Una sociedad injusta y peligrosa

Hace solo unos días, las mujeres de Panamá y el mundo salieron a las calles a honrar a esas otras mujeres que abrieron trocha para hacer de éste un mundo más igualitario y, por supuesto, a denunciar con contundencia lo lejos que estamos de lograrlo.

Este año la conmemoración estuvo marcada en Panamá por el atroz caso de la niña de ocho años que, tras ser violada por un familiar, fue abandonada por la institucionalidad y la sociedad, provocando con ello que fuera nuevamente castigada al convertirla en madre.

No es un caso aislado como sabemos. Los embarazos de adolescentes, en su mayoría provocados por violaciones de parientes o personas cercanas a su círculo familiar, son una realidad aterradora en Panamá. Tanto, que somos el cuarto país de la región con el mayor número de adolescentes embarazadas. Y eso es, sin duda alguna, una enorme tragedia humana, y un grave problema social.

Hace unos años, el Instituto Gorgas realizó una investigación que reveló el enorme desconocimiento que tienen nuestros jóvenes en los temas más básicos de la sexualidad. La gravedad de los hallazgos debió provocar inmediatamente la acción concertada de toda la institucionalidad, para ejecutar claras políticas públicas que permitieran enfrentar este grave problema. Urgía darle a nuestros chicos más vulnerables las herramientas que le permitieran enfrentar a tanto depredador. No sucedió.

Por el contrario, vimos cómo los grupos religiosos más conservadores y reaccionarios de la iglesia Católica, junto a los cada vez más poderosos evangélicos, obstaculizaron la aprobación de los proyectos pensados para impartir educación en salud sexual y reproductiva en el sistema público de educación. Se trata de una oposición incomprensible que solo provoca que la terrible grieta de desigualad que existe en el país, siga creciendo.

Ahora, tras un largo y frustrante proceso, fueron aprobadas unas guías que resultan poco eficientes, ya que no informan con claridad a los niños y niñas de los peligros que los acechan. Con la bendición de grupos religiosos, las guías ponen el énfasis en la abstinencia, como si las niñas -y niños por supuesto- que son violados, tuvieses opción de abstenerse.

En sintonía con esos grupos conservadores, la Corte Suprema de Justicia emitió hace poco un vergonzoso fallo –con el salvamento de voto de las magistradas mujeres- que establece diferencias entre hombres y mujeres en materia de esterilización en el sistema público de salud, negándole a las mujeres la autonomía de sus cuerpos que le conceden a los hombres.

Los magistrados José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Secundino Mendieta, Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez impusieron un fallo infame, ignorando que el ejercicio libre de la sexualidad, incluyendo la esterilización como método anticonceptivo, forma parte “…de los derechos reproductivos que le asiste a toda persona…”, tal como señaló la magistrada Angela Russo en su salvamento de voto. Y toda persona incluye a esas mujeres que solo pueden acudir al sistema público de salud.

En materia de participación política, un reciente estudio de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, auspiciado por la Embajada de Canadá, identificó las barreras que impiden una mayor participación en política de las mujeres panameñas. El informe, que puede ser visto en la página libertadciudadana.org, evidencia que el sistema político -incluyendo por supuesto a los partidos políticos- es el principal impedimento para que las mujeres decidan participar más en puestos de elección popular. En otras palabras, el talante machista marca el funcionamiento de los partidos políticos, abonando la inequidad de género existente.

Tampoco está la cosa mejor en el mundo privado. Gracias a una investigación realizada por estudiantes de Derechos de la Universidad Santa María La Antigua, sabemos que las entidades bancarias no cumplen la Ley 56 de 2017 que establece cuotas de género en directivas del sector público y privado.

La Ley 56 partía de una premisa fundamental: “el derecho de las mujeres al acceso y a la participación activa de decisiones de entes públicos y privados del país”. Por ello la norma buscaba ir incrementando la participación de las mujeres en las directivas de forma gradual: 10% en 2018, 20% en 2019 y finalmente del 30% en 2020.

Se trata de una norma impunemente ignorada, de manera que cinco años después de su aprobación vemos que la conformación de directivas -en el sector privado y el público- sigue mostrando un penoso e injusto desequilibrio. Según revela la investigación de los estudiantes de la USMA -que se enfoca únicamente en el sector bancario-, solo el 28% de los bancos cumple con la cuota del 30%, mientras el 72% ignora la ley sin que haya consecuencia alguna.

La lista sigue y sigue. Se trata de una sociedad profundamente patriarcal, que incluso vemos retroceder estos días de creciente fundamentalismo religioso. Una sociedad no solo injusta sino también peligrosa. Muy peligrosa.

La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de TI