Más del 85% de los $71.4 millones que asignó el Ejecutivo a la Caja de Seguro Social (CSS) en julio pasado para la compra de insumos médicos quirúrgicos en medio de la pandemia de la Covid-19 fue asignado a un solo contratista del Estado, Meditech International. Esto es $61.3 millones.
El monto se desprende de información obtenida por La Prensa al revisar las adquisiciones efectuadas por la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa) –que recibió $62.4 millones–, a partir de las asignaciones que les hizo el Ejecutivo, mediante resolución fechada el 14 de julio pasado.
Además del destino de los fondos, este diario descubrió que se hicieron compras a precios onerosos. Por ejemplo, una bata de uso general no estéril, ofertada a un precio que va desde $2.50 la unidad, será pagada al triple: a $8.76 cada una.
La decisión emana de la mesa conjunta de compras de la CSS y el Minsa, en la que también participa el Ministerio de la Presidencia.
El pasado 9 de julio, La Prensa solicitó –a través de la Ley de Transparencia– información a la CSS sobre las empresas beneficiadas, pero no hubo respuesta.
La discrecionalidad sobresale en Panama Compra, sitio en el que deliberadamente se omiten los nombres de las empresas beneficiadas. La Prensa consultó a empresarios, que piden una investigación “urgente” al proceso de selección.
Mientras, persisten los reclamos del personal de salud que demanda insumos. El ministro de Salud, Luis Sucre, anunció que nombró una comisión para investigar, pero, consultado sobre quiénes la conforman , no respondió.
Covid-19, negocio de millones en compras onerosas
El gobierno destinó $133.8 millones en julio pasado para adquirir insumos médicos quirúrgicos, de laboratorio y medicamentos indispensables para combatir la Covid-19 a través de una mesa conjunta interinstitucional de compras que opera en la Caja de Seguro Social (CSS). Las compras –que por Ley deben ser materia de dominio público– permanecen reservadas, sin que medien motivos para ello.
La carencia de información pública sobre estas adquisiciones estaría violando la Ley de Transparencia en varios de sus artículos, dada la reserva con que se manejan estos temas en los sitios de acceso público. La situación se agrava, pues la limitada información que se publica revela la compra de artículos e insumos a precios que están muy por encima de los que ofrecen otras empresas, hecho que perjudica al Estado.
A través de una resolución fechada el 14 de julio pasado, el presidente Laurentino Cortizo, asignó $71.4 millones a la CSS y $62.4 millones al Ministerio de Salud (Minsa). Una minúscula parte de cómo se usaron los fondos fue detectada por La Prensa, pues –como se dijo– la información de su manejo y distribución se mantiene en estricta reserva.
Por ejemplo, la mesa conjunta compró 2 millones 625 mil batas para uso general no estéril. El precio más bajo ofrecido oscilaba entre $2.50 y $3 cada una, pero fueron adquiridas en $8.76 cada unidad. Este rubro supone el desembolso de unos $23 millones, cuando pudo haberse adquirido por una fracción de esa suma: entre $6.6 millones y $7.9 millones.
Otro insumo comprado fueron overoles de protección: 1 millón 440 mil unidades. El precio más bajo ofertado fue de $16.50 cada uno, pero se pagarán a $20.80 por unidad. El desembolso será de $34 millones en vez de los $23.8 millones que ofrecía otra empresa; una diferencia de $10.2 millones (ver cuadro de precios).
Las mascarillas rectangulares de tres pliegues también corrieron la misma suerte. En el listado se observa que 9.4 millones de mascarillas fueron ofertadas en 25 centésimos cada una, con entrega inmediata por Glenmedical Supply Inc., lo que habría representado un desembolso de $2.4 millones.
Pero se optó por pagar 39 centésimos por cada una, según una oferta de Meditech International, tras un ajuste de precio. La compra sería por $3.7 millones.
También se compraron 1 millón 350 mil mascarillas sin visor KN95, a razón de 46 centésimos cada una. El desembolso será de $621 mil.
Las compras de batas, overoles y mascarillas –con precios por encima de sus competidores– se hicieron en cosa de días a la empresa Meditech International, por $61.3 millones. Estas compras representan más del 85% de la asignación de fondos a la CSS para combatir la Covid-19, según la resolución de julio pasado.
‘Celos’
Glenmedical Supply Inc., interpuso el pasado 19 de agosto una queja administrativa, tras haber adelantado la entrega de 135 mil mascarillas, solicitadas con “urgencia” por la CSS. La queja es porque el contrato fue adjudicado a Meditech International, pese a que, supuestamente, se les prometió la formalización de una orden de compra.
