En los últimos 20 años, las relaciones bilaterales entre Panamá y Venezuela se han distinguido por un alto nivel de complejidad, con sus altas y sus bajas. Dicha complejidad no le ha sido esquiva a ninguna de las últimas cinco administraciones panameñas. Recordemos que fue la Venezuela de Hugo Chávez quien congeló sus relaciones diplomáticas con Panamá debido al indulto que recibió el terrorista Luis Posada Carriles en los últimos días de la administración Moscoso. En la administración Torrijos las relaciones entre ambos Estados se “normalizarían”, no sin que antes Panamá desplazara a Venezuela y a Guatemala en sus aspiraciones por ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presentándose como la candidatura de consenso.
Durante la administración Martinelli, las tensiones recrudecerían debido a los llamados de Panamá al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco de las protestas populares venezolanas. Dichos llamados fueron, inclusive, calificados erróneamente como injerencistas y condujeron a acaloradas discusiones en la Organización de Estados Americanos (OEA), al rompimiento de relaciones diplomáticas y al congelamiento de las relaciones comerciales.
A la administración Varela le correspondió restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Sin embargo, debido al visible deterioro de la situación político-social, la violación sistemática de los derechos humanos y a la celebración de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018 en Venezuela, Panamá decidió reconocer a Juan Guaidó como Presidente encargado. Lo anterior trajo consigo el retiro de credenciales al representante del Gobierno de Nicolás Maduro en Panamá y la consecuente acreditación de la Embajadora designada por Guaidó. A su vez, Panamá se incorporaría al Grupo Lima, otorgaría asilo a una gran cantidad de perseguidos políticos y apoyaría las gestiones tendientes para que el gobierno interino de Guaidó asumiese el asiento de Venezuela en la OEA. La actual administración ha continuado, en buena parte, las políticas de su antecesora, salvo algunas variaciones. Panamá se incorporaría al Grupo Internacional de Contacto, liderado por la Unión Europea, que busca una salida pacífica y negociada a la crisis de Venezuela.
Recientemente, una delegación del partido oficialista PRD realizó una visita a Venezuela en el marco de las elecciones parlamentarias, boicoteadas por la oposición a Nicolás Maduro. Luego de que la Cancillería panameña declarara que los comicios parlamentarios “no garantizaron un proceso democrático, transparente, inclusivo, libre y justo”, el oficialista PRD los catalogó como un “ejercicio constitucional democrático, libre y pacífico”. Acto seguido, el Grupo de Lima calificaría los comicios como ilegales e ilegítimos. De igual forma, el Consejo Permanente de la OEA, con el voto afirmativo de Panamá, adoptó una resolución en la que se rechazaron las elecciones parlamentarias al considerarlas contrarias al espíritu de su Carta constitutiva y al tenor de la Carta Democrática Interamericana. Al momento de votar, la Embajadora panameña, siguiendo instrucciones de Cancillería, aclaró que el voto de Panamá no suponía “el reconocimiento a la continuidad del mandato constitucional del órgano legislativo o de sus integrantes”.
Esto significa que Panamá podría, en algún momento, retirarle el reconocimiento al Gobierno interino de Guaidó. Dicha medida respondería a que luego de casi dos años de haber tomado posesión del cargo de forma interina, el gobierno de Guaidó no ejerce control alguno sobre el territorio de Venezuela. Adicionalmente, nuestro país ha continuado lidiando con el gobierno de facto de Maduro, a pesar de que mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno interino de Guaidó. Un eventual retiro del reconocimiento al gobierno de Guaidó, no implica que Panamá deberá reconocer al gobierno de Maduro. Es más, nuestro derecho interno (Decreto No. 364 de 1990) y las normas comunitarias de gobernanza democrática (Carta Democrática Interamericana), nos obligan a no reconocer a dicho gobierno y a adherirnos a las apreciaciones colectivas adoptadas a través del Consejo Permanente de la OEA. El derecho internacional no le impone a Panamá obligación jurídica alguna en cuanto a reconocer a un gobierno en Venezuela, pues los gobiernos pueden existir de hecho, sin existir de derecho. El no mantener relaciones diplomáticas, no implica, tampoco, un (des)reconocimiento al Estado de Venezuela, pues a diferencia de los gobiernos, la existencia de los Estados, en el derecho internacional, siempre será de hecho y de derecho.
Sin duda alguna estamos ante una situación atípica e, inclusive, única. No obstante, la posibilidad de reconocer a un gobierno autocrático cuyas violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos han sido documentadas por las Naciones Unidas y que son objeto de un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional no es, ni debe ser, una opción plausible. Corresponde, entonces, acompañar los esfuerzos de la comunidad internacional tendientes a una salida negociada. Tampoco podemos olvidar que esta negociación deberá venir acompañada de la búsqueda de la verdad, de la reparación integral a las víctimas, de la justicia y de garantías de no repetición.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
