Las investigaciones que adelanta el Tribunal de Andorra sobre las dinámicas corruptas de la Banca Privada d’Andorra (BPA), como operador del lavado de las coimas que pagaba el grupo empresarial brasileño Odebrecht en toda América Latina, avanzan rápidamente.
La fiscal Canòlic Mingorance imputó a 32 personas, entre las que figuran exempleados del instituto financiero andorrano, asesores, abogados, exejecutivos de la empresa brasileña –como el propio expresidente del grupo Marcelo Odebrecht– o políticos de primera línea, como el exministro de Energía de Ecuador Alecksey Mosquera.
Los informes judiciales a los que ha tenido acceso este medio apuntan a que las personas mencionadas “estarían vinculadas de manera directa o indirecta a la trama de sobornos provenientes de la constructora Odebrecht”.
De momento, no hay panameños en la lista de acusados, si bien el número de inculpados aumenta de manera exponencial a medida que se abren paso las investigaciones.
A los 13 acusados en la instrucción preliminar –fechada el pasado 28 de abril– y relativa al caso Pernambuco, que es como se conoce en Andorra la investigación abierta tras el análisis de cuentas bancarias y operaciones sospechosas realizadas a través de la BPA y ligadas a la trama de corrupción Odebrecht, se añadieron otros 19 acusados en tan solo 18 días.
La red corrupta tejida en la sombra por la empresa constructora brasileña, y la BPA para ocultar el rastro de las coimas que pagaba, pasaba por pedir a los implicados que crearan sociedades, conducibles solo a testaferros –para obstaculizar potenciales investigaciones–, a fin de remitir los sobornos.
A su vez, los directivos del banco cobraban comisiones fuera de la contabilidad ordinaria por los servicios prestados.
Todo se gestionaba a través de BPA Serveis, una fundación del banco andorrano –constituida en Panamá–, que nunca contó con oficinas ni empleados y que no figura en el organigrama empresarial del grupo.
Fue, precisamente, la BPA Serveis la que tramitó, a través del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), la constitución de las empresas Mengil International Limited, S.A., y Pachira Limited, S.A., que habrían servido para enmascarar millones de dólares en coimas supuestamente pagadas al entorno del expresidente Ricardo Martinelli por parte de Odebrecht, y que están bloqueados por la justicia de Andorra.
Ambas sociedades fueron creadas con un capital social inicial de 50 mil dólares en Belice, el 31 de julio de 2014, pero después fueron nacionalizadas en Panamá.
FUNDACIÓN, CENTRO DEL ENTRAMADO
Las sospechas de la fiscalía de Andorra es que BPA Serveis –filial de la BPA–“intervino en numerosas operaciones, constituyendo sociedades pantalla en jurisdicciones ‘offshore’, con la finalidad de ocultar el verdadero beneficiario”.
En este sentido, el exabogado de Odebrecht Rodrigo Durán Tacla –imputado en el caso Pernambuco– explicó a las autoridades judiciales de España que la BPA era el centro neurálgico del sistema de coimas internacionales de Odebrecht en Latinoamérica.
“Odebrecht pagaba coimas en todos los países a través de la BPA”, manifestó en un interrogatorio ante la Policía española, al que tuvo acceso este periódico.
“En las reuniones de la BPA se planificaba cómo los clientes tenían que abrir sus sociedades y cuentas bancarias para dar una apariencia de legalidad a sus negocios y dificultar el trabajo de la justicia. Además, la BPA intentaba quedarse el mayor número de tiempo con el dinero”, expuso Durán, quien recientemente sufrió un revés judicial, ya que será extraditado por España a Brasil, donde los fiscales federales lo procesarán.
En otro momento, Tacla Durán también declaró que la “BPA cobraba sus comisiones por estas operaciones a través de su empresa BPA Serveis [la fundación del banco andorrano constituida en Panamá] y también pagaba a los empleados del banco”.
La fiscal Mignorance viajó a Madrid, España, el 15 de junio pasado, 14 días antes de viajar a Panamá y reunirse con su homóloga panameña, Kenia Porcell, para interrogar a Tacla Durán como parte de las investigaciones sobre Odebrecht, quien ratificó nuevamente la información.
CUENTAS, A EXAMEN
La Banca Privada d’Andorra (Panamá), S.A., que según varias auditorías habría quedado fuera del esquema del lavado de capitales, gestionó 100 millones de dólares en depósitos y 376 millones de dólares en activos en una cartera de clientes compuesta por 311 cuentas, mayoritariamente de clientes europeos, hasta el 31 de mayo 2016.
El dinero estaba físicamente en una cuenta dentro de la BPA en Andorra, que tenía como corresponsal al banco suizo Credit Suisse.
Debido a la regularización que se lleva a cabo en Andorra, tras la absorción de la BPA por el banco Vall Banc (VB), a su vez reintegrado en un fondo de inversiones estadounidense, los clientes panameños no han podido acceder todavía a sus fondos.
Cerca de 250 millones de dólares continúan bloqueados en Suiza, se informó.
“Estamos al final del proceso, a un paso de la liquidación del banco cuando serán devueltos los fondos a los clientes. Espero que la liberación por parte de Credit Suisse sea antes de septiembre”, señaló en declaraciones a este periódico Sergi Lucas, exgerente de la BPA en Panamá.
El escándalo ligado a la BPA ha obligado a Andorra a introducir el delito fiscal como infracción en el Código Penal por primera vez en su historia, como parte del lavado de imagen de su centro financiero.
El regulador de su sistema bancario (INAF) continúa examinando con lupa los fondos del banco, para determinar cuáles proceden de actividades ilícitas.
De momento, el Consejo de Administración de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB, por sus siglas en catalán) transfirió–tras la auditoría externa de la empresa PwC– unos 27 mil clientes, es decir, el 92.6% del total, al Vall Banc.
Se trata de un banco creado después de la nacionalización, en donde se aglutinaron los activos sanos de la antigua BPA, luego comprado por el fondo de inversión norteamericano JC Flowers por 29 millones de euros.
En el 7.4% restante –unos 2 mil 165 clientes– están los 923 presuntamente sospechosos, mientras los otros mil 242 podrían finalmente revelarse como “aptos”, en caso de que en un futuro presenten la documentación necesaria para avalar la legitimidad de sus cuentas y operaciones.
En los primeros estarían los millones de dólares supuestamente bloqueados a los hijos de Ricardo Martinelli. Hasta que no se complete el proceso de limpieza, no se sabrá si hay más dinero oculto.
