Las autoridades de seguridad de Panamá se enfrentarían a su primer gran reto: un posible acuerdo con Estados Unidos (EU) para asilar a ciudadanos de África, Asia y otros países que pasan por el istmo rumbo a la nación que gobierna Donald Trump.
De acuerdo con una publicación de The Washington Post, se trataría del denominado pacto “del tercer país seguro”, similar al que EU intenta alcanzar con Guatemala.
Sin embargo, el secretario interino de Seguridad Nacional de EU, Kevin McAleenan, que llegó ayer a Panamá para participar en un encuentro de ministros de Seguridad de Centroamérica que será inaugurado hoy en el Hotel Playa Bonita, aseguró que “no se negociará ningún acuerdo específico durante este viaje”.
Kevin McAleenan, un abogado de 47 años experto en fronteras, adelantó que su agenda en Panamá “es mucho más amplia”. El plato fuerte será la seguridad regional.
McAleenan, narró ayer a periodistas estadounidenses que su contraparte panameño, Rolando Mirones, “tiene una fuerte formación en asuntos relacionados con la aplicación de la ley”, y añadió que han sostenido “buenas conversaciones”.
Durante su visita a Panamá, contó, hablarán “de manera amplia” sobre cooperación en seguridad, con el propósito de fortalecer las relaciones para facilitar intercambio de información. Esto incluye el trasiego de drogas, tráfico de personas y flujos migratorios irregulares.
McAleenan, de acuerdo con nota de prensa de la Embajada de EU en Panamá, se reunirá con sus pares de Centroamérica, con el canciller panameño Alejandro Ferrer, asistirá a un evento de la Cámara Americana de Comercio de Panamá, y hará una visita junto al personal del Departamento de Seguridad Nacional de EU a Darién. En esta provincia, fronteriza con Colombia, visitará el albergue para migrantes establecido por Panamá en La Peñita, en Metetí.
El fenómeno de los migrantes extracontinentales que buscan asilo es otro punto grande en la agenda. “Todos los países de la región han manifestado preocupación en el tema de los migrantes extracontinentales que buscan asilo, los flujos atraviesan la región centroamericana, los traficantes de personas que los guían cobran desde $25 mil a $50 mil por persona para trasladarlos. Hemos visto los riesgos de seguridad que conllevan estos flujos irregulares y, definitivamente este será un tema de conversación con todos los ministros”, narró el funcionario.
Samira Gozaine, la nueva directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), informó recientemente que en Panamá hay 2 mil inmigrantes en albergues. En Chiriquí hay 800, mientras que Darién están otros mil 200.
Estas personas vienen de países lejanos como Angola, Sudán, Congo, Sri Lanka, Siria, Pakistán y Camerún. Sin embargo, también hay muchos cubanos y haitianos.
Habla Cortizo
El presidente Laurentino Nito Cortizo se pronunció sobre el acuerdo que le plantearía EU. Comentó: “yo no veo eso viable. Por ejemplo, el gobierno pasado tenía presupuestado $9 millones para construir un albergue en Darién. Nosotros no vamos a construir ese albergue. Vamos a usar esos $9 millones para los servicios básicos del país”.
Cortizo añadió que los albergues de Gualaca y Darién son suficientes. “Ese es un tema en el que nosotros estamos muy claritos, y espero que EU también esté claro”, aseguró.
La base
Alonso Illueca, especialista en derecho internacional, explicó ayer en su cuenta de Twitter que EU y Panamá son parte del Protocolo de Refugiados de 1967, que reconoce el principio de no devolución (non-refoulment), norma fundamental del derecho internacional de refugiados.
Este principio, dijo, prohíbe a los Estados poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios en donde su vida o libertad peligre. La norma también se extiende a quienes solicitan asilo. “Es decir, los que todavía no gozan de la protección internacional” (estatus de refugiado).
Añadió que en el derecho internacional, “los Estados no están obligados ni tienen el deber de otorgar asilo, solamente se prohíben medidas que causen que el refugiado sea devuelto a quienes le persiguen”.
Explicó que el Estado que no quiere que los solicitantes de asilo permanezcan en su territorio (EU), no puede devolverlos al lugar donde los persiguen (no devolución), sino que debe buscar un tercer Estado que los reciba (en este caso Panamá).
“Lo anterior se conoce como la noción del “país seguro” (aplicada mucho en la Unión Europea), lo cual requiere de garantías procesales y sustantivas en materia de Derechos Humanos”.
“En resumen, con un acuerdo de esta naturaleza el Estado transfiere su responsabilidad de analizar una solicitud de asilo a otro Estado”, aseguró.
El protocolo de refugiados al que se refiere Illueca fue ratificado por Panamá, a través de la Ley 5 de 26 de octubre de 1977.
