Se obedece, pero no se cumple

En octubre pasado, un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) -Doris Campbell, Luis Castillo, Angel Garay, Liz Henríquez, Liza Hernández, Emperatriz Ibarra y Jesús Sánchez- ganó el premio de Impacto Social en el 3er. Congreso Científico de la misma universidad, por su trabajo de investigación sobre el cumplimiento de la Ley 56 de 2017 que establece cuotas de género en el sector bancario; trabajo coordinado por Carlos Barsallo, presidente de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

La investigación reveló, entre otras cosas, un dato que forma parte de nuestra historia desde tiempos coloniales, cuando se acuñó aquella lapidaria frase “se obedece pero no se cumple”, en alusión a las órdenes impartidas por la corona española que, tras una larga travesía, llegaban a su destino para ser ignoradas por los funcionarios coloniales a quienes iban dirigidas.

La anécdota colonial viene a cuento estos días que celebramos 200 años de independencia de España, y podría decirse que es un simbólico antecedente de esa larga cadena de incoherencias que nos identifican y que nos mantienen empantanados en el mundo de la forma, muy alejados del fondo.

Veamos. La Ley 56 partía de una premisa fundamental: “el derecho de las mujeres al acceso y a la participación activa de decisiones de entes públicos y privados del país”. Y es que, aunque la igualdad ante la ley de hombres y mujeres no está en cuestión, lo cierto que un repaso por la conformación de directivas -en el sector privado y el público- mostraba en 2017 y sigue mostrando ahora, un penoso e injusto desequilibrio.

Con el objetivo de cambiar esa situación, la citada ley estableció un sistema de cuotas que permitiría a las entidades a las que les aplicaba la norma, ir cambiando hacia una mayor participación de las mujeres en búsqueda de equidad y diversidad. Para 2018, la participación de las mujeres en las directivas sería del 10%, del 20% en 2019 y finalmente del 30% en 2020.

La realidad, sin embargo, fue por otro camino. Según nos revela la investigación de los estudiantes de la USMA -que se enfoca únicamente en el sector bancario-, solo el 28% de los bancos cumple con la cuota del 30%, mientras el 72% parece enredado en aquello de “se obedece pero no se cumple”.

En realidad, existe sustento jurídico -que no ético- para ese incumplimiento. Resulta que la propia Ley 56 estableció una vía de escape -igual que la ley electoral en el tema de la postulación de mujeres por parte de los partidos políticos-, ya que el parágrafo del artículo 3, les dio permiso a los bancos de permanecer como estaban, sin límite de tiempo alguno. “La presente ley no afectará la composición actual de las juntas directivas” señala la norma, desvirtuando completamente el objetivo de lograr un cambio palpable en tres años.

Pero hay más. Como la Ley 56 no estableció sanción alguna para quienes la incumplieran, el reglamento pasó a formalizar la vía de escape. El Decreto Ejecutivo 241-A de julio de 2018, señaló que “en caso de no cumplir, el sujeto regulado deberá explicar las razones del no cumplimiento”. En otras palabras, se puede incumplir la norma, tal como sucede con la supuesta obligación legal que tienen los partidos políticos de postular 50% de mujeres, pero que pueden evadir con una certificación de la secretaría de la mujer que lo justifique.

Por último, la Superintendencia de Bancos perfeccionó la metodología creando un formulario que deben llenar las entidades que no cumplen, en principio como fórmula para identificar los obstáculos existentes para cumplir las cuotas establecidas en la Ley 56.

Como resultado de todo eso, solo 11 bancos de un total de 39 que forman parte de la investigación cumplen con la ley, llevándose la medalla de oro The Bank of Nova Scotia que superó la cuota del 30%, alcanzando la completa paridad del 50%. La lista de los cumplidores incluye también un banco estatal: la Caja de Ahorro. Penosamente, existen bancos con cero cumplimiento.

Los datos visibilizados por los estudiantes de la USMA incluyen un informe de la Asociación de Mujeres Directoras Corporativas de Panamá que identifica un cumplimiento del 19.7% del universo total de sujetos obligados por la ley, que incluyen instituciones del Gobierno central, descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y aquellas reguladas por estos (los bancos). De 2 mil 104 puestos en 349 entidades, solo 415 correspondían a mujeres.

Cumplir a cabalidad la Ley 56 es una de las tantas asignaturas pendientes que tiene este país de lacerantes contrastes; otra de las muchas brechas -usando el término del Pacto del Bicentenario que acaba de ser presentado al país- que urge cerrar. Y en este caso, solo se tiene que cumplir la ley.

La autora es periodista, abogada y activista de derecho humanos