La empresa criticó que, “con fondos públicos”, el Gobierno esté dispuesto a pagar más por un insumo, “lo que va en contra de los intereses del Estado y de sus contribuyentes, que son los que aportan esos dineros, administrados por servidores públicos”. La empresa pidió una investigación.
La gerente de ventas de Meditech International, Erica de Fu, tilda los cuestionamientos a su empresa de “celos”. “No somos los únicos beneficiados con estas compras, otras empresas han obtenido contratos”, se justificó.
Aseguró desconocer la queja administrativa contra Meditech, pero dijo que ajustaron los precios por solicitud de la CSS. Reconoció que, “aunque seguimos un poquito altos en los montos”, la entrega de insumos es inmediata.
De Fu aseguró que importó, a finales de 2019 e inicios de este año, los insumos médicos que ofertó. “Como estrategia empresarial, vimos que esto del virus sería una gran oportunidad”, resaltó. Pero en la Autoridad de Aduanas este medio no encontró importaciones cuantiosas entre septiembre de 2019 y mayo de este año de los insumos que ofreció Meditech a la mesa Covid-19.
A mediados de diciembre de 2019, se dio a conocer el virus que tuvo epicentro en Wuhan, China.
De Fu, abordada sobre la relación de Javier Jelenszky con Meditech International, afirmó que “sólo es un asesor, no forma parte de la empresa ni es accionista”. Minutos después, el propio Jelenszky confirmó a La Prensa que es el dueño de la empresa.
Meditech la integran la colombiana Laura Chaparro (presidente); Vicente Rodríguez Silvera (vicepresidente y secretario); Marietta Korsi (tesorera y agente residente) y Jennifer Rodríguez (apoderada). Rodríguez Silvera y Omar Dieppa, suscribieron la sociedad en abril de 2005 en el Registro Público.
Dieppa fue candidato a la Defensoría del Pueblo en 2016. También asesor legal de la dirección general de la CSS en la administración de Estivenson Girón, con quien comparte directiva en una sociedad presidida por Jelenszky. Este último mencionó que los tres fueron compañeros de escuela.
En cuanto a los altos precios de los insumos, el médico empresario dijo que se debe a que estos “los establece el mercado. Ahora hay escasez de guantes, lo que indica que el precio va a subir”, dijo.
Afirmó que ya tenían insumos en Panamá y que complementó los pedidos de las autoridades de salud con otros proveedores. “El delito no es vender, sino cuando se hace de mala manera”, dijo.
Piden investigación
La Prensa consultó a varios representantes de las empresas participantes de la convocatoria de ofertas de la mesa Covid-19, pero, por temor a represalias, fueron renuentes de hablar abiertamente del proceso de selección. No todo es transparente… Las compras Covid son un gran negocio y con sobrecostos, aseguraron algunos.
Tanto es así, que solicitaron a las autoridades hacer una revisión “urgente” del proceso de selección de contratistas y los precios “que aumentaron en menos de un mes”.
Misterio
Hace más de dos meses, La Prensa solicitó información completa sobre las compras realizadas por la mesa conjunta, los montos comprometidos, las empresas beneficiadas y a qué centros hospitalarios o entidades de salud recibirían los insumos. Sin embargo, esta información no fue suministrada, a pesar de que se pidió a través de la Ley de Transparencia.
¿Quién toma la decisión final sobre la compra de insumos y equipos? La respuesta es información que no se revela. “Por la seguridad de los miembros y transparencia del proceso, reservamos el derecho de hacer público sus nombres… evitamos que sean sujetos a intimidaciones o coerción”, indicó la CSS, en respuesta enviada a través de un correo electrónico.
Se limitó a decir que son especialistas que analizan las especificaciones y seleccionan la empresa que “entregue de manera inmediata y que [su oferta] sea la más beneficiosa para el interés público”.
Bajo el amparo de la resolución de Gabinete de julio de 2020, no se podrá conocer, por lo pronto, cuánto de esos $133.8 millones se usaron específicamente para adquirir insumos y equipos médicos. “Una vez concluya el término señalado, el Minsa y la CSS, presentarán al Consejo de Gabinete un informe detallado de las contrataciones realizadas”, indica la comunicación de la CSS.
Sobre los informes preliminares de las compras y qué funcionarios los recibirán, se indicó que se prepararán, pero se reservaron cuándo y quiénes lo recibirán en el Ministerio de la Presidencia.
Dada la insistencia de este medio para que se entregue la información completa, la CSS respondió: “...usted tiene los mecanismos legales para pedir la intervención de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)”.
Silencio
El hermetismo en la información sobre los insumos adquiridos y dónde se distribuyen choca con el personal médico, que exige mayor protección sanitaria ante la precaria situación que afrontan en los centros públicos de atención médica del país.
