Una intolerable brutalidad policial

Durante la pandemia, la Policía Nacional ha abusado sistemáticamente de su fuerza. Las imágenes divulgadas la tarde y noche del miércoles, de agentes antimotines golpeando a mansalva a jóvenes desarmados, reducidos e inmovilizados, son intolerables y una vergüenza para la institución.

Estas acciones son comparables con los abusos que cometían a diario los agentes antimotines de las desaparecidas Fuerzas de Defensa durante los peores momentos de la dictadura militar. En la pandemia, estos abusos han sido sistemáticos, invariables y casi planificados, en abierta e impune violación a los derechos humanos de los ciudadanos, en especial contra los jóvenes, motor de las protestas, cansados del abuso y la negligencia gubernamental.

Esta Policía Nacional, bajo el mando de Jorge Miranda, parece más un ejército de ocupación interna, algo que parece no molestar en nada al partido gobernante, el PRD, el que fuera el brazo político de una casta de gorilas que nos gobernó durante más de 30 años.

Frente a esta reiterada violación de los derechos humanos, el jefe de la Policía Nacional reacciona casi justificando estos excesos de poder y fuerza, y el Gobierno, empezando con el Presidente de la República, guarda un silencio cómplice. Tan solo dos meses después de que el Presidente firmara la Declaración de Chapultepec, nuevamente otro periodista sufre la agresión de la Policía y no pasa nada. Al mismo tiempo, la institucionalidad de la República –con una Corte Suprema ciega y una Asamblea Nacional presa del clientelismo– continúa debilitándose frente a la agresiva brutalidad policiaca en esta pandemia. ¿A quién puede recurrir el ciudadano de a pie frente a este nivel de salvajismo oficial? ¿Al Ministerio Público? ¿A la propia Policía Nacional? ¿A la Presidencia de la República? Muy poco se puede esperar de estas instituciones. Solo basta recordar que el jefe del Ejecutivo anunció semanas atrás que reemplazaría al “intocable” de Jorge Miranda, pero sigue ahí, pese a su pésima gestión.

Es imperdonable que Miranda permanezca en el cargo después de la masacre de La Joya; de la fuga de un peligroso asesino múltiple, y luego de desobedecer órdenes directas del Presidente de la República.

Francamente, la falta de acción del Presidente de la República nos lleva a pensar que protege a quien debería ser separado inmediatamente del cargo, pues este funcionario no hace más que manchar el uniforme que viste, avergonzar a las autoridades comprometidas con los derechos humanos y pisotear su jurado deber con los ciudadanos: proteger y servir.