“El mecanismo legal que define la conversión de votos en escaños, determina la calidad de la representación en la Asamblea…. y también tiene efectos profundos sobre la calidad de la participación ciudadana, la eficiencia del gobierno, la estructuración y el funcionamiento del sistema de partidos, y sobre la estabilidad, desempeño y legitimidad del sistema político en general”.
La contundente cita, que viene a cuento estos días, es del profesor e investigador de El Colegio de México, Willibald Sonnleitner, quien participó en 2010 en la investigación que dio como resultado el libro Las reformas electorales en Panamá: claves de desarrollo humano para la toma de decisiones, un aporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de que los procesos de reforma electoral contaran con información técnica y con sustento científico.
Al profesor Sonnleitner le tocó analizar un tema cuya gravedad, finalmente, parece haber sido comprendida por los ciudadanos, provocando las manifestaciones de repudio que hemos visto en las últimas semanas. Se trata de la gran desproporcionalidad del sistema, causada por la fórmula vigente para asignación de los escaños por residuo en los circuitos plurinominales.
La fórmula que viene distorsionando la conformación de la Asamblea desde 1994 en beneficio de los partidos mayoritarios, fue introducida en la primera reforma electoral realizada tras la invasión. Se trataba del inicio de un inédito proceso de revisión de las normas electorales que se lleva a cabo cada cinco años, con el alegado propósito de perfeccionar las reglas del juego electoral.
Resulta paradójico que, en ese primero proceso, los diputados de la Democracia Cristiana propusieran la reforma que ha provocado la distorsión que hoy existe en la Asamblea Nacional. Cuentan los que allí estuvieron, que a los señores del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se les hacía agua la boca. Sabían que les beneficiaría, y así ha sido.
Tras la reforma de 1994, vino la de 1997, 2002, 2006. Mejorábamos sin duda, pero no todo lo que se requería; no en lo más importante. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli, como no podía ser de otra forma, el proceso se alteró y hubo reformas en 2010, 2011 y 2012. Finalmente, el Código Electoral fue nuevamente reformado en 2014. Ese es el Código que estos días ha vuelto a ser sometido a una muy accidentada revisión.
En estos procesos, los magistrados del Tribunal Electoral siempre han actuado con un evidente sesgo a favor de los partidos políticos, lo que es entendible: son los principales protagonistas en la arena electoral. Sin embargo, tales ventajas y especial tratamiento no ha provocado el fortalecimiento de los partidos políticos. Todo lo contrario.
Muchas de las normas electorales vigentes, la falta de sanciones ante determinadas acciones y una actitud complaciente, ha sido el caldo de cultivo de un clientelismo que hoy tiene a los partidos divididos en bandos y con bancadas legislativas que no responden a ideología o programas de quienes los llevaron a la Asamblea. Hoy los diputados son agentes libres, cuyo leitmotiv es hacerse de la mayor fuente de recursos y planillas, para tener contenta a la clientela que le garantizará su reelección. Son unas auténticas sanguijuelas y están destruyéndolo todo.
Esta realidad hace prácticamente imposible lograr un cambio en las reglas del juego electoral para beneficio de la democracia. Los diputados saben que su futuro depende de atrincherarse en sus privilegios y defender el fortín de descaro y impunidad que se han construido.
Por ello, lograr mejores reglas electorales requiere una ciudadanía activa y demandante, un Tribunal Electoral coherente y comprometido, así como la intervención de lo que quede de la dirigencia de los partidos políticos que tenga conciencia histórica del peligroso momento que vivimos.
Necesitamos también claridad y profundidad en el mensaje, para evitar la enorme confusión que existe. No se trata de eliminar el residuo, como han dicho algunos; se trata de modificar la fórmula vigente que produce una distorsión al permitir contar los votos más de una vez. Esto es inaudito. Sigo sin entender cómo se les ocurrió.
Y por supuesto, es urgente corregir la fórmula vigente que impide que se haga realidad la paridad en las candidaturas. Da pena escuchar a las diputadas atacar lo que es de justicia. También ellas se atrincheran en sus privilegios.
Hay otros temas vitales como los montos del subsidio electoral y su distribución o los topes al gasto de campaña, que es parte de ese ecosistema clientelar que tanto daño ha hecho. Y, por supuesto, queda pendiente la reforma en los circuitos electorales que es materia constitucional. El sistema vigente también provoca distorsión y afecta la calidad de la representación.
El destino de las reformas es muy incierto. Lo que es absolutamente seguro, es que tendremos que seguir empujando con fuerza el carro de la democracia para que no se descarrile.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
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