El Minsa ha recibido diversas donaciones de insumos y equipos médicos de la empresa privada, clubes cívicos, organizaciones internacionales y embajadas, como las de Corea y Estados Unidos. Esta última hizo una donación valorada en $5 millones, pero el Gobierno no ha informado qué ha hecho con ésta.
El pasado miércoles 9 de septiembre, la CSS recibió otra donación de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, valorada en $45 mil, en equipo de protección para el personal médico.
¿Por qué los insumos solicitados no llegan al personal médico? El ministro de Salud, Luis Sucre, dijo públicamente desconocer la respuesta a los reclamos del personal. Por ello anunció –el pasado 26 de agosto– la conformación de una “comisión interinstitucional para investigar [las compras de la mesa conjunta CSS/Minsa]”, pero, a la postre, nadie conoce sus integrantes ni cómo se distribuyen los insumos. Ni si quiera se sabe si llegan a sus destinatarios.
Desde el pasado 31 de agosto La Prensa solicitó –en base a la Ley de Transparencia– información a Sucre sobre quiénes integran la comisión investigadora de las compras de la mesa Covid-19, cuándo empezará a operar y quién estará a cargo. El ministro guarda silencio.
‘La Prensa’ hace la siguiente aclaración importante
En aras de aclarar una noticia publicada el pasado lunes 14 de septiembre en la portada, bajo el título: “85% de fondos asignados a la CSS son para un contratista”, La Prensa desea clarificar lo siguiente:
1.- La investigación de La Prensa se sustentó en un documento que aparecía en su momento en Panamá Compra que no detallaba el listado final de las empresas a las que el Estado le hizo compras de insumos médicos. Debido a que no se revelaba este dato, este medio solicitó a la Caja de Seguro Social (CSS), el pasado 9 de julio, esta información, amparada en la Ley de Transparencia. Tras insistentes solicitudes, una respuesta –incompleta– llegó el 3 de agosto pasado. La información solicitada: listado de empresas beneficiadas, insumos adquiridos, montos asignados y entidades de salud beneficiadas no fueron revelados.
2.- Ante esta falta de transparencia de las autoridades, La Prensa entrevistó a la gerente y al dueño de la empresa Meditech International, Erica de Fun y Javier Jelenszky, respectivamente, sobre la adjudicación de varios rubros de insumos médicos solicitados por las autoridades de Salud. La Prensa les preguntó sobre las importaciones de estos productos, que no aparecían registrados en la Autoridad de Aduanas. Sin embargo, La Prensa no preguntó sobre el monto de las adjudicaciones que recibió la empresa, asumiendo que el Estado le compraría los productos con base en su cotización, que contenía las cantidades solicitadas por la mesa conjunta de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).
3.- El informe final de compra de insumos médicos aparecido ahora en Panamá Compra indica que la mesa Covid-19 solicitó 2 millones 625 mil batas para uso general no estéril, y de esta cantidad, a Meditech se le comprarían 80 mil, a un costo de $8.06 cada una. Igualmente, se solicitó 1 millón 440 mil overoles, de los cuales, la empresa se comprometió a entregar 291 mil 500, a $20.80 la unidad. También se pidió 1 millón 350 mil mascarillas sin visor KN95, y Meditech vendió 400 mil, a razón de 46 centésimos cada una. El último rubro fueron las mascarillas de tres pliegues. La mesa Covid-19 pidió 9.4 millones de unidades, y Meditech vendió 3 millones 405 mil 800 unidades, a razón de 43 centésimos la unidad. La venta de Meditech en estos cuatro rubros totaliza $8.3 millones, luego de que la mesa conjunta pidiera un ajuste de precios en la mayoría de los insumos ofertados.
4.- En consecuencia, y teniendo ahora a mano la información oficial, a la empresa Meditech International le fueron adjudicadas compras de cuatro rubros específicos, descritos en líneas anteriores, por un total de $8 millones 356 mil 494, divididos así: $6 millones 509 mil 300 en ventas para la CSS, y 1 millón 847 mil 194 para la compra de insumos para el Minsa. Por lo tanto, constituyó un error de interpretación haber considerado la cotización hecha por la empresa como sus ventas finales a la CSS y al Minsa por un monto de $61.3 millones, tal como este medio publicó el pasado lunes 14 de septiembre.
5.- La Prensa lamenta profundamente los errores cometidos y pide disculpas a la empresa Meditech International y a nuestros lectores. Paralelamente, este medio procederá a publicar esta aclaración en nuestra edición impresa y adjuntar este texto a la noticia publicada en nuestra edición digital.
Esta nota fue modificada a las 2:35 p.m. del miércoles 16 de septiembre de 2020, para incluir la aclaración del diario La Prensa...