En 1964, recién egresado del Nido de Águilas, quiso el hado ciego que mi primer empleo formal fuera laborar como escribiente en la Secretaría Judicial de la Cárcel Modelo. Con poco más de 20 años, muy temprano me tocó apreciar lo bueno, lo malo y lo feo del principal recinto penitenciario de la provincia de Panamá.
Era la época de la isla penal de Coiba, a donde eran enviados los condenados a las penas más severas impuestas por los tribunales de justicia de Panamá. Un lugar donde el que iba no quería regresar jamás, y no porque fueran torturados.
La Cárcel Modelo en aquella época estaba bajo el control de guardias nacionales que inspiraban respeto, dirigidos por oficiales egresados de escuelas militares de algunos países vecinos, con una incuestionable formación. Era una época en la que la política no se inmiscuía en ciertas áreas, especialmente el sistema penitenciario.
Desde que las Fuerzas de Defensa fueran desmanteladas por la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, no existe en nuestro país un estamento armado con la capacidad de darle a la ciudadanía la seguridad personal y protección a sus bienes. En estos últimos años, hemos tenido una escalada de delincuencia y cada día que pasa es mayor, y más horrendos son los crímenes que se cometen. El lavado de dinero procedente del narcotráfico y la corrupción, el sicariato y los delitos contra la propiedad siguen a la orden del día.
Y no existe porque la casta política panameña teme que un cuerpo armado profesional, con institucionalidad y mística, pueda repetir lo acontecido el 11 de octubre de 1968, que tuvo su génesis no en el acto de un farsante con ínfulas de establecer en Panamá un “cuarto Reich”, sino en la corrupción, arbitrariedad y desmanes de los políticos de aquella época, como sucede hoy día.
Hay que reconocer que la extinta Guardia Nacional fue un organismo con mística e institucionalidad hasta la llegada de Manuel Antonio Noriega, quien primero le cambió el nombre a Fuerzas de Defensa, y que después contaminó con sus lazos con el narcotráfico y el lavado de dinero, los carteles de Medellín y el de Cali en Colombia, a gran parte de sus integrantes.
En lugar de proteger y servir a la población, la policía de hoy solo protege y sirve a los gamonales de la política. Ni siquiera a los empresarios y comerciantes, que son las primeras víctimas del flagelo que nos azota. Por ello, a cada rato reciben pingües aumentos de sueldo, por demás inmerecidos.
En los últimos años, la Policía Nacional ha sido solo un nicho de clientelismo político, dirigido por sujetos que no tienen ni la menor idea de cómo administrar un kiosco de chicheme, y que primero tienen que ser incondicionales lacayos del Ejecutivo, a quien deben demostrar lealtad sin precio ni duda. Esta falta de profesionalismo, carácter, metodología e institucionalidad ha dado como resultado que la Policía Nacional jamás pueda ser un sustituto de lo que fue la Guardia Nacional que tuvo como comandante supremo a Omar Torrijos Herrera.
Y basta solo darle una ojeada a quienes la integran, para darse cuenta que mas bien parecen una montonera que un cuerpo de policía que inspire respeto. Lo acontecido en La Joyita no es algo nuevo; ya ocurrió en el año 2003 en la cárcel Nueva Esperanza en la provincia de Colón. Lo escandaloso es que el número de muertos ha sido mayor.
Y hemos llegado a tal grado de decantamiento moral y social que, incluso, se aprobaron leyes para “vaciar las cárceles” y que sean los ciudadanos quienes se encierren en sus casas, porque no es que el dinero no sea suficiente; lo perverso es que sobran ladrones. Y además, con un Órgano Judicial y un Ministerio Público donde se aplica el terrorismo judicial, la figura del “preso” ha llegado a ser un negocio rentable. Por eso hay policías y “custodios” corruptos. Si no hay mística, qué les importa si estos maleantes se matan entre ellos. Al fin debe considerarse “limpieza ecológica”.
Los norteamericanos han llegado a entender que hay delincuentes con un compromiso ineludible con la violencia, y que son absolutamente irrecuperables para la sociedad. Por eso existe la pena de muerte, y la prisión perpetua, y las cárceles de máxima seguridad, porque no solo hay que salvaguardar la vida de la gente en las calles, sino de aquellos que deben convivir con estos sociópatas.
La tarea para resolver este problema es ardua. Se requiere valentía y arrojo y, sobre todo, una férrea voluntad, que no existe en nuestra administración, mientras ocupen los cargos los mismos que lo han causado.
El autor es abogado
