Siempre en mi vida pública, sobre todo durante el período como comandante de la Guardia Nacional, he expresado mis preocupaciones y realizado esfuerzos con el propósito de conservar saludable y fortalecer nuestro sistema constitucional democrático y, para ello, considero que es imprescindible conservar en la balanza el poder público, donde convergen el político, policial y militar, "el equilibrio nacional".
Este rumbo patriótico ya lo había iniciado antes de su partida el comandante Omar Torrijos, sin embargo, vale decir que fue a partir del año 1982 junto a otros dignos panameños que conformábamos el gobierno "cívico-militar", entre ellos el ex presidente Ricardo de la Espriella, profesionales e intelectuales civiles de aquel gabinete de ministros, y militares del Estado Mayor de la prestigiosa Guardia Nacional, convocamos al pueblo panameño a un referéndum para avanzar en el propósito de desmilitarizar nuestra Constitución, tal como lo narra y registra en la obra Estudios Constitucionales de la República de Panamá (Dr. Jorge Fábrega Ponce, páginas del 90 a 99) el destacado maestro constitucionalista y guía de juventudes, el Dr. César Quintero Canto, donde este prestigioso hombre de leyes explica, con amenidad y sencilla prosa, los trazos y sucesos históricos que ocurrieron inmediatamente después del accidente fatal que segó la vida del comandante Torrijos y acompañantes, el origen y cómo se desarrollan aquellas reformas constitucionales con la participación de los partidos políticos y sociedad civil, y luego ratificadas en las urnas a través del único referéndum democrático hasta hoy en que el pueblo, ejerciendo su derecho soberano, sancionó y aprobó con un "sí" abrumador, el día 24 de abril de 1983.
Tres años después de la invasión norteamericana, en dos actos legislativos, el primero en 1993 y el segundo en 1994, de los gobiernos de los presidentes Endara y Balladares, refuerzan el principio universal de la separación de los tres poderes clásicos del sistema democrático de acuerdo a Montesquieu, principio que fue extrapolado con mayor énfasis; gran tino y visión de estadistas por el Dr. Ricardo Arias Calderón, entonces ministro de Gobierno y Justicia, al separar los mandos y escalafones de los componentes o ramas que integran el concepto general de fuerza pública y con celo rígido, ¡precisamente porque allí reposa el poder de las armas!, a través del Art. 305, hoy 310 de nuestra carta fundamental.
Este artículo es reconocido entre los estudiosos constitucionalistas, como "el pasador de seguridad del balance constitucional en Panamá"… (¡Que el poder detenga al poder; pesos y contrapesos!). Hoy, con similar preocupación de hace 25 años, muchas canas y experiencias, observamos una tendencia precipitada o carrera abierta por aprobar leyes, sin la saludable consulta franca de cara al sol ante la ciudadanía, más bien un incomprensible secretismo, como el proyecto de ley que pretende fusionar el SAN y el SMN, después de haber estado funcionando de hecho estos dos componentes separados desde el origen del ajuste constitucional y ceñido al mandato del Art. 310 durante 18 años, realidad que expresa fuerza de ley. Al observar constructivamente que este proceder advierte clara violación constitucional en el Art. 310, recibí la respuesta sorprendente que nunca debe esbozar un político respetuoso de sus conciudadanos y fue … ¡Que lo decida la Corte! "Dando a entender que hasta esa instancia hemos amarrado las cosas".
En consecuencia, y por todo lo expuesto, reiteramos la importancia de convocar una mesa que funcione como laboratorio de ideas, donde se ejercite el debate puro y confrontación de razonamientos, que nos conduzca al diseño de una "estrategia de seguridad nacional", para no seguir improvisando medidas de seguridad de crisis en crisis. Mientras esta mesa dé frutos, que se implemente con mayor vigor y eficiencia profesional como acción inmediata el Prosi o "seguridad integral", que cuenta con un presupuesto de 25 millones de dólares en la actualidad, pero con un liderazgo verdaderamente profesional, dinámico y sobresaliente de un oficial distinguido con altas calificaciones de la Policía Nacional como su coordinador, supervisado por un "comité ejecutivo" y ¡separado de Gobierno y Justicia!
Es un error pretender acciones de mando y ejecución sobre cualquier modelo de índole policial y de seguridad, directamente desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, y es una de las razones de los bajos rendimientos del Prosi desde su origen hace ya dos años. No se concibe un Prosi que no interactúe estrechamente con las juntas comunales, Inadeh, Inac, Pandeportes, iglesias y Policía Nacional para bajar con programas de capacitación, talleres, salud y esperanza hasta los tumores sociales en los barrios ghettos, que ya han hecho metástasis.