“Un modo de ser, un modo de hacer”, reza en lengua catalana el anuncio de un banco andorrano en el centro de la capital del Principado de Andorra, Andorra la Vieja, enclavado en las montañas de los Pirineos, frontera natural entre Francia y España. El eslogan del instituto financiero es fiel reflejo de la histórica forma de ser y de hacer de sus gerifaltes, distante de sus vecinos europeos.
Es un país curioso: no tiene uno, sino dos jefes de Estado: el presidente de turno de la República francesa y el obispo de la ciudad española más cercana, ambos con escaso poder e influencia en los siete municipios que, como en la Edad Media, se siguen denominando “parroquias”.
En la calle del banco andorrano, en cuya caja fuerte la familia del expresidente Ricardo Martinelli tiene bloqueados millones de dólares, que se presume sean producto del cobro de coimas, un comerciante asegura que “el país no ha superado el feudalismo y que sus élites eran –y siguen siendo– contrabandistas feudales”.
Solo han cambiado las mulas –con las que cruzaban andrajosos las montañas con mercaderías ilegales, tabaco, alcohol o joyería– por vehículos de lujo, con conductores de cuello blanco, que ordenan transacciones bancarias a distancia, desde sus computadoras.
Hasta este mini Estado, de poco más de 70 mil habitantes, la empresa brasileña Odebrecht habría fletado millonarios sobornos internacionales, a través de un entramado de empresas o fundaciones pantalla, muchas de ellas creadas en Panamá por la Banca Privada de Andorra (BPA) que, precisamente, obtuvo licencia para operar en Panamá tras la victoria de Cambio Democrático, en 2009.
SOSPECHAS
Las tesis de la Batllia (el tribunal de justicia de Andorra), que tiene abierta una causa llamada operación Pernambuco, en la que se investiga a una veintena de personas y a unas 60 empresas supuestamente involucradas, es que los directivos de BPA habrían tramado directamente con los operadores financieros de Odebrecht la mejor manera de borrar la pista del origen y destino de las coimas que llegaban a sus cuentas.
Como cajas chinas o muñecas rusas, se encauzaron millones y millones de coimas de la llamada “Caja 2” de la compañía para conseguir obras públicas en unos 12 países, entre ellos, Panamá.
Los beneficiarios finales eran sus gobernantes o partidos políticos y para garantizar su anonimato se ocupaban también de la creación de empresas fantasma, de usar testaferros, de cuentas cifradas en paraísos fiscales y del abuso de la legislación local e internacional.
Como resultado de esta compleja ingeniería financiera, los reales titulares de las cuentas bancarias en Andorra podían retirar dinero en efectivo en las oficinas del BPA, tanto en América como en Europa, o ingresar efectivo en América y retirarlo en Europa, eludiendo todo control de las autoridades monetarias y convirtiéndose, de esta forma, en el cajero automático para quienes eran los destinatarios finales, entre los que se sospecha a miembros de la familia Martinelli y otros más.
Según el Diari d’Andorra, las pesquisas –todavía bajo secreto sumarial– apuntan a que el BPA Serveis intervino “activamente en numerosas operaciones, constituyendo sociedades interpuestas en jurisdicciones offshore, con el fin de ocultar el verdadero beneficiario”. El sumario judicial indica también que el expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, era un cliente habitual de BPA, a pesar de que no tenía ninguna cuenta abierta a su nombre.
Además, las investigaciones evidencian que Odebrecht habría constituido la sociedad Klienfeld para efectuar los pagos de decenas de millones de euros “que no parecen responder a una prestación real, sino al pago de comisiones”.
El magnate brasileño pedía a los que quería sobornar que abrieran una cuenta en el BPA “para hacerles los pagos”, de manera que toda la operativa se mantuviera dentro del banco de Andorra.
El plan delictivo tenía su centro de operaciones corruptas en una fundación de origen panameña, extensión de BPA. Así lo prueban interrogatorios judiciales de fiscalías de varios países y el contrato de agencia celebrado en Miami (Estados Unidos) el 1 de diciembre de 2010, firmado por Klienfeld Services Ltd., una offshore constituida en Antigua y Barbuda, en el Caribe, usada por Odebrecht para pagar sobornos en varios países –entre ellos, en Panamá– y BPA Serveis, una fundación del banco andorrano, también constituida en la jurisdicción panameña.
Es así como el sistema corporativo del país se tornó clave para estas transacciones.
EL OPERADOR DE SIEMPRE
Según el documento, Klienfeld Services Ltd. está representada por el brasileño Olivio Rodrigues, responsable de varias empresas pantalla usadas por el grupo brasileño para el pago de coimas u ocultar el rastro del dinero.
