Xenofobia y mediocridad

En febrero de 1920, miles de trabajadores llegados de las Antillas para construir el Canal de Panamá, realizaron una protesta en búsqueda de mejores condiciones laborales. La llamada huelga del “Roll de Plata” tenía como objetivo enfrentar la discriminación que sufrían los negros caribeños, que se traducía en más horas de trabajo por menos paga, así como una serie de medidas que habían creado un régimen de apartheid en la Zona del Canal.

Solo un año después, la organización llamada Gremios Unidos de Panamá -considerada vanguardia del movimiento obrero nacional y actor destacado en la huelga del “Roll de Plata”- enfrentó el dilema de los trabajadores antillanos que quedaron cesantes tras el fin de las obras canaleras. La decisión que tomaron fue tan tajante como inconsecuente: pidieron su repatriación.

Cien años y mucha agua bajo el puente después, los gremios siguen apuntándose a la exclusión para proteger su pedacito del pastel, mientras el tema vuelve a la palestra debido a los análisis del economista y profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, que nos ha dicho lo obvio: nos estamos disparando en el pie con las normas que impiden que el país aproveche el talento que pasa por Panamá.

Y es que aquí, en este pedazo de tierra abierto al paso de gente, mercancía e ideas desde los días de la colonia, no hay profesión sin ley. Y todas establecen como requisito de “idoneidad” para ejercerla, el ser panameño.

Todo parece haber empezado con los movimientos nacionalistas que fueron ganando fuerza por la existencia del enclave canalero, desde que nos convertimos en República a medias. Uno de esos movimientos -Acción Comunal- surgió en 1923, como una agrupación formada por representantes de la clase media que ejercían profesiones liberales. Su lema era “hable en castellano, cuente en balboa y lea Acción Comunal (su órgano de divulgación).”

Además de la lucha nacionalista por la recuperación del territorio cedido para la construcción del Canal, Acción Comunal se opuso con vigor al presidente Belisario Porras, quien había designado ciudadanos de Estados Unidos en importantes cargos de su administración.

La batalla de Acción Comunal rindió frutos. A partir de 1938, con la ley que excluyó a los extranjeros de la posibilidad de ejercer la medicina, la cosa no ha parado. Enfermeras, barberos, quiroprácticos, laboratoristas, químicos, contadores y un largo etcétera de profesiones -61 según he podido investigar-, son hoy de ejercicio exclusivo de los panameños. Si, 61.

El movimiento ultra nacionalista y xenófobo tuvo su máximo exponente en la Constitución de 1941, en la que se estableció el concepto de “extranjero de razas de migración prohibida”. Ese mismo concepto fue recogido en la Ley 24 de 1941 que reguló “el ejercicio del comercio, la explotación de las industrias y la práctica de las profesiones”. Fueron tiempos de bochornosos abusos y maltratos.

La Constitución de 1941 fue derogada, pero la dañina ‘gremiocracia’ se hizo cada vez más fuerte, a la usanza de aquellas primeras asociaciones de artesanos y comerciantes surgidas en la Europa del Siglo XI -tejedores, curtidores, herreros, carpinteros o albañiles-, que impedían el ejercicio del oficio a quien no formaba parte de ellas. Como la colegiación obligatoria que intentó imponer un grupo de abogados que justamente se llaman gremialistas.

Las leyes restrictivas que algunos llaman “conquistas laborales”, se han traducido en un proteccionismo fomentador de mediocridad que, junto a las graves deficiencias del sistema de educación pública, ha provocado un gran daño en nuestro capital humano. Pero hay algo mucho más grave que hemos dejado de lado y que, afortunadamente, esta vez formó parte del debate público.

Se trata de la abierta violación a los derechos humanos, que implica la discriminación por razones de nacionalidad.

Así, hemos obligado a los conyugues de panameños a renunciar a su nacionalidad de origen para poder ejercer su profesión; o impedimos trabajar en sus profesiones a migrantes que llegaron legalmente a Panamá, escapando de todo tipo de situaciones difíciles. Somos un país discriminador.

Es tanto lo que perdemos por esta sinrazón, que estoy confiada que más temprano que tarde -y especialmente con el cambio generacional- todas esas leyes discriminadoras serán derogadas. Espero con ansias ver el fin de esa lamentable ‘gremiocracia’, xenófoba y mediocre.

La autora es periodista, panameña y activista de derechos humanos