Quienes recuerdan la crisis de marzo de 2005, cuando se exigió la renuncia de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también se acordarán del ferviente y serio compromiso del Gobierno en resolver la misma, pidiendo a la ciudadanía noventa (90) días para que una Comisión de Estado por la Justicia, analizara de manera integral la crisis y presentara un informe, para que el mismo fuese evaluado con todas las fuerzas vivas del país y se plantease su ejecución.
Esta promesa se ha transformado en una falacia más del devenir político del gobierno PRD, mediante su política de "cumplo y miento", cuyo propósito es reducir los ánimos caldeados de la ciudadanía, a través de la creación de una comisión o delegación, para que el tiempo discurra los esfuerzos que la ciudadanía exige.
Sin embargo, el Informe del Pacto de Estado por la Justicia presentó una recomendación ansiada por el PRD, la creación de una Sala Constitucional dentro del engranaje judicial, que les permitirá obtener una cuota de poder dentro de la administración de justicia, que perdure al término de su mandato y se prolongue hasta el siguiente período de gobierno; y como ñapa, esta instancia tendrá la competencia exclusiva de velar por el control de los actos que realice el Gobierno, resolviendo los amparos de garantías. ¡En hora buena para los adeptos del Gobierno y su lema de "cerro de corrupción"!
Para que no nos tilden de politiqueros, es necesario precisar el desinterés del Gobierno por plantear la necesidad a corto plazo de establecer medidas de gestión que garanticen la simplificación de los procedimientos y el cumplimiento de los términos en los procesos de garantías constitucionales; de dar efectivo cumplimiento de la Sala de Casación Laboral; de convertir a la Dirección de Registro Judicial en una Dirección de Documentación Judicial, adscrita a la Sala de Negocios Generales. Estas son algunas recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia, pero que no son prioridad en los planes políticos del PRD.
Debe buscarse una reforma integral; no de palabra, sino de manera real y efectiva, donde examinemos la implementación de una política de Estado, encaminada a resolver la crisis de la justicia de forma asimétrica: De abajo hacia arriba, implementando la creación de los jueces de paz y la carrera judicial, entre otras medidas; y de arriba hacia abajo, garantizando la designación de quienes ocupan las judicaturas, bajo principios de independencia, imparcialidad y experiencia.
Las reformas en materia constitucional no pueden verse como un método o garantía de perpetuidad en el gobierno o para tomar ventajas de poder sobre otro órgano de gobierno. Bien señala el profesor Rigoberto González M. en su obra Los Desafíos de la Justicia Constitucional Panameña que "…no se puede ver ni concebir que la justicia o jurisdicción constitucional, se establece o tiene como fin ser un instrumento para el sometimiento de un órgano constitucional a otro, sino para la protección jurisdiccional de los derechos, principios o valores que el constituyente ha plasmado en la Constitución".
¿O es que el PRD pretende retomar sus principios dictatoriales, bajo una cortina de humo de legalidad? Nos hacemos eco de lo expresado por el jurista Carlos Bolívar Pedreschi al desarrollar la conferencia sobre el Derecho Constitucional Panameño durante la Época Republicana 1968-1989: "Una dictadura, en cualquier lugar del mundo que la padezca, sólo es posible a condición de que todos los órganos clásicos del gobierno de un Estado, esto es, los órganos ejecutivos, legislativos y judicial, sean órganos subordinados a la persona del dictador".
Le recordamos al gobierno PRD, que la era de distracciones con pan y circo, para imponer a su antojo normativas a la medida de sus intereses; que acostumbraron hacer por 21 años, finalizó. El devenir de la nación exige reformas institucionales que tengan como finalidad primaria, velar por una justicia social y por adecentar la administración de justicia.
