Desde sus inicios, el gobierno actual presentó claras evidencias de su proyecto de remilitarizar el país, y los incautos y los indolentes –que son muchos– miraron hacia el otro lado. Esto fue anillo al dedo para los del PRD, que saben que la fuerza militar es la fuente única de su seguridad política y económica. A falta de un disfraz adecuado al principio, finalmente encontraron varios que les acomodan y los tratan de imponer con los vergonzosos poderes concedidos por la Asamblea Nacional y, por supuesto, a pesar del repudio de la ciudadanía.
En la base de todo esto está la falacia de que lo militar es fuente de seguridad, que representa el verdadero nacionalismo y que es garantía de estabilidad. Ese fue el estribillo tedioso que nos dispensó la tiranía de 21 años que se inició con Boris Martínez, continuó con Omar Torrijos y Rubén Darío Paredes, y culminó con Noriega.
Este cuento trae al recuerdo los debates habidos en países que se han librado de la bota militar –Panamá, entre ellos– y que llegaron a la conclusión de que en sus territorios los ejércitos solo habían servido para oprimir a la ciudadanía. El militarismo es una ideología, y cuando cae sabe invernar y se reactiva cuando sus ideas coinciden con las necesidades políticas de gobernantes desacreditados. Ese es el caso hoy en Panamá, y por eso, véase bien, se está fraguando la nueva militarización a través del ascenso de un pequeño grupo de oficiales militares al poder que les brindan las armas.
Aunque los militares que ejercen funciones oficiales en este gobierno digan lo contrario, sus propósitos inconstitucionales e ilegales van a entorpecer la prestación de los servicios de seguridad a que debe propender la Policía Nacional, que se fundamentan, entre otras cosas, en factores de prevención, de iniciativa individual, de apego a la Ley general que subordina a la Policía a la autoridad civil, y de flexibilidad en la toma de decisiones. La militar, como todos sabemos, es una organización con estructura jerarquizada inflexible, cerrada y disciplinada, y con valores castrenses que no tienen lugar en nuestra sociedad. Los militares, por formación, mandan y obedecen; pasan por alto vidas humanas sin la menor aflicción; y actúan solo en función del dominio del territorio nacional, aislándose de las realidades económicas y sociales del país.
Defensor de tiempos anteriores que fueron suyos, el presidente Martín Torrijos justifica las reformas diciendo que “el fantasma del pasado no le puede robar la tranquilidad al país”, que “han pasado muchísimos años desde la dictadura”. Pareciera pensar que ya es hora de volver a ella porque le molesta la efervescencia democrática. Y cuando el Presidente habla de que “llegó la hora del profesionalismo” de la Policía Nacional, está aludiendo a unos cambios aterradores en la organización: interpenetración entre las esferas civil y militar; eliminación de diferencias estructurales en cuanto a ramas, roles, rangos y apoyos de los diversos estamentos de la Fuerza Pública; incursión militar en tareas atípicas en un régimen civil democrático, y el uso de la Fuerza Pública en operaciones internacionales de corte militar.
La militarización de la Policía Nacional, independientemente de la careta que le pongan, será costosa y peligrosa para nuestra democracia y atentará contra la vida civilizada que disfrutamos desde la caída de la tiranía militar.
Nuestra Fuerza Pública, bajo mando civil de acuerdo con la Constitución y la Ley, tiene entre sus funciones dos elementos fundamentales: la responsabilidad de garantizar la seguridad interna, y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Así está sujeta a deberes y principios intransferibles, y a la vez disfruta de los mismos derechos y libertades de los ciudadanos comunes.
En otras palabras, en Panamá la Constitución y la Ley impiden que a los policías se les impongan valores castrenses que obligan, entre muchas cosas, a la sumisión incondicional. Aquí está una de las principales diferencias entre una policía civil y una policía militarizada.
El autor es político y ex diplomático
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