Nicolás Maduro y el régimen chavista habrían sido destronados, después de largos 12 meses de agonía y con solo 12% de aceptación, de no contar con dos pilares que lo atornillan: Una cruenta campaña de miedo, terror interno y represión contra opositores y disidentes, y el apoyo de Cuba y Rusia.
Maduro está a la ofensiva, pero no ha podido aplastar a la oposición ni a la disidencia. El más reciente intento fue tratar de adueñarse de la Asamblea Nacional, la única institución legítima, cuyo líder, Juan Guaidó, es reconocido hace un año por 57 países como presidente interino de Venezuela.
Con ese propósito, compró 15 diputados opositores –sobornados por los “maletines verdes”– y juramentó en forma fraudulenta a un presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional. En el exterior del recinto, paramilitares y policías impidieron el ingreso de los diputados opositores. La elección de Guaidó, con una mayoría de dos tercios, se realizó afuera de la sede del Órgano Legislativo, una posibilidad prevista por su reglamento interno.
La campaña de terror y represión es reforzada por agentes cubanos a cargo de la tortura sistemática de opositores, disidentes y sus familiares, luego de detenciones arbitrarias. Un informe del Instituto Casla, con sede en Polonia, ha documentado 536 casos de tortura, aunque estima que la cifra puede triplicarse.
Cuba actúa en Venezuela como el colonizador que impone sus reglas.
Maduro anunció días atrás que, tras consultar con su “hermano mayor y protector Raúl Castro”, decidió incorporar al embajador cubano al Consejo de Ministros de Venezuela.
Al trabajo de seguridad cubano se suman los aportes de Rusia en el terreno político, militar y económico. Moscú ha financiado en 15 años el régimen de Caracas con unos $20,000 millones, que han sido devueltos, mayormente, en petróleo y oro.
Expertos rusos en avanzada tecnología política, armas cibernéticas para atacar redes electrónicas, telecomunicaciones, transporte e infraestructuras financieras operan desde Caracas y han intervenido recientemente en conflictos sociales sudamericanos.
Rosneft Oil Co PJSC, la mayor empresa estatal rusa de energía, posee yacimientos de crudo y campos gasíferos venezolanos. Rosneft Oil es dueña, además, del 49.9% de Citgo Petroleum, propiedad de PDVSA, por lo que comparte las sanciones impuestas en enero pasado por Washington a las exportaciones petroleras de Venezuela.
Para salvaguardar sus intereses, Rosneft Oil se ha convertido en el distribuidor mundial del 75% de los 700,000 barriles diarios de crudo que produce Venezuela, comparado con 3.2 millones diarios hace 15 años. Ha montado un centro administrativo para la venta del crudo venezolano que opera en el edificio El Tornillo, en Calle 50, aquí en Panamá, empleando cargueros Suezmax con bandera de Grecia y Malta.
Mientras tanto, el régimen chavista prosigue con su campaña de terror y represión para frenar las movilizaciones opositoras, en momentos en que Guaidó –cuyas oficinas fueron allanadas sin orden judicial– se encuentra en una gira internacional buscando un segundo aliento en el exterior ante el debilitamiento interno, al no lograr la transición política prometida hace un año.
En Bogotá, fue arropado por el presidente de Colombia, Iván Duque, y por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El primer ministro británico, Boris Johnson, lo recibió en Londres, y se reunió en Bruselas con Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea. También participó en el Foro Económico Mundial en Davos.
Madrid, París y Washington serán las próximas escalas, en momentos en que la Casa Blanca parece retirar de la mesa la opción militar.
Pompeo habló de “una rápida transición democrática” con la negociación de un nuevo gobierno que prepare elecciones presidenciales y legislativas a finales de 2020.
Maduro descartó esa posibilidad y expresó hace unos días la disposición a negociar directamente con Washington. Rechazó formar un gobierno de transición que garantice elecciones libres.
Pompeo reveló que en los últimos meses ha habido conversaciones con Maduro. “Pero no hemos visto ninguna evidencia de que Maduro esté remotamente interesado en celebrar elecciones libres”, dijo Pompeo. “Él sabe que perdería”.
En ese escenario, Panamá puede trabajar, junto con Argentina y México, por una tercera vía que abogue por una solución política inclusiva para superar una crisis que está haciendo estragos en la sociedad venezolana, llenando de millones de refugiados económicos en los países vecinos y creando un foco de inestabilidad insoportable para la región.
Es una tarea que demanda realismo político para trabajar en mecanismos de encuentro –sin parapetos ideológicos ni simpatías personales– entre el régimen chavista y la oposición en un momento en que urge rehuir alternativas violentas y evitar que la lucha por la recuperación democrática de Venezuela se convierta en un camino escabroso y prolongado.
El autor es periodista