Las sórdidas riñas de políticos y empresarios que diariamente nos traen los medios confirman una realidad bastante obvia: el sistema institucional funciona muy inadecuadamente. Creo que la mayor parte de la población comparte la convicción de que el país está encajonado en un estado de cosas sostenido por sectores económicos y políticos que hace casi imposible su transformación. Ellos y sus cómplices del sector profesional de abogados, contadores y banqueros son los responsables primarios. No podemos atribuir esa responsabilidad al resto del país.
Desde hace años, los medios han denunciado y presentado evidencia de conductas delictivas. No obstante, en más de medio siglo, tal vez solo un par han sido condenados y encarcelados por actos de corrupción. Y están en sus residencias de lujo. No sugiero que llenen las cárceles de delincuentes honorables; solo que una docena más o menos las ocupen. Pocos, pero tienen que ser figuras de muy alto nivel.
Esta opinión es compartida por muchos. Lo que permanece opaco es cómo reformar el sistema para impedir que los que aprendieron a hacer de los cargos públicos y el negocio personal una sola actividad, rebuscando en las rendijas del sistema jurídico mecanismos para aumentar el patrimonio personal mientras exigen que se les reconozca honorabilidad a ellos y a sus cómplices y beneficiarios aledaños, no consigan prolongar la tradición en que el encubrimiento mutuo es garantizado por la corrupción compartida. La tradición de los que proclaman vocación de servicio público, pero no hacen la distinción entre el interés privado personal y el interés general.
Una de las consecuencias más perniciosas es la corrupción espiritual temprana de los jóvenes. Otra, más tangible, es la penosa calidad de vida de sus víctimas, especialmente las de la capital, que hacen mayoría. No me refiero únicamente a los que viven en los sectores alejados del centro, sino también a todos los que viven mes a mes con sus salarios y actividades informales. Lo que tienen en cambio es el poder en potencia que necesitan actualizar dentro del sistema electoral. Afortunadamente, los grupos de la izquierda, maestros y profesores y otros gremios profesionales, han tomado conciencia de que el proyecto debe empezar por participar en la contienda de 2014.
Casi seguro que perderán las elecciones presidenciales, pero la experiencia nos ha enseñado que después de una o dos derrotas, sigue la victoria. Es posible y probable porque los sectores que controlan el poder no tienen la capacidad ni la voluntad de reformarse significativamente. Ha ocurrido antes. La vanguardia de los movimientos de reivindicación más importantes de las décadas del 40, 50 y 60 la llevaron los grupos de la izquierda. Confiemos que hoy suceda algo similar. No debemos escuchar las voces que anuncian el apocalipsis venezolano, porque casi todas son expresiones provenientes de sectores que defienden el statu quo. Algunas no son más que cínicas coartadas. En Panamá no es posible repetir la experiencia venezolana.
Por otra parte, es cierto que a finales de la década de 1980 los dirigentes empresariales emplearon sus recursos para combatir el gobierno de los militares, para defender la democracia, pero después de la invasión todo volvió a la normalidad: a la prestación de los servicios públicos y privados dentro de una misma oficina. Tanto o más que en aquellos años, porque han conseguido ahora simular y ocultar más refinadamente.
Por tanto, no debemos escuchar a sus dirigentes mientras no intenten movilizar al país para que se enjuicie y encarcele a unos cuantos. No debemos atender a sus llamados a defender las instituciones democráticas, según las entienden de acuerdo a una muy peculiar concepción adaptada a sus intereses, mientras no empleen todos sus recursos para obtener ese fin y para exponer a la vista del país en las redes del internet, la evidencia de los hechos que los medios han denunciado durante años y que ellos conocen minuciosamente. Obviamente, eso no sucederá.
El único camino viable para la transformación es el que muestran los intereses de la inmensa mayoría del país, que son los de las clases medias y bajas. Hoy día tenemos una pujante clase media conformada por los obreros de la construcción, maestros, profesores y otros muchos grupos de profesionales con intereses opuestos y compartidos con los sectores que controlan el poder. La única forma de descartar la relevancia de los intereses no compartidos es por el camino de la participación en la contienda electoral, que ha empezado.
Confiemos en que las clases medias procuren mantener unificada y despierta la conciencia de que tienen el poder al alcance en un futuro cercano. Los más desposeídos, los que no tienen medios para canalizar los anhelos de una vida menos penosa, serán los más favorecidos. Suficientes motivos para ignorar las advertencias de los representantes de esos sectores del poder económico y político que pretenden atemorizarnos con el espectro del castrismo o del chavismo. Son ellos los que deben temer la reacción de las clases medias, tal como sucede en otras partes del mundo.