El retroceso en las contrataciones públicas

El viernes 11 de julio del presente año, pude apreciar en el diario La Prensa un artículo que se titula “Compras sin licitar y ley de Contrataciones Públicas”, con relación a las adquisiciones de bienes y servicios, excluyendo al Gobierno del control que ejerce la Dirección de Contrataciones Públicas en las adquisiciones cuando están relacionadas con la seguridad ciudadana y presidencial, incluyendo a la Asamblea Nacional hasta los 50 mil dólares.Con esta acción se desconocerá en gran medida todo lo referente a estas adquisiciones.

El endeudamiento que tiene nuestro país, que está alrededor de 11 mil millones de dólares, se debe en muchos casos a la adquisición de bienes y servicios con costos muy superiores a los costos reales y por la apropiación indebida de los recursos del Estado por parte de algunos funcionarios que en su mayoría no han sido castigados por esas acciones. Se me viene a la mente proyectos como el de la represa de Bayano, las Minas de Cerro Colorado, COFINA, el puente Van Dam y muchísimos otros.

En la actualidad, a pesar de los controles existentes, vemos proyectos como la cinta costera que tenía un costo de 90 millones de dólares; proyecto éste que se ha reducido en sus dimensiones; sin embargo, hemos escuchado que el costo del mismo se ha incrementado en muchos millones de dólares, siempre este proyecto cuestionado por el hermetismo y la poca divulgación que ha tenido referente a los cambios y costos, considerando las grandes inversiones y el endeudamiento, ha sido muy poco el beneficio que ha recibido el pueblo panameño.

La Ley 56 del 27 de diciembre de 1995, es una ley que permite la descentralización en las adquisiciones del Estado panameño, con controles para mantener un nivel de transparencia adecuado. Esta ley ha tenido anexos y ha sufrido cambios y entre los cambios está el de digitalizar y llevar a través de internet todo lo relacionado a la adquisición de bienes y servicios del Estado, reconociéndose como un gran adelanto, esta medida, sin embargo, nos sorprende muchísimo que el gobierno actual buscando a través de la aprobación de una ley eliminar el “control existente”, sin considerar que la licitación o acto público permite una amplia participación y así lograr el mejor precio y el mejor producto, y de existir urgencia, a través de la excepción o contratación directa se puede lograr un precio razonable con gran rapidez, por tal motivo, no vemos justificación en la aprobación de esta ley que representa un retroceso en las contrataciones.

El pueblo panameño está cansado y decepcionado del manejo irregular de los diferentes gobiernos, de las promesas preelectorales incumplidas y de las acciones como éstas que le podría abrir un compás a la corrupción y lo que traería como resultado es aumentarle la carga de endeudamiento a cada panameño; por eso pienso que en las elecciones que se avecinan, el pueblo panameño independientemente de que la oposición vaya unida tendrá la sabiduría y votará por un candidato que no sea de partidos tradicionales, que haya demostrado capacidad para administrador y que pueda continuar impulsando la economía del país.