Una oportunidad para el cambio de rumbo

El pasado martes, en el panel “Políticas públicas para una nueva senda de crecimiento”, uno de los temas desarrollados en CADE2020 -la conferencia anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa-, el economista Marcos Fernández se preguntaba si habríamos aprovechado esta crisis temporal que nos tiene encerrados, para pensar en los problemas permanentes de Panamá. Le preocupaba que hubiésemos perdido el tiempo y que, tras la llegada de la esperada vacuna, quedara en evidencia que no pensamos ni planificamos para la reconstrucción.

La preocupación de Fernández está más que justificada. Sobran informes, diagnósticos, hojas de rutas, advertencias sobre los peligros de seguir por la senda que hemos construido a punta de intereses, complicidades e indiferencias. Hasta ahora ha faltado compromiso y voluntad de cambio.

Sin embargo, no todo es desaliento. El lunes de esta semana que está dando tanto de sí, el Secretario Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff, le daba al país la buena nueva que, a pesar de la tormenta que enfrentamos, la institución que dirige sigue adelante con una hoja de ruta que empezó a diseñarse en 2018, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el financiamiento de la Unión Europea.

Se trata de la llamada Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que hace parte de la agenda de transición energética, enfocada en dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles, para lograr una matriz más limpia de generación eléctrica, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y su impacto en el cambio climático. Nada menos que el compromiso de Panamá, como parte del Acuerdo de París, para enfrentar el mayor reto que tiene la humanidad, y hacer posible los objetivos de desarrollo sostenible.

La estrategia, que constituye una hoja de ruta hasta el 2030, es el producto de un año de trabajo con la participación de una amplia representación de la sociedad, incluyendo instituciones públicas, la academia, actores privados, sociedad civil. El proceso inició durante la pasada administración, y se convirtió en Resolución aprobada en octubre de 2019 por el Consejo de Gabinete del nuevo Gobierno. Un raro caso de continuidad de una política pública bien planificada.

Las tareas que incluye la estrategia de movilidad eléctrica -punta de lanza para el resto de la agenda de transición energética-, se agrupan en cuatro ejes de trabajo: gobernanza, cambios normativos, flotas estratégicas y educación, con 24 líneas de acciones bien identificadas (documento completo en energia.gob.pa ).

La situación que enfrentamos desde marzo, ha provocado un retraso en la implementación de las acciones planificadas. Sin embargo, la crisis ha evidenciado también que la ruta de la recuperación pasa necesariamente por ejecutar los cambios propuestos, ya que la llamada “nueva normalidad” debe forzosamente incluir la toma de conciencia sobre la urgencia de cuidar el planeta.

No se trata de un imperativo panameño, sino de una necesidad global. Justo por ello, el componente de sostenibilidad y las acciones para la transición energética, forman parte fundamental de las ayudas para la recuperación de las economías tan afectadas por la pandemia. El caso de la Unión Europea es un claro ejemplo.

Además, el secretario de Energía nos da una buena noticia: la estrategia puede convertirse en una importante palanca de recuperación económica, al ser una clara oportunidad para nuevos negocios, actividades, profesiones y oficios. “Todas estas medidas, bien llevadas y planificadas, pueden producir procesos de crecimiento económico rápido… pero será una recuperación económica distinta que exige cambio de paradigmas”, explicó Rivera Staff.

A la Estrategia de Movilidad Eléctrica le debe seguir el resto de la agenda como la eficacia energética, el acceso universal, el impulso de las energías renovables, etc. Además, es parte de un proceso mayor que incluye temas fundamentales como transporte público eficiente, la implementación de políticas públicas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial o diseño arquitectónico. Todo un reto para nuestros promotores y arquitectos que, al decir del inolvidable Jorge Riba, “dejaron de pensar desde que se inventó el aire acondicionado”.

Cambiar la mentalidad depredadora y cortoplacista que ha marcado nuestro modelo es, no hay duda, cuesta arriba. Justo hace unos días, el diputado Tito Rodríguez volvió a intentar que se cambie la Ley 21 de 1997, para borrar de un plumazo la protección en el uso del suelo en las cercanías del Canal. Él y quienes están detrás de esa propuesta no han entendido nada.

La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos