“Mejores prácticas ambientales” o “refinería de metales preciosos de talla mundial”, son algunas de las grandilocuentes promesas hechas por la empresa Broadway Strategic Metals Inc., interesada en explotar la mina de oro de Molejón. Esa mina que, junto a la de cobre que avanza viento en popa -fallo de la Corte aparte-, surge de una concesión amparada por la Ley 9 de 1997.
La mina de oro en cuestión, que inició operaciones en 2009, paralizó sus actividades en 2013 por problemas de liquidez (no hay oro que pague el despilfarro y la mala administración), provocando alarma por el estado en que se encontraban las tinas de relave que almacenan las aguas contaminadas con cianuro.
En consecuencia, en 2016 el Estado panameño tuvo que destinar dos millones de dólares para evitar que se produjese el colapso de las tinas, con la consecuente contaminación de las fuentes de agua y las tierras del área. Además, la Autoridad Nacional de Ambiente -que aún no era ministerio- tuvo que contratar a una consultora para saber a ciencia cierta la magnitud del daño, determinándose que se requerirían unos $30 millones para rehabilitar el área. Y ni hablemos de los incumplimientos del Estudio de Impacto Ambiental, que para eso no hay espacio que alcance.
Curiosamente, en una nota publicada en este diario en octubre de 2007, representantes de la empresa alegaban que “su planta de procesamiento de oro utiliza la tecnología más avanzada que hay en el mundo, y que el impacto al medio ambiente es mínimo”. Otras grandilocuentes afirmaciones que resultaron falsas.
La oferta de la empresa Broadway Strategic constituye por lo pronto, una buena noticia para algunos, entre los que se encuentra el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Resulta que los trabajadores de la mina recibirán el pago de sus prestaciones, ya que la empresa se ha comprometido a “un pago de treinta millones de dólares, para ayudar a solventar los problemas de legado de la antigua mina de oro de Molejón, dándole prioridad a contribuciones y cuotas obrero-patronales a la Caja del Seguro Social, prestaciones laborales, cánones y regalías pendientes”.
Efectivamente, el hoy vicepresidente Carrizo es uno de esos trabajadores que se quedaron sin recibir su liquidación tras el colapso financiero de la empresa. Una gran injusticia por supuesto. Y es que tal y como contó cuando aún estaba en campaña, su trabajo como abogado de la minera era gestionar programas de responsabilidad social. Su caminar por las comunidades y cerros de Coclecito, añadió en una de las muchas entrevistas de campaña, lo hacían emocionarse recordando al general Omar Torrijos. ¡Conmovedor!
Dejando de lado al vicepresidente Carrizo y su interés en el tema minero -¿o será justamente por ello?-, todo indica que el gobierno ha decidido apostar por una industria altamente contaminante y depredadora, a pesar del gran potencial que tiene Panamá en otras áreas de la economía.
No importa lo que se diga, alegue o prometa en materia de mitigación, la minería a cielo abierto -especialmente en un clima tan lluvioso como el de Panamá- produce una enorme destrucción sin matiz alguno. Se puede hacer compensación reforestando en otras áreas, y se puede prometer todo tipo de controles para evitar los desastres y las tragedias, pero lo cierto es que hasta ahora, los ejemplos y las experiencias no hacen más que demostrar el gran error de destruir nuestros hermosos bosques y toda la vida a su alrededor, para recibir 2% en regalías. ¡Es criminal y es estúpido!
Las noticias del regreso a la insensatez minera nos llegaron de golpe, con una sucesión de lamentables hechos. El 13 de mayo se publicaron dos resoluciones en Gaceta Oficial. La primera fue una resolución de 2015 del Ministerio de Comercio, que dejó sin efecto la concesión del área donde está la mina de oro de Molejón, traspasándose al Estado las tierras que la formaban. La segunda añadió al régimen de concesiones mineras unas 25 mil hectáreas en Colón y Coclé, tierras que habían sido sacadas de esa actividad en 2010 y 2015.
Finalmente el 18 de mayo, supimos la razón de ambas resoluciones: el ministro de Comercio, Ramón Martínez, anunciaba con bombos y platillos que la empresa Broadway quería reactivar la mina de Molejón. Una empresa que, hasta abril del año pasado, tenía entre sus directivos a un italiano investigado por estafa. Un déjà vu de espanto.
A pesar de todo y como suele suceder, nos prometen grandezas: nada menos que un hub de procesamiento, refinación, almacenamiento, acuñación, reciclaje y banca de oro y plata que sirva para Latinoamérica y el mundo. Lo que no dicen es para quién será esa grandeza.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
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