El Juzgado Decimocuarto reanudó la audiencia por las supuestas irregularidades por el préstamo de 9 millones de dólares otorgado por la Caja de Ahorros (CA) a la empresa HPC-Contratas P&V para el fallido proyecto del Centro de Convenciones de Amador.
En el segundo día de audiencia expuso los alegatos la defensa de siete imputados.
En horas de la mañana presentó sus alegatos la defensa de los exmiembros de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini (presidente), Anastacio Ruiz De León, Ricardo Arango Pezzet y Ricardo Chanis.
Marcela Araúz, abogada de Francolini, dijo que no hay delito en los hechos.
Nedelka Díaz, defensa legal de Arango Pezzet, responsabilizó al personal administrativo y a la gerencia del banco de efectuar el desembolso del préstamo y exculpó a la junta directiva de cualquier responsabilidad.
“De acuerdo con los principios de banca, todos los requisitos se cumplieron para que se otorgara el préstamo, sin embargo, la gerencia general y personal administrativo procedió a dar el desembolso sin que se cumplieran 3 de las 10 excepciones. No es responsabilidad de la junta directiva dar el desembolso”, sostuvo Díaz.
Ricardo Chanis, quien asumió su propia defensa legal, durante su intervención dijo que el proceso es inválido porque los miembros de la junta directiva de la CA no son funcionarios públicos.
Sofanor Espinosa, abogado de Ruiz De León, aseguró que no hubo perjuicio al patrimonio del Estado, porque no eran fondos públicos. Además, según él, la fiscalía no ha acreditado el delito de peculado.
Luego, en horas de la tarde, presentó sus alegatos la defensa de Fernando Correa, exmiembro de la directiva de la CA, así como del exgerente y subgerente del banco Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena, respectivamente.
Ángel Calderón, defensa de Correa, señaló que el proceso de préstamo se hizo correctamente y que el dinero se recuperó a través de la acción coactiva.
Mientras que Rosendo Rivera, abogado de Pastor, argumentó que la fiscalía no ha tipificado el hecho punible de su cliente. También indicó que en el expediente no se encuentra acreditada una lesión patrimonial.
Mientras que Dayka Levy, quien defiende a Arosemena, consideró que no hubo delito de peculado porque la CA maneja fondos privados.
La fiscal Tania Sterling, en entrevista con los medios, ripostó la versión de la defensa de los imputados.
Sterling indicó que no es tan cierta la tesis de que por ser un banco se trataba de una actividad privada y, por tanto, los directivos no eran servidores públicos.
“En ningún banco privado su junta directiva tiene que ser nombrada por el Ejecutivo y ratificada por la Asamblea Nacional”, recordó.
Dijo que la ley de la CA indica que está constituida por los aportes del Estado panameño.
“Aquí se trata de confundir y el país debe saber que el manual de crédito no contemplaba el préstamo que está siendo objeto de investigación [...], se habla de que es una situación de la banca privada, pero el negocio de riesgo a que hace alusión la defensa vulneraría al Estado, porque el artículo 3 de la Caja de Ahorros señala que el Estado es subsidiariamente responsable de todas las obligaciones de la Caja de Ahorros”.
Hoy seguirá la audiencia con los alegatos del exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, y los directivos de HPC-Contratas P&V Claudio Poma, Manuel Morales, Iván Clare, West Valdés, Jayson Hurtado, Ricardo Ricky Calvo y Tobías Garrido.
