Todo indicaba un retorno bien organizado de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares a Panamá. Después de años en el extranjero y habiendo sido pedidos en extradición a su patria, los hermanos regresaban de “forma voluntaria”. Ambos eran investigados por causas penales de alto perfil, los casos Odebrecht y Blue Apple. Recibieron fianzas para no ser detenidos, aunque jamás se presentaron ante un tribunal panameño. Incluso, como reportó La Prensa el 10 de julio de este año, tenían salvoconductos firmados por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para circular libremente por todo el país, a pesar de los cercos sanitarios vigentes en esos días.
Todo estaba listo. Hasta un avión privado los esperaba para llevarlos a Panamá desde el aeropuerto La Aurora en Guatemala. Justo en el momento crucial, en el que se dirigían a abordar su avión el lunes 6 de julio pasado, fueron detenidos por las autoridades guatemaltecas a solicitud de Estados Unidos, donde un tribunal de Nueva York reclama la presencia de ambos para que respondan por coimas pagadas en el transcurso de varios años por la constructora brasileña Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense.
El ‘invento’
Según dos declaraciones juradas presentadas al juez federal Robert M. Levy del Distrito Este de Nueva York, a los hermanos Martinelli Linares se les investiga por su supuesta participación en un complejo esquema considerado en Estados Unidos como lavado de dinero y conspiración para blanquear, por un monto de $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.
En una declaración jurada entregada al juez Levy, el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Michael Lewandowski, reveló que había mantenido reuniones, “en persona y en varias ocasiones”, con los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, sobre las investigaciones que se adelantaron.
Aunque la acusación (indictment) se encuentra sella da por orden del juez, la fiscal adjunta Julia Nestor explicó en un affidavit que las acusaciones a Luis Enrique eran: un cargo por conspiración para realizar lavado de dinero; dos cargos de ocultamiento del producto del lavado de dinero, resultado de un soborno a “un alto funcionario del gobierno de Panamá”, y otros dos cargos por usar fondos provenientes del lavado de dinero, derivados de un soborno al mismo funcionario.
Mientras que Ricardo Alberto enfrenta: un cargo por conspiración para lavar dinero y dos cargos por ocultamiento del producto del lavado de dinero derivado de un soborno a un alto funcionario del gobierno de Panamá.
Aunque el nombre de ese “altísimo” funcionario no es relevado, sí se precisa que es “familiar cercano” de los dos acusados, y que los hechos investigados ocurrieron entre los años 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato de Martinelli Berrocal. El expresidente, por cierto, ha dicho que sus hijos venían a Panamá (después de años a buen recaudo en Florida y California) supuestamente “para cooperar con la justicia” y que todo el proceso es un “invento”.
Una condena por estos delitos implicaría hasta 50 años de prisión para Luis Enrique y hasta 40 años para Ricardo Alberto, según afirmó en su declaración jurada la fiscal Nestor.
La captura
Los hermanos Martinelli Linares fueron detenidos el 6 de julio en La Aurora, y sus casos fueron destinados a juzgados diferentes, a pesar de ser la misma solicitud de extradición: el caso de Ricardo Alberto fue derivado al Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y el de Luis Enrique, al Tribunal Quinto.
La justicia guatemalteca, al igual que la panameña, se encuentra azotada por la pandemia de la Covid-19. En Guatemala, por ejemplo, desde el 13 de marzo al 23 de julio de este año, fueron suspendidas 79,709 audiencias en las diferentes jurisdicciones, de las cuales el 67% corresponden al área penal. Aun así, el 10 de julio, Ricardo Alberto fue llevado a audiencia ante el Tribunal Tercero, la cual terminó cuando el abogado defensor Denis Cuesy presentó un amparo contra los miembros del Tribunal, quienes no reconocieron la “inmunidad diplomática” de su cliente como diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen). La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala rechazó el recurso del abogado Cuesy el pasado 21 de octubre, pero éste apeló ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Sobre Luis Enrique, se anunció que el 24 de julio el Tribunal Quinto había iniciado el proceso de extradición a Estados Unidos; sin embargo, este proceso se ha retrasado tanto por los recursos judiciales presentados por la defensa, como por las limitaciones de la justicia en tiempo de Covid-19.
Cuesy pretende que a sus clientes se les reconozca como diputados del Parlacen, pese a que no han sido juramentados y nunca han ejercido el cargo.
Cuando se calentaron las versiones periodísticas de que el Parlacen podría estar considerando juramentar a los dos panameños en una sesión especial en la prisión militar Mariscal Zavala (donde permanecen detenidos desde su captura en el aeropuerto), Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, escribió el 28 de julio, en su cuenta en Twitter: “a individuos dentro del Parlacen les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos de criminales imputados. Hacerlo dañaría el estado de derecho y promovería la impunidad en la región”. El mensaje fue retuiteado de inmediato por las embajadas estadounidenses en Panamá y Guatemala. Posteriormente, el 6 de agosto, en declaraciones a Radio Panamá, Kozak expresó que “cualquier organización multilateral debe evitar utilizar la inmunidad que se brinda a sus miembros, para darle inmunidad retroactiva a alguien que ha sido acusado”.
El pasado 22 de diciembre, Stewart Tuttle, encargado de negocios de la embajada en Panamá, dijo en una entrevista en Radio Panamá que “…tenemos un tratado de extradición con Guatemala y tenemos la expectativa de que se cumpla en este caso, y es importante reiterar que nosotros tomamos muy en serio cuando personas se aprovechan de nuestro sistema financiero para lavar dinero”.
El capítulo siguiente
Una vez se despejen las impugnaciones y recursos judiciales por el tema de la presunta inmunidad diplomática de Ricardo Alberto y Luis Enrique, entonces los casos serían remitidos nuevamente a los tribunales de sentencia penal en donde iniciaron, para que se ventile la discusión de fondo sobre la extradición a Estados Unidos. Sería inútil especular sobre términos, ya que los azotes de la pandemia y las iniciativas de la defensa judicial dictarán la velocidad con la que se definirá este proceso, y que por lo visto, el gobierno de Estados Unidos tiene mucho interés en ventilar ante sus propios tribunales la suerte de los hijos de un expresidente panameño y de otros aun sin revelar que participaron en uno de los tantos callejones sin salida de la corrupción de Odebrecht. Es usual que la justicia de Guatemala acepte los permisos de extradición solicitados por Estados Unidos; lo ha hecho incluso cuando los requeridos son ciudadanos guatemaltecos.
Mientras tanto, los hermanos Martinelli Linares permanecen en el cuartel Mariscal Zavala esperando su destino.
