Un tema de seguridad nacional

Han pasado cuarenta años, desde que a Stanley Heckadon Moreno le tocara coordinar -desde el entonces existente Ministerio de Planificación- un grupo de trabajo técnico con un objetivo vital: identificar los peligros que enfrentaba la cuenca del Canal de Panamá, y presentar un plan de acción para su protección.

A pesar de la complicada situación política que vivía el país, algunos pensaban seriamente en la responsabilidad que teníamos por delante, en el entonces lejano horizonte del año 2000.

Empezaban los años 80 del siglo pasado, y tras investigar el proceso de destrucción de los bosques en Azuero y su impacto en la pobreza de la región, hizo un primer diagnóstico de la situación de la cuenca, a petición de la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la semilla del hoy Ministerio de Ambiente. Después de recorrer todos los vericuetos de la cuenca, quedó profundamente preocupado.

La historia es larga y compleja, e incluye una primera reacción nacional debido a la grave sequía provocada por el entonces novedoso fenómeno de El Niño, y el posible racionamiento del agua en la ciudad de Panamá. Así nació el grupo de trabajo que coordinó, y que produjo la información técnica necesaria para impulsar la protección de un área tan vital para el país.

El primer y rápido resultado del trabajo liderado por Stanley fue la aprobación del Decreto Ejecutivo 73 de 1984, que creó el Parque Nacional Chagres, con el objetivo de “preservar los bosques para la producción de agua en calidad y cantidad suficiente para el normal funcionamiento del Canal, el abastecimiento para fines doméstico e industriales…”.

Gracias a esa primera intervención, se puso freno al descontrol que ya estaba haciendo estragos en la cuenca -como demuestra con elocuencia las fotos del informe-, y que incluía una creciente migración, desforestación y consecuente sedimentación y contaminación de los lagos Gatún y Alajuela, construcción de caminos, extracción de arena y material para la construcción, establecimiento de industrias, y un largo rosario de actividades destructivas, convertidas en negocios para algunos.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. Primero el gran paso que constituyó la aprobación de la Ley 21 de 1997, que adoptó el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso de Suelo, Conservación y Desarrollo del Área del Canal, como la guía que nos permitiría utilizar de forma sostenible, la gran riqueza natural que estábamos por recibir.

En la ruta contraria llegó la nefasta Ley 12 de 2007, que pisoteó el riguroso trabajo técnico hecho diez años antes por profesionales de una gran variedad de campos del saber para producir la Ley 21.

Ocho años más tarde, en 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 12, pero el daño ya estaba hecho. Durante el tiempo de su vigencia, se utilizó el concepto de “área de tratamiento especial sobrepuesto” como sinónimo de cambio de uso de suelo, dando paso a una serie de proyectos urbanísticos, de esos que talan, aplanan terrenos, desvían ríos y construyen en serie. Todo en áreas que la Ley 21 había calificado de vocación agroforestal.

Ahora, en medio de una crisis de salud pública que tienen origen justamente en nuestro irrespeto a los ecosistemas, el diputado oficialista y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, intenta nuevamente -ya la hizo sin éxito en septiembre de 2019- abrir la puerta a la destrucción de nuestro más valioso recurso natural y principal riqueza del país.

Cuando Stanley Heckadon empezó su trabajo en la cuenca hace cuarenta años, encontró mucha indiferencia. Entonces se produjo una paradoja de esas que demuestran que los grises siempre existen. A cargo de la recién creada Policía Ecológica estaba el coronel Leonidas Macías -el mismo que años después intentó derrocar a Noriega-, quien notó que el grupo no avanzaba.

Tras escuchar la gravedad de la situación y los hallazgos de Stanley, el coronel Macías no dudó en utilizar su poder para echar a andar el proyecto, calificándolo como “tema de seguridad nacional”. A partir de entonces, las cosas marcharon con el resultado ya relatado.

Hoy, con el impacto del cambio climático y los problemas en la cantidad y calidad del agua que produce la cuenca del Canal, detener el proceso de degradación de los bosques de la región interoceánica constituye sin duda un tema de seguridad nacional. Sin embargo, algunos siguen sin entenderlo. Es muy grave.

La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos.