Esta vez es Argentina. El Gobierno de ese país denunció a la constructora Odebrecht por supuestamente desarrollar obras con presuntos sobreprecios que habrían llegado hasta el 400%.
La modalidad, de acuerdo con la administración del presidente argentino Mauricio Macri, habría ocasionado un perjuicio potencial para las arcas públicas de su país por decenas de millones de dólares.
Así lo reveló el periódico argentino La Nación, que detalla también que las obras públicas con presuntos sobrecostos se canalizaron a través de Nación Fideicomisos, que integra el Grupo Banco Nación.
De acuerdo con el rotativo, las nuevas autoridades de Nación Fideicomisos sustentaron su denuncia en dos reportes internos de su gerencia de operaciones y otros dos informes de la Auditoría General y de la Sindicatura General.
Según el recurso, se denunciaron presuntas irregularidades que, de confirmarse, podrían resultar en maniobras compatibles con la comisión de defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes del servidor público.
La noticia surge justamente cuando se conocen los detalles de un acuerdo entre la compañía Odebrecht, cuyo expresidente fue condenado a 19 años y 4 meses de cárcel por corrupción y lavado, y los fiscales brasileños.
El pacto de “delación premiada”, según Folha de S. Paulo, se firmó el pasado 27 de mayo, y de acuerdo con las cláusulas los ejecutivos del gigante de la construcción solo tendrán derecho a la reducción de sus penas si entregan información a las autoridades que desvele las operaciones de lavado de dinero y pago de sobornos a políticos brasileños, y funcionarios extranjeros, a cambio de millonarios contratos.
Solo en Panamá, la compañía brasileña ha logrado negocios que sobrepasan los $9 mil millones. En esta administración, por ejemplo, está a cargo de dos grandes proyectos: la segunda línea del Metro de Panamá [$1,857 millones] y la renovación urbana de Colón [$537 millones].
Por eso, las acciones del Gobierno de Argentina, enseguida pusieron en alerta a algunos críticos del tratamiento que el gobierno de Juan Carlos Varela ha dado a Odebrecht. “No nos debe sorprender”, aseguró, por ejemplo, la diputada independiente y exprocuradora Ana Matilde Gómez, una de las que propuso, sin éxito, que entre los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas, aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, se incluyera un artículo para que se le impidiera a empresas condenadas en el extranjero participar en licitaciones en Panamá. “No sé qué ingenuidad política nos puede llevar a concluir que en Panamá usan un manual de buenas prácticas corporativas, totalmente diferente. Ojalá no seamos sorprendidos con una aceptación posterior por parte de los directivos condenados (...)”, sustentó.
Mientras que Ramón Ricardo Arias, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, manifestó que “es un secreto a voces altas que el proyecto de la cinta costera 3 fue sobrefacturado y la Contraloría se resiste a auditarlo. Ya hasta el Ministro de la Presidencia [Álvaro Alemán] dijo en televisión que él apoyaba una auditoría a esa obra, pero no pasa nada”.
Varela, en cambio, sigue dándole un espaldarazo a la constructora. “Yo respondo por las obras que licita mi gobierno, el gobierno que preside Juan Carlos Varela. Yo respondo por todas las contrataciones públicas, [procesos] que se están haciendo con transparencia y apego a las leyes”.
Antes, el mandatario ha dicho que su prioridad como gobernante es “proteger las obras que se construyen a beneficio del pueblo”.
