El gobierno apostó su prestigio al sustentar los decretos leyes que tienen que ver con la seguridad nacional.
Se dice que el narcotráfico es el principal causante de los alarmantes índices de inseguridad, crimen y violencia en Panamá. Sin embargo, en la medida que el tiempo transcurre esta teoría se desvanece, porque según las propias estadísticas oficiales, el ambiente delincuencial persiste, a pesar de los millonarios decomisos.
Aunque aceptamos que el trasiego de drogas sí actúa como precursor en el deterioro social, sobre todo por las ejecuciones, secuestros y muertes violentas, mi experiencia indica que muy poco participan los narcotraficantes en los asaltos y otros delitos. Estos, sin duda, son actividades típicas de la delincuencia común, donde predomina el ladrón profesional, estafadores y asaltantes. Este tipo de delincuencia existe desde antes de la independencia. La diferencia radica en la eficiencia o fracaso para prevenir, reprimir, erradicar y corregir al delincuente o infractores de la ley.
Dicho en otras palabras, quizás algún día logremos erradicar 100% el narcotráfico en nuestro país; sin embargo, jamás lograremos hacer desaparecer el 100% la delincuencia y delincuentes comunes.
Luego entonces, mientras nuestras autoridades responsables de la seguridad insistan en desconocer que hay varios modelos o tipos de delincuencia, entre ellas la común y la que deriva del narcotráfico, seguiremos improvisando e invirtiendo recursos importantes en prueba ensayo y error, o como también podríamos calificar de administración por crisis con resultados precarios o estériles. Si este círculo vicioso en el que nos encontramos no se corrige, seguirán desfilando ministros y directores con poco éxito y desilusión profesional, sean estos civiles, policías uniformados y hasta militares de carrera, porque no son los hombres al frente de la fuerza pública los que están fallando; más bien, nuestra gran falla consiste que el modelo de custodia y operación de seguridad territorial y espacio físico, ya es obsoleto, arcaico y desfasado.
Es el mismo que encontré de subteniente hace 51 años, cuando ingresé a la Guardia Nacional. En ese ayer, la ciudad capital contaba con apenas 400 mil habitantes y 100 mil viviendas. Era el año 1957 y el “Niño Millón Cándido Millonésimo Aizprúa” no había nacido. Hoy la ciudad tiene 1.6 millón de habitantes y 350 mil casas. En la periferia de la ciudad viven 400 mil habitantes en anillos de miseria y promiscuidad, donde la Policía Nacional confronta serías dificultades para patrullar. En 15 años las ciudades de Colón, La Chorrera y Chepo serán las afueras o suburbios de la ciudad de Panamá con 2.5 millones de habitantes del total nacional que proyecta a 5 millones.
Recibo las declaraciones del nuevo ministro de Gobierno y Justicia, Didio Arcía, como positivas, democráticas, conciliadoras y esperanzadoras de mejorar el estado de inseguridad en el que nos encontramos. En consecuencia sus pronunciamientos me impulsan a sugerir convocar una mesa de trabajo abierta y representativa o, laboratorio de ideas, y examinar la sugerencia de reorganizar el territorio de la ciudad capital a custodiar, en “Distritos Policiales”, descentralizados y con capacidad operacional semi autónomos, obedeciendo el resultado de un estudio socio económico de índices de delincuencia. Estos distritos, para evitar abusos de autoridad, violación de los derechos humanos y garantías fundamentales, deben tener la presencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial con sus respectivos juzgados. En otras palabras, lo que se sugiere es movilizar la Policía Nacional en la misma dirección donde se encuentra el corazón o epicentro del desarrollo de la ciudad de Panamá.