Rodrigues era un operador financiero externo de Odebrecht que contaba con sociedades para lavar el dinero, tal como lo hizo en Panamá con la sociedad local Constructora Internacional del Sur, S.A., por cuya cuenta transitaron centenares de millones de dólares.
La fundación panameña BPA Serveis era dirigida por la andorrana Cristina Lozano Bonet, que fue directora general adjunta de Negocio de BPA hasta 2015.
La engorrosa estructura criminal comenzaba en BPA, que transfería el dinero depositado por Odebrecht, hasta la fundación BPA Serveis de Panamá, a la que se encargaba finalmente de repartirlo a través de otras sociedades offshore que ellos mismos creaban con ayuda de un abogado (agente residente), según revelan las diligencias judiciales.
Esta fue, precisamente, la dinámica que rodeó el supuesto pago por parte de Odebrecht de más de una decena de millones de dólares en presuntas coimas a personas en Panamá, como exfuncionarios del gobierno del expresidente Martinelli, a cambio de la concesión de obras públicas.
SOCIEDADES PANAMEÑAS
La entidad BPA Serveis solicitó al bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) la creación de las compañías radicadas en Panamá Mengil International Limited, S.A. y Pachira Limited, S.A., donde se depositaron los activos procedentes de la “Caja 2” de Odebrecht.
Según declaró ante los fiscales de Brasil –en régimen de delación– el exejecutivo de la empresa Luiz Eduardo Soares, las dos sociedades de papel creadas en septiembre de 2014 recibieron un total de 30 millones de dólares. Ambas fueron constituidas con un capital social inicial de 50 mil dólares en Belice, el 31 de julio de 2014, pero después fueron trasladadas a Panamá.
Soares apuntó el dedo a uno de los hijos de Martinelli como destinatario de coimas. Añadió que “se hicieron pagos que también beneficiaron a un ministro de Estado”, que no identificó.
A principios de abril de este año, la procuradora general, Kenia Porcell, se reunió con el fiscal General del Principado de Andorra, Alfons C. Alberca Sanvincens, y entre otros asuntos, pidió el bloqueo de más de una decena de millones de dólares depositados en cuentas bancarias de BPA.
Sin embargo, no se sabe si hay más dinero confiscado en este banco.
Es así como algunos panameños se beneficiaron del riguroso secreto bancario que blindaba el paraíso pirenaico, en donde se penalizaba con condenas de hasta tres años de prisión y seis años de inhabilitación para quien osara revelar los secretos que guardaban los bancos, de acuerdo con el artículo 191 del Código Penal de Andorra.
Ley en mano, los dirigentes andorranos observaron un código de silencio durante décadas, una omertá propia de comunidades mafiosas italianas.
Las evidencias revelan que esta red criminal estuvo vigente desde 2010 hasta el pasado mes de diciembre.
BPA es liquidado en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el “control administrativo y operativo” de la oficina local de Banca Privada de Andorra (Panamá), S.A., el 11 de marzo de 2015, un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la filial principal de este banco “de estar involucrada en el lavado de dinero internacional y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa [Petróleos de Venezuela, S.A.]”.
De acuerdo con la ficha de este banco, publicada en el ente oficial, la oficina local de la Banca Privada de Andorra tenía solo nueve empleados.
La información, dada a conocer a través de un comunicado público, señala que “la decisión fue adoptada por la Superintendencia de Bancos ante la potencial imposibilidad de Banca Privada de Andorra (Panamá), S.A., a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que pudiera afectar las operaciones del banco en esta jurisdicción. La mayor parte de los activos líquidos están colocados en el Banco del Grupo en Andorra”, precisa el comunicado.
Reportes de la fecha de la agencia AP describen los detalles de cómo presuntamente la institución habría operado. El Departamento del Tesoro señaló que un administrador de alto rango de BPA, cuyo nombre no mencionó , aceptó “comisiones exorbitantes” para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar aproximadamente 2 mil millones de dólares de Pdvsa.
Otros dos gerentes de BPA ayudaron a presuntos lavadores de dinero rusos y chinos que fueron arrestados previamente en España, señaló el Departamento en un comunicado.
Los gerentes acusados de BPA accedieron al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos estadounidenses que no fueron mencionados, por medio de los cuales procesaron cientos de millones de dólares, dijo el comunicado.
El pasado 27 de enero, la Superintendencia de Bancos en Panamá ordenó la liquidación administrativa de Banca Privada d’Andorra (Panamá), S.A., a partir de ese mismo día.
