La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) retomó la discusión sobre lo que ocurre en el país con la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA).
Este instrumento define las afectaciones que un proyecto puede ocasionar a un ecosistema, una comunidad o a las personas, pero durante los últimos años ocurrieron muchas irregularidades con esos documentos.
La administradora de la Anam, Mirei Endara, subrayó que los EIA se han convertido en un “mero trámite” para muchos de los promotores de proyectos y eso ha traído consigo una serie de violaciones a las normas que rigen la materia.
Endara informó que con el objetivo de subsanar esta situación comenzaron un proceso para identificar los puntos “vulnerables” del proceso de aprobación de los informes ambientales.
Los planteamientos de la administradora de la Anam fueron emitidos durante un foro que se organizó para abordar la problemática. La idea del debate era obtener conclusiones para mejorar la normativa que rige a los EIA.
En ese sentido, el Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009 es el que regula los EIA; no obstante, en 2010 y 2014 fue modificado en cuatro ocasiones.
Tales cambios fueron cuestionados en su momento por organizaciones como la Asociación Nacional para la Conservación del Ambiente, el Centro de Incidencia Ambiental y la Sociedad Audubón de Panamá, ya que se centraron en reducir los tiempos de consulta para hacer observaciones a los EIA.
Por ejemplo, se redujo de 20 días a 10 días el tiempo que tenía la comunidad para formular sus observaciones sobre cualquier estudio de impacto ambiental categoría III.
Sobre este tema, Antonio Chang, miembro del Centro de Incidencia Ambiental, sugirió a la Anam exigir a las promotoras la información completa sobre cómo realizarán las obras y hacer énfasis en la fiscalización de los informes.
Mientras, el activista y exdirector de Legal de la Anam Harley Mitchell hijo consideró que el procedimiento no es el problema, sino la falta de evaluación técnica y los pocos detalles que revelan las empresas sobre sus proyectos de construcción.
Uno de los polémicos EIA aprobados por el pasado Gobierno fue el de la empresa Vertikal para construir en un área protegida un oleoducto que llevaría combustible al aeropuerto de Tocumen.
