Abogados del país, frente al modelo

¿Cómo asumen los abogados del país el reto de estrenar un nuevo sistema de justicia?

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), opinó que la implementación del sistema penal acusatorio (SPA) puede generar “cierta insatisfacción” en la comunidad, por el hecho de que no ha existido una divulgación adecuada de los aspectos que lo componen.

El abogado recordó que el ciudadano está acostumbrado a que en un proceso judicial, si hay culpables, hay una pena de prisión. Sin embargo, con el SPA, una sanción penal no necesariamente implica ir a la cárcel.

Sugirió que se divulgue sobre los acuerdos a los que se puede llegar con este modelo. A su juicio, algunos abogados litigantes “no tienen una preparación adecuada de las técnicas de litigación con el nuevo sistema”.

Recordó que con el SPA, el juez de garantías puede reemplazar a un abogado de una causa si detecta que este desconoce el procedimiento. Esto, dijo, obligará a los abogados a instruirse, ya que el sistema, además, hace mucho énfasis en la oralidad.

Por su parte, Carlos Vásquez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que con el nuevo sistema penal acusatorio es necesaria una transformación del pensamiento jurídico y práctico de los operadores judiciales, de los agentes del Ministerio Público y de la propia ciudadanía.

Añadió que los ciudadanos van a tener que convertirse “en un colaborador inmediato” en el perfeccionamiento de las investigaciones.

Vásquez planteó que el gran protagonista en este proceso –que entrará a regir en el Primer Distrito Judicial a partir del próximo 2 de septiembre– será el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues en esta entidad se sustentará una buena parte de las investigaciones.

“El compromiso con la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio será de quienes estarán como agentes de instrucción, los fiscales, personeros, el procurador, los jueces de garantías, los defensores de las víctimas”, agregó.

Sugirió que este personal debe “prepararse y actualizarse”, porque el modelo exige “un completo dominio de la materia”.

El Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan, maneja el 50% de los expedientes judiciales en el país.