Este artículo trata de responder dos preguntas. La primera, si el Canal de Panamá cotizara en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿cual sería el valor de las acciones del Canal? La segunda pregunta es, ¿cual es la mejor manera de utilizar la riqueza del Canal para beneficio de todos los panameños, sin afectar la competitividad operativa del Canal? En otras palabras, cómo maximizar la riqueza a los panameños, sin matar a la gallina que pone los huevos de oro.
Estimar el valor del Canal es una tarea complicada. Utilizando sofisticados modelos financieros y ajustándolos a las particularidades del Canal, estimo el valor del Canal en B/.15 mil millones. Este sería el valor del Canal si cotizara, por ejemplo, en la bolsa de valores de Nueva York. Mi cálculo contempla aumentos de peajes en los próximos 5 años (ya que el carácter monopolístico de la ACP le permite aumentar los precios sin perder su clientela). Pero no contempla cambios en la estructura de capital de la ACP, ni toma en cuenta el impacto que tendría el proyecto de construcción del tercer juego de exclusas. Finalmente, menciono que cualquier cálculo de una empresa compleja como la ACP es una combinación de ciencia y arte: el valor final depende de las variables que se utilizan en los modelos. Otros financistas que conozcan de estas herramientas seguramente obtendrán cifras diferentes a las mías, si es que alguien se ha tomado la tarea de hacerlo.
Pero asumamos por un momento que el Canal vale 15 mil millones de dólares, que representan 5 mil por cada panameño. ¿Cual sería la mejor manera de incorporar esa riqueza al desarrollo nacional? La fórmula que el Estado ha adoptado es que el aporte del Canal al desarrollo nacional debe hacerse a través de pagos al fisco (por peajes, servicios públicos y dividendos) que en el 2003 sumaron 275 millones. Es decir, el Canal crea riqueza, luego se la transfiere al Estado, que luego decide en qué y cómo se disponen de dichos recursos. Los panameños, entonces, son dueños del Canal pero de manera indirecta, pues es sólo el Estado el que recibe, administra y dispone de dicha riqueza.
De ahí que los panameños no "sientan" que el Canal es de ellos. Un método de propiedad que efectivamente garantizaría ese sentimiento de propiedad que todos los panameños deberíamos tener hacia el Canal es que cada panameño tenga derecho de recibir dividendos directos del Canal de Panamá, en vez de estos ir a las arcas del Estado. La ACP depositaría esos dividendos en cuentas de ahorro creadas para los 3 millones de panameños, sin distinción de raza o clase social. El panameño que fallece, perdería los derechos a seguir recibiendo dividendos, dándole así espacio a nuevas generaciones a ser beneficiadas sin temor a ser diluidos en su riqueza.
Curiosamente, esto traería grandes beneficios, no sólo a los panameños, sino también a la misma ACP. Como cada panameño vería dinero "contante y sonante" que puede disponer como quiera en su cuenta bancaria, todos pondríamos especial interés y velaríamos para que la administración del Canal fuera lo más eficiente posible. Pues entre más eficiente y rentable sus operaciones, más dinero en dividendos en nuestras cuentas de ahorro personales. De esta manera, se alinean los intereses de la ACP y de todos los panameños. Lo que es bueno para la ACP, por ende, debe ser también bueno para los panameños.
Contrasten este panorama con las tensiones que ocurren en la actualidad. El Canal es cada día más rentable, es cierto. Y por ello, los políticos no descansan por meter sus narices en la administración del Canal, constantemente buscando formas para nombrar a sus copartidarios en la ACP. Y aunque los pesos y contrapesos de la ley han dado autonomía suficiente al Canal para minimizar esta amenaza, la tentación siempre está latente. Esta amenaza se hace mayor porque los panameños no son guardianes celosos del Canal. Si no se benefician del Canal ni sienten sentido de propiedad, ¿para qué protegerlo entonces? Pero si cada panameño es benefactor de dividendos del Canal, los incentivos cambian, y cada panameño defendería el Canal ante políticos inescrupulosos o administradores ineficientes que atenten contra la eficiencia de sus operaciones.
Aparte de los argumentos de propiedad y alineamiento de incentivos que he mencionado, también esbozo un argumento de eficiencia, que es el siguiente: es mejor para el país transferir 275 millones de dólares al bolsillo de los panameños que al bolsillo del Estado. Cada panameño sabe cómo mejor utilizar dichos recursos para aumentar su propio bienestar. El Estado, por otro lado, sólo sabe cómo despilfarrarlos. Sólo hay que mencionar que de los 1,000 millones que el Estado destina a su política social, sólo el 10% llega a las personas que trata de ayudar mientras que el 90% se derrocha en burocracia, y sabrá Dios qué otras cosas. El dinero del Canal sufre igual destino, pues es transferido a la caja menuda del Estado. No es de extrañar, entonces, que los panameños sientan que no se benefician del Canal.
Si queremos honrar la lucha intergeneracional que ha representado el Canal, y queremos darle ese sentido de propiedad que cada panameño debe sentir por el Canal de Panamá, entonces es hora que sean los panameños, y no el Estado, los grandes benefactores de los dividendos que desembolsa el Canal. No sólo es un argumento de justicia intergeneracional, sino también de eficiencia y alineamiento de objetivos. Si todos recibimos beneficios directos de la ACP, entonces, lo que sea bueno para el Canal, debe ser también bueno para todos los panameños. Y así es como debería ser.
