La Organización de Estados Americanos (OEA) activó ayer la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua para analizar la crisis institucional que atraviesa esa nación y que ha dejado más de 300 muertos.
“A criterio de la Secretaría General la crisis justifica la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, referida a la alteración del orden constitucional en un país miembro de la organización, dijo el secretario general, Luis Almagro, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que él mismo había convocado.
Almagro fundamentó su apreciación en las violaciones a los derechos humanos reportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contabilizó, al menos, 325 muertos, más de 2 mil heridos, 550 detenidos y enjuiciados, 300 profesionales de la salud despedidos y más de 80 estudiantes universitarios expulsados como saldo de las protestas iniciadas en abril.
Carlos Trujillo, embajador estadounidense
Almagro también señaló al presidente Daniel Ortega de impedir la independencia de poderes y la participación política de los partidos opositores.
El canciller nicaragüense Denis Moncada acusó a Almagro de actuar como un agente político de Estados Unidos para buscar el derrocamiento de Ortega y dijo que la sesión del Consejo fue “ilegal, ilícita e inexistente”, porque se llevó a cabo pese a que el Gobierno de Managua no la había aprobado. Solo Venezuela y Bolivia se pronunciaron a favor de Nicaragua.
Numerosas delegaciones agradecieron a Almagro por su informe y consideraron activado el proceso.
“Hoy hemos dado inicio al proceso contemplado en el artículo 20 para realizar una apreciación colectiva”, dijo la embajadora argentina, Paula Bertol.
El mencionado artículo de la Carta Democrática -el instrumento adoptado por los países del continente en 2001 para proteger la democracia- establece que ante la alteración del orden constitucional en cualquier Estado miembro, se realizarán las “gestiones diplomáticas necesarias... para promover la normalización de la institucionalidad”.
No se sometió a votación ninguna iniciativa diplomática específica ni se anunció la fecha de una próxima sesión para seguir debatiendo el caso. Si las gestiones previstas en el artículo 20 se adoptaran y fracasaran, el Consejo Permanente de la OEA podría elevar el caso a una asamblea general, o reunión de cancilleres, quienes podrían optar por suspender al país de la organización.
