Los órganos Ejecutivo y Legislativo parecen no ponerse de acuerdo sobre quién dicta las pautas en temas vinculados con las migraciones, la salud y la educación, entre otros.
En los dos primeros meses de sesiones de la Asamblea Nacional (AN), diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) han presentado proyectos de ley relacionados con esas materias.
Por ejemplo, la AN aprobó en tercer debate una propuesta del diputado perredista Crispiano Adames para adoptar la política nacional de medicamentos, mientras la ministra de Salud, Rosario Turner, presentó ante el pleno un proyecto, precisamente, para modificar la ley de medicamentos.
En tanto, el Ejecutivo instaló una mesa técnica para analizar cambios al sistema de becas, y el diputado Abel Beker, del PRD, propuso reformar la beca universal.
¿Quién dicta las políticas públicas?
“Las políticas públicas las dicta el Órgano Ejecutivo”, dijo el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, el pasado 8 de agosto, cuando se le consultó sobre el proyecto de ley sobre migración que presentó una diputada de su colectivo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
“Obviamente, los diputados son parte de esas personas con las que tenemos que trabajar... Pero estamos trabajando un tema complicado [migración] que va más allá de una nueva ley. En el camino, haremos las consultas”, manifestó el ministro sobre el asunto.
La política migratoria es solo uno de los temas con los que los diputados, principalmente del PRD, han intentado ganarle terreno al Ejecutivo en los primeros dos meses del nuevo gobierno.
Proyectos de ley sobre salud y medicamentos, educación, migración y hasta de salarios figuran en la agenda del Legislativo, que controla el oficialista PRD.
¿Coincidencia? ¿Competencia por quedar bien ante los ciudadanos? O, ¿pulseo por el poder? El analista político Edwin Cabrera, que fue subsecretario general de la Asamblea, afirma que los diputados están usando una “técnica vieja”: hacerse valer, hacerse importantes y obligar al Ejecutivo a negociar.
Es más, asegura que los diputados oficialistas reelectos se están aprovechando de que los del Ejecutivo están terminando de sentarse en los puestos y, “actuando en coordinación”, han presentado una cantidad de iniciativas sobre temas que le competen al Presidente y sus ministros, y otras “a contrapelo de lo que el Ejecutivo quiere hacer”.
“En otros países, negocian cómo se van a hacer las cosas. Aquí, yo creo que las negociaciones se circunscriben al tema de los contratos, que es lo que los nuevos y los viejos están peleando”, sostuvo.
Solo el pasado 28 de agosto, la Asamblea aprobó en tercer debate un proyecto de ley presentado por el perredista Crispiano Adames, que establece “la política nacional de medicamentos”. El documento establece estrategias para que se pueda acceder a las medicinas.
Pero, ocho días antes, el 22 de agosto, la ministra de Salud, Rosario Turner, puso a consideración de la Asamblea un proyecto de ley sobre este tema, que propone reformar la Ley 1 de 2001, a fin de decretar una situación de “desabastecimiento crítico de medicamentos” y a partir de allí garantizar su adquisición.
Algo similar ocurre con las becas. Por un lado, el Ejecutivo instaló una mesa técnica con representantes del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y el Ministerio de Educación, con el objeto de analizar posibles cambios en el sistema, incluyendo la Beca Universal. “Queremos presentar las modificaciones en un plazo de dos meses, antes de que termine este periodo de sesiones legislativas, para que este programa dé inicio en el periodo académico 2020”, manifestó Bernardo Meneses, director del Ifarhu.
Pero, otro otra parte, su copartidario y diputado Abel Beker se le adelantó. Propuso una iniciativa para reformar las asignaciones a la Beca Universal.
La reunión
El pasado jueves, el presidente Laurentino Nito Cortizo y sus ministros se reunieron con la bancada del PRD. La cita se gestó dos días después de que el pleno de la Asamblea decidiera suspender el debate del proyecto de ley que instaura el régimen de Asociación Pública Privada, un asunto al que le apuesta la Presidencia.
Para Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente, la ciudadanía ha sido testigo que desde que se instaló el actual gobierno y la Asamblea Nacional, se han dado reiteradas manifestaciones de que ambos grupos “no necesariamente comparten la misma visión y sincronía sana que se podría esperar”.
Esto, afirma, pondría en peligro la “armónica colaboración” que se espera exista entre ambos órganos. “Es evidente suponer que no es una tarea fácil para el gobierno lograr esa armonía con una bancada que tiene a varios integrantes con una trayectoria vinculada, entre otras fechorías, a grandes escándalos de corrupción”, opinó.
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