Aunque Panamá es miembro de la coalición de países que lucha contra el delito de trata de personas, el país aún está en deuda con la creación de un albergue para la atención de las víctimas de este flagelo.
Ha transcurrido poco más de un año desde que la Contraloría General de la República refrendó el contrato de $3.7 millones para la construcción de esta obra, que fue el resultado de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc). Sin embargo, el proyecto aún no se inicia.
¿La razón? Según Rodrigo García, secretario general de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, se trata de falta de presupuesto.
García recordó que el convenio establece que sería el Minseg la institución que obtendría los fondos para la construcción y el equipamiento, mientras que la agencia internacional se encargaría de elaborar el diseño de las instalaciones, conforme a especificaciones internacionales.
Celia Moreno
Red de Derechos Humanos.
El funcionario precisó que, además, por “situaciones de terracería” (necesidad de nivelar el terreno) y complicaciones para la instalación de los servicios públicos en el sitio donde se ubicará el albergue, la obra tendrá un costo adicional que se ha estimado en $400 mil. “El capítulo no está cerrado, estamos haciendo las gestiones para conseguir distintas fuentes de financiamiento, se están tomando distintas medidas, como traslados de partidas”, expresó García.
Las víctimas
La necesidad de un albergue fue puesta de manifiesto en 2012. La situación se hizo más latente en 2015, tras un informe de la Embajada de Estados Unidos, que señalaba que Panamá incumple los estándares mínimos para el manejo de las víctimas de la trata de personas, y destacaba la urgencia de un lugar fijo para su atención.
Según García, en la actualidad, las víctimas, que en su mayoría son explotadas sexualmente, son atendidas por el Instituto Nacional de la Mujer y la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
El funcionario destacó que son 15 las víctimas que actualmente están albergadas en lugares que habilitaron estas dos instancias.
Otras acciones
Pese al contratiempo que ha tenido la construcción del albergue, García señaló que se están llevando adelante otras acciones para atender a las personas afectadas por este delito.
A finales de 2017, por ejemplo, se instaló una unidad para identificar y brindar atención a las víctimas de trata. Entre las funciones que tiene la unidad están recibir y dar respuesta a todas las posibles situaciones de trata de personas que le sean referidas; identificar, mediante un proceso de valoración, las situaciones de trata puestas en su conocimiento; así como realizar todas las gestiones necesarias en coordinación con el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para determinar la identidad de la víctima extranjera.
Actualmente, según García, se atienden 18 casos.
Más recientemente, en junio pasado, se instaló la Unidad de Administración del Fondo para Víctimas, entidad que se encargará de contribuir con la coordinación de los servicios que les serán suministrados a las víctimas a través del dinero que se asigne a esa dependencia.
Registros. Ministerio de Seguridad Pública