Hasta el momento, luego de leer detenidamente el proyecto ley 61, no he observado nada que vaya contra la moral (desde una ética reflexiva, es decir, la filosófica). Además, hablar de moral es hablar de costumbres. Por lo que no veo en dicho proyecto nada que atente contra las “buenas” costumbres. ¿Quién conviene qué es bueno o malo?, históricamente la Iglesia. Pero la Iglesia, de cualquier denominación, dejará de regir sobre los asuntos políticos de Estado cuando el Estado así deje de permitirlo: los Estados confesionales solo han traído disputas, como estas.
En términos del paleontólogo, Stephen Jay Gould, la ciencia y la religión son dos magisterios que no se superponen. De igual forma, la política (que es ciencia) y la religión no deben superponerse, no existen fundamentos discursivos entre una u otra. La religión puede regir sobre la vida privada (la moral reflexiva), si la persona lo desea, pero no puede imponerse sobre un grupo.
Acerca del concepto familia, como todo paradigma, siempre habrá conflictos antes del cambio. El modelo de familia ha variado su dinámica y estructura. La familia nuclear (padre, madre e hijos) no es el único modelo de familia. Por otro lado, antes de hablar de “valores” debemos detenernos críticamente a reflexionar qué es “valor” desde el punto de vista axiológico. Sabemos que los valores no son ahistóricos ni existe jerarquía entre uno u otro (como pretendían los primeros axiólogos), son subjetivos y convencionales.
Entonces, ¿quién nos determina qué es justo, injusto, bueno, malo, “moral”, “inmoral”? En cuanto seamos un Estado laico, los académicos (filósofos, sociólogos, politólogos, lingüistas, científicos, entre otros) serán quienes determinen conceptos claves que enmarcan un documento (una ley, por ejemplo). No obstante, en Panamá, al existir la ambigüedad de quién gobierna realmente, si la Iglesia o el Estado, ocurrirán estos conflictos.
Noto una ley con fundamentos, no solo en la Constitución, sino en convenios internacionales de los que Panamá es signatario, convenios que se enmarcan en la protección de los derechos humanos. Además, observo una ley con fundamentos científicos. Sugiero se determine bien en el glosario de términos qué se entiende por dignidad (en dicha ley), ya que es un concepto complejo y, hasta el momento, los filósofos y bioeticistas no han logrado un acuerdo. No faltará el teólogo que conciba la dignidad como “un-algo” de dotación divina. Lo que considero se debe reforzar más, a nivel educativo, es el hábito del pensamiento crítico. Es inconcebible que salgan a marchar contra una ley que desconocen. E, insisto, no podemos fundamentar algo público en base a asuntos mítico-religiosos.
