El gobierno español ha creado un “ministerio de universidades”. ¿Nos convendría imitar esa iniciativa? Los nuevos ministerios, entidades descentralizadas y las ahora denominadas “autoridades” siempre generan críticas, algunas veces justificadas, por cuanto incrementan la burocracia, pero la creación de un ministerio de universidades es una iniciativa que merece ser evaluada, sin prisas, pero con mucha seriedad.
En Panamá, hace apenas unas décadas solamente existían dos universidades, la de Panamá y la católica Santa María, pero al presente los centros de estudios superiores suman muy por encima de los treinta, con una oferta académica de decenas de carreras que otorgan títulos de licenciatura, maestrías y doctorados, aparte de grados intermedios técnicos y diplomados.
Por disposición constitucional, “el Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional”. En el texto constitucional se encomienda a la ley que determine “la dependencia que elaborará y aprobará los planes de estudios, los programas de enseñanza y los niveles de educación”. Y, además, dispone, en el artículo 99, que la “Universidad Oficial del Estado fiscalizará a las universidades particulares aprobadas oficialmente para garantizar los títulos que expidan y revalidará los de universidades extranjeras en los casos que la ley establezca.”
Hasta el nivel preuniversitario esas competencias son exclusivas del Ministerio de Educación y en el de la educación superior de la Universidad de Panamá, que era la única oficial cuando esa norma fue originalmente redactada en el año 1946. Ahora son cinco las universidades oficiales y más de treinta las privadas. Bajo esta nueva realidad convendría revisar las normas que se refieren a la educación superior y evaluar si todavía sirven para garantizar la calidad de sus títulos.
Si queremos llegar a ser un país de primer mundo, todos coincidimos en que el pilar fundamental para alcanzar ese estadio de desarrollo dependerá de la calidad de nuestro sistema educativo, principalmente, de sus niveles universitarios, en el que deben formarse los profesionales calificados que el país necesita.
La decisión que se ha tomado en España, pudiera ser un sendero a seguir y debiera revisarse por nuestras autoridades políticas y académicas; y sin prisas, pero con mucha objetividad, hacer el examen crítico que pueda encaminarnos hacia los niveles de excelencia de una educación superior de primer mundo.
En los debates que se desarrollaron durante la discusión del proyecto de Acto Constitucional, una de las protestas públicas estuvo directamente relacionada con la propuesta para modificar el artículo 99 constitucional, originada en la Universidad Autónoma de Chiriquí, durante las consultas que realizó la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La propuesta fue retirada y, en consecuencia, no fue discutida. La decisión fue oportuna, pues en una materia de tanta importancia no era prudente improvisar. Sin embargo, ante las realidades de que existen cinco universidades oficiales y de que han aumentado exponencialmente las universidades particulares que deben ser fiscalizadas, su revisión objetiva es una acción que deben tomar, por iniciativa propia y de común acuerdo, las universidades oficiales y estas conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Educación.
Como el objetivo principal es que nuestra educación superior alcance los más altos niveles posibles y que quienes la cursan tengan la mayor idoneidad para ejercer las carreras para las que son titulados y tituladas, la creación de un Ministerio de Universidades o de la Educación Superior podría contribuir a que avancemos en la meta de equipararnos con los países más adelantados y desarrollados del considerado primer mundo.
El autor es abogado
