Las revelaciones de los Varelaleaks, con cerca de 600 contactos del teléfono celular de Juan Carlos Varela con funcionarios públicos, políticos, empresarios, diplomáticos, abogados, periodistas, expertos en campañas sucias, religiosos, sindicalistas, dirigentes indígenas, miembros de la sociedad civil y familiares, dan un perfil certero de la catadura moral del personaje que gobernó el país en el último quinquenio.
Por allí han salido abogados, miembros de la jerarquía católica y de la sociedad civil a cuestionar la forma cómo se obtuvo la información, en lugar de reconocer la ilegalidad en el comportamiento de Varela y todos los delitos acumulados en esos intercambios de mensajes de texto. Su contenido es de interés público y eso está por encima de cualquier otro señalamiento.
Los Varelaleaks son una radiografía de la forma perniciosa de cómo se administró el poder en la pasada administración. Hubo mutuo encubrimiento entre la clase política y grupos empresariales, con el contubernio de algunos medios de comunicación. Han quedado al desnudo las miasmas y la prostitución de los órganos del Estado.
Los Varelaleaks ponen de manifiesto, además, el fracaso rotundo de la Contraloría General de la República y otras instituciones fiscalizadoras. Varela actuaba como un monarca sin muros de contención ante el poder que ejercía sobre los demás órganos del Estado convertidos en el eco degradante de su voluntad.
Es deplorable, vergonzoso e inmoral el contenido de los Varelaleaks, al quedar al descubierto la incoherencia entre el discurso público y lo que se hacía en secreto. Era una administración del Estado -como tumba pintada de blanco pero que por dentro escondía carroña y podredumbre- en la que se imponía la rapiña y la ley de la selva.
A pesar del calado del daño que Varela le ocasionó a la institucionalidad democrática, no logró destruir los cimientos de la Nación. No todo está perdido.
Aunque el presidente Nito Cortizo recibió un legado envenenado, tiene frente a sí una epopeya democrática. Lograr un nuevo pacto político y social para impedir que Panamá se descarrile, no es tarea fácil.
Eso va más allá de un acuerdo de élites. Requiere de la interpretación y sintonía con las nuevas realidades nacionales que afectan al panameño. ¿Cómo alcanzar un concierto institucional armonioso, equitativo para la mayoría del país? Solamente con una gestión más horizontal del poder, con el acompañamiento ciudadano, con la construcción de una realidad alternativa, gobernando con la gente. Ejercer el poder con los ciudadanos va más allá del 33% que respaldó su propuesta electoral. De allí la urgencia de unir fuerzas para enderezar el camino.
El país no puede estar condenado a las formas antiguas de hacer política. No se pone vino nuevo en barriles viejos porque se revientan. La renovación debe ser completa. Todo debe apuntar a revitalizar el ánimo colectivo. Cortizo debe recuperar la confianza extraviada entre el Estado y la gente, frente a tanto relato decepcionante. Es llegando al corazón de los pueblos como se gestan las transformaciones que marcan su destino.
Cortizo debe ir apagando cualquier posible detonante de crisis social producto de las desigualdades y la inseguridad, con repuestas efectivas a viejos problemas, ampliando el diálogo social para vacunar al país contra fiebres extremistas y aventuras sin retorno. Debe poner en su lugar a los grupos económicos y cacicazgos políticos que bloquean, para preservar sus privilegios, los cambios necesarios para lograr la equidad social. Esa actitud, desenmascarada en los Varelaleaks, ha significado el despojo de la población de cualquier posibilidad de mejoramiento y de seguridad económica.
Es el momento de tomar decisiones valientes. El contenido de las reformas constitucionales no debe tener como objetivo lograr que pasen en la Asamblea Nacional. Son el vehículo para reformar el Estado. La designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del procurador general de la Nación debe apuntalar ese propósito superior. Fortalecer las instituciones es la clave para conquistar la sexta frontera y clavar allí la bandera de la justicia social.
Así como la administración anterior se recordará por los Varelaleaks, el legado de Cortizo debería ser una profunda reforma institucional que permita al país pararse sobre sus pies y caminar con paso seguro hacia el futuro.
La transacción con la realidad exige actuar con lucidez y sin improvisaciones, previendo, anticipando. Como el maestro de billar que sabe qué camino seguirá cada bola y cómo culminara la carambola, Cortizo debe interpretar la realidad y trazar el rumbo hacia dónde orientar la sociedad y hacerlo todo al mismo tiempo, porque la ciudadanía quiere cambios y los quiere ya.
El autor es periodista
