Bares y cantinas, en la mira por violar leyes municipales

El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, anunció ayer que revisará las normas que regulan algunas actividades comerciales dentro de los corregimientos del distrito, con la finalidad de elevar los montos de las sanciones.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal, Fábrega anunció que el próximo martes presentará un proyecto de acuerdo vinculado al tema.

Esta medida responde a las quejas de representantes de corregimiento como el de Pueblo Nuevo, Carlos Lee, quien alega que propietarios de comercios tales como talleres de reparación de carros, rastros (sitios de venta de piezas usadas), parrilladas, bares, discotecas y recicladoras violan normas municipales, al tiempo que afectan la sana convivencia de los vecinos del área.

El desorden

Lee informó que en el corregimiento de Pueblo Nuevo a diario deben lidiar con las quejas contra los propietarios de talleres que extienden sus negocios hasta las calles y se toman las aceras de las áreas residenciales.

Según el edil, en esta zona –de 2.9 kilómetros cuadrados, en la que según estimaciones de la Contraloría residen unas 21 mil 400 personas– existen 18 talleres de reparación, 6 rastros, 6 recicladoras y 9 bares, algunos de los cuales violan las regulaciones alcaldicias.

Expresó que no solo están pidiendo que se revisen las normas municipales, sino que no se otorgue ningún permiso más para bares y cantinas en Pueblo Nuevo.

Agregó que esto se puede lograr, porque a pesar de que a través del portal Panamá Emprende se puede obtener el permiso de operación, corresponde al alcalde otorgar el visto bueno.

Calle Uruguay

Otro que solicitó no dar más permisos para locales dedicados a actividades nocturnas en el área de calle Uruguay y en otras zonas residenciales fue el representante del corregimiento de Bella Vista, Ricardo Domínguez.

Domínguez precisó que precisamente el pasado fin de semana, en el sector de Obarrio, en un local comercial hubo una “fiesta electrónica” que se prolongó hasta el siguiente día.

Además, ese mismo fin de semana, en un establecimiento en remodelación de calle Uruguay, en horas de la madrugada se registró una balacera que dejó como resultado una persona muerta y otra herida.

Domínguez remarcó que estos son hechos que habían erradicado de calle Uruguay y no desean que vuelvan, ya que la intervención urbana que desarrolla el Municipio de Panamá en el sector es para promover actividades comerciales diferentes a las discotecas y bares.

El representante de corregimiento apuesta a que se establezcan restaurantes que funcionen hasta las 12:00 medianoche, al igual que boutiques y cafés.

Panamá Emprende

Los representantes de corregimiento responsabilizan a la plataforma que maneja el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) –denominada Panamá Emprende– por la aparición de locales comerciales dedicados a actividades que perjudican a la comunidad.

El presidente del Consejo Municipal, Carlos Pérez Herrera, es uno de los que ha mostrado interés por que esta plataforma de registro de empresas en línea –creada en 2007– sea objeto de revisión.

Incluso, existe un proyecto de ley que quedó pendiente de sanción en la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), que buscaba contribuir con la regulación de estas actividades o comercios.

Se trata del proyecto de ley número 053, el cual “adopta medidas relativas al proceso de apertura de empresas según su uso de suelo o zonificación y se dictan otras disposiciones”.

El pasado 10 de junio, los miembros de la Red Ciudadana Urbana de Panamá le enviaron al entonces presidente Juan Carlos Varela una nota firmada por su presidenta, María Chávez, en la cual le pedían la sanción del proyecto de ley, como una forma de evitar el establecimiento de este tipo de negocios en áreas donde no están permitidos, como cerca de escuelas, iglesias, etc.

Sobre esta propuesta de ley, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Carlos Pérez Herrera, expresó que desconocía la iniciativa, y que la revisará.

Manifestó que lo que buscan es trabajar con las diferentes entidades de gobierno de manera coordinada, con el MICI, el Municipio y las juntas comunales, para impedir que se coloquen negocios que perturben la paz y la convivencia de los vecinos, en lugares residenciales, como ocurre en la actualidad.