honduras y Colombia, y elecciones en Bolivia y República Dominicana).
La administración Cortizo no sólo debe estar atento a la aparición de una vacuna contra la Covid-19, sino también comprender que, contra una explosión social, como ha ocurrido en muchos países, Panamá tampoco está vacunada.
Laurentino Cortizo acogió como sus propios parámetros para gestionar como presidente, “no mentir, no hacer trampa y no robar… Y no tolerar a quien lo haga”, “código de honor” de la academia militar donde estudió en Estados Unidos. Al término de su primer año le toca validar este código, logrando despachar credibilidad a los ciudadanos y recibiendo de estos la confianza necesaria. De lograrlo, tendrá cómo enfrentar los retos del segundo año; de lo contrario, la crisis se profundizaría, para mayor tragedia del país.
El autor es sociólogo
