La reciente modificación antojadiza y apresurada, aunque bien intencionada, del Código de Uso de Suelo Mixto de Altura Media (MAM) del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de San Francisco, fue un triste recordatorio de la deriva del ordenamiento territorial en la ciudad de Panamá a partir del 1 de julio de 2019. Y no es que bajo la administración municipal de José Isabel Blandón todo fuese color de rosa; nada puede estar más alejado de la realidad. Sin embargo, era evidente que en el quinquenio pasado, por primera vez, había una voluntad política por parte de la autoridad local de asumir su rol como administrador de territorio, como se lo faculta la ley, con la intención de enrumbar a la ciudad hacia el orden, primero no solo creando la Dirección de Planificación Urbana dentro del organigrama municipal, sino dotándola del recurso humano y financiero suficiente para llevar a cabo su misión, y segundo, permitiendo que dicha dirección llevase adelante su cometido, a pesar de la férrea oposición de ciertos sectores que no deseaban ver un cambio de paradigma en la ciudad de Panamá.
Lastimosamente, la misma administración Blandón minó las bases sobre las que debió haberse asentado el nuevo orden urbanístico, primero por su actitud ambigua en el cumplimiento de las normas vigentes, además de la no ejecución de los fallos judiciales que le respaldaban en esta misión. Segundo, por el modo negativo en que se relacionó con la sociedad civil organizada en la que debió haberse respaldado, pero con la que prefirió enemistarse. Para ilustrar este punto tenemos el caso paradigmático del proyecto PH Buona Vista en Calle de los Bambúes (Carrasquilla), que es ilustrativo de muchos otros. En dicho caso donde era evidente el peligro para los vecinos, además de los temas legales aún pendientes por dirimir, el exalcalde prefirió ponerse quijotescamente del lado de los promotores y atacar a los vecinos que buscaban su ayuda.
Tercero, por la manera en que prefirió dicha administración abrirse a la participación ciudadana, mediatizándola. Si bien por primera vez en mucho tiempo un gobierno local le abría la oportunidad a la ciudadanía de ventilar toda su frustración acumulada, la fuerza de esta fue más grande de lo que estaban preparados para soportar tanto el alcalde, los representantes, los funcionarios municipales y sus consultores, por lo que se prefirió utilizar métodos en los que se pretendía controlar cómo debían las comunidades participar, ciertamente buscando economías de tiempo y recursos. Esto fue más que evidente durante los talleres y consultas públicas para los planes de ordenamiento territorial de San Francisco y del distrito de Panamá y existen múltiples testimonios al respecto. El resultado fue la pérdida de la confianza ciudadana y de los electores.
Cuarto, la administración Blandón minó el nuevo orden urbanístico con los llamados proyectos de “acupuntura urbana”, los cuales no respondían a un plan si no a los deseos de tener obras hechas y concluidas antes de que saliera dicha administración. Como el apuro trae cansancio, si bien dichos proyectos estuvieron llenos de buenas intenciones en su diseño, su ejecución y resultado final no fueron los más afortunados. Como ejemplo tenemos Salsipuedes, Vía España, Vía Argentina y Calle Uruguay. Pero el golpe de gracia a todo el proceso lo asestó el propio exalcalde abandonando el barco en plena tempestad. Más pudo su ego y oportunismo político que su sentido de responsabilidad a sabiendas de la oferta electoral que se presentaba para la alcaldía y que no garantizaría la continuidad del proceso urbanístico que desencadenó, abandonando así a todo su equipo y a los ciudadanos que si bien tuvimos una relación tensa con él, si apoyábamos en términos generales los objetivos y finalidades de su gestión territorial.
Hoy por hoy, la gestión de nuestra ciudad está en manos de una Dirección de Planificación Urbana debilitada, de una Junta de Planificación Municipal amenazada de ser tomada por intereses ajenos al bien colectivo y de un Concejo Municipal y un alcalde que no han demostrado interés alguno en poner orden al caos urbano, y han preferido cerrar los pocos espacios de participación ciudadana, abiertos por la administración anterior, para darle preferencia a los intereses de una pequeña camarilla del sector construcción, que ve en la administración Fábrega su oportunidad para retornar a las peores prácticas del pasado, con la excusa de hacer valer su “seguridad jurídica”. Así le dan prioridad a proyectos fantasiosos sobre la Avenida Balboa, cuyos objetivos no están muy claros y que no responden a las prioridades de la ciudadanía, que piden a gritos aceras más seguras, un proceso de desarrollo inmobiliario menos agresivo, y respaldado por infraestructuras básicas adecuadas, más espacio verde y de recreación, control de inundaciones, y una mejor movilidad urbana en los 26 corregimientos del distrito capital.
Nos tocará a los ciudadanos conquistar nuestros espacios a través de las Juntas de Desarrollo Local. El camino para su conformación no será fácil, pues si bien la ley obliga a nuestras Juntas Comunales y Concejo Municipal a organizarlas, estos entes lo harán a regañadientes y opondrán tácticas dilatorias y de cooptación antes de permitir que dichas juntas existan. De esta manera es de suponer que buscan no tener ningún ente de control a su gestión con la visión miope que ven en dichas juntas una amenaza política. Toca entonces a cada uno de los barrios de la comuna capitalina organizarse para que juntos puedan orgánicamente enrumbar nuestra ciudad fuera de la deriva y del caos urbano.
El autor es arquitecto y urbanista