Asamblea Nacional responde a Ministerio Público con evasivas

El 13 de septiembre pasado, mismo día cuando el Ministerio Público (MP) envió al Órgano Judicial una petición de sobreseimiento provisional –por falta de información– de la investigación sobre las donaciones gestionadas entre 2014 y marzo de este año por el Legislativo, este respondió con evasivas a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

La respuesta que recibió el MP –en formato de carta fechada el 13 de septiembre– provino de la Secretaría General de la Asamblea Nacional (AN), y requirió a la fiscalía ser más precisa en la información solicitada el 27 de julio pasado –47 días antes– sobre las donaciones.

La fiscalía pidió información a la Asamblea, después de efectuar una inspección ocular en el Legislativo y no obtener todos los datos que requería respecto al manejo de las donaciones y contratos por servicios profesionales, confirmaron a este diario fuentes del MP.

Según las fuentes, ante la respuesta de la AN y el vencimiento del plazo de cuatro meses para investigar, y dado que la Contraloría no ha concluido su auditoría, la fiscalía optó por remitir al Órgano Judicial la vista fiscal del proceso con la petición de sobreseimiento provisional.

Esta investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, contra cinco funcionarios de la AN y uno del Municipio de Santiago, Veraguas.

Por otro lado, el abogado Ernesto Cedeño, con base en la Ley de Transparencia, también pidió información sobre montos de donaciones y subsidios. La respuesta de la Asamblea Nacional fue que no tenía los datos disponibles y lo remitió a la Contraloría.

CASO DE DONACIONES: TRABAJAS, EVASIONES Y SOBRESEIMIENTO

La no entrega de información por la Asamblea Nacional (AN), el vencimiento del plazo para investigar y la no conclusión de la auditoría de la Contraloría General de la República determinaron la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de enviar al Órgano Judicial la vista fiscal de la investigación sobre donaciones y contratos por servicios profesionales en la Asamblea Nacional, con una petición de sobreseimiento provisional.

Así lo confirmó a este diario una fuente del Ministerio Público, que además detalló las diligencias efectuadas por la fiscalía como parte de este proceso, que se inició el 25 de abril pasado a partir de una denuncia presentada por la Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, contra cinco funcionarios de la AN y uno del Municipio de Santiago, Veraguas, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

A partir de esa fecha comenzó a contar el plazo de cuatro meses para que el fiscal, Javier Mitre Burgos, concluyera la investigación.

En esos cuatro meses –contó la fuente del MP–, se pidió información al Tribunal Electoral (TE) respecto a si los investigados tenían fuero electoral. Además, se tomaron seis declaraciones juradas a particulares.

La fiscalía también efectuó una inspección ocular en la AN –el 27 de julio– y obtuvo información sobre los nombramientos de los funcionarios denunciados, así como las actas de toma de posesión de estos como servidores públicos.

Sin embargo, en la inspección ocular el fiscal Mitre no consiguió toda la información requerida y, por ello, remitió un escrito al Legislativo, en el que le solicitó todo lo relacionado con las donaciones y contratos por servicios profesionales que gestionó el Legislativo.

En las pesquisas, la fiscalía también elevó consultas a la Contraloría General de la República sobre el estatus de la auditoría relacionada con el proceso. La Contraloría respondió que la revisión aún estaba en proceso.

La Contraloría inició la auditoría el 13 de marzo pasado, luego de que este diario publicó información que da cuenta de supuestas anomalías en donaciones por $14 millones, gestionadas por la Asamblea entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017; y en contratos por servicios profesionales, por $68 millones, entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Transcurridos los cuatro meses de plazo para investigar, el 25 de agosto pasado, el fiscal comunicó que enviaría la vista fiscal al Órgano Judicial. En esos días se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Ángela Russo, que anuló parte de la investigación de la compra de radares a la empresa Selex, con el alegato de que el MP se había extendido en el plazo para investigar.

Ante la posibilidad de que este caso también fuese anulado por el vencimiento del plazo para investigar, Mitre remitió la vista fiscal al Órgano Judicial el 13 de este mes con un pedido de sobreseimiento provisional. Ese mismo día, la Secretaría General de la AN le envió una carta, en la que pidió a la fiscalía ser más precisa en su pedido de información.

Según el MP, la petición de sobreseimiento provisional permite que el expediente no sea archivado, y cuando llegue la auditoría u otras pruebas, pedir al juzgado de la causa reabrir el caso.