El gobierno del presidente ultraderechista de Jair Bolsonaro implementó en cinco meses medidas que amenazan los derechos humanos en Brasil, como la flexibilización del porte de armas, e impulsó una retórica que pone en riesgo a comunidades indígenas y a las oenegés, denunció ayer Amnistía Internacional (AI).
“Lamentablemente, la retórica contraria a los derechos humanos se está transformando en política oficial”, dijo en rueda de prensa en Brasilia Jurema Werneck, directora ejecutiva de AI en Brasil.
El informe “Brasil para el mundo”, presentado ayer, expresa las preocupaciones de AI tras la llegada al poder en enero de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que a lo largo de su carrera expresó posiciones polémicas, como la defensa de tortura de opositores durante la dictadura militar (1964-1985).
En concreto, centraron sus inquietudes en torno a temas que incluyen, entre otros, la flexibilización de la posesión y porte de armas, y el paquete de leyes anticrimen del gobierno de Bolsonaro, pendiente de aprobación.
