Las comunidades, primordialmente las de la provincia de Chiriquí donde está la mayor cantidad de concesiones hidroeléctricas, obtuvieron una victoria en los tribunales por el derecho al agua.
En ese sentido, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo por medio del cual anuló la Resolución AG-0091-2012 emitida por la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, actualmente Ministerio de Ambiente, relacionada con el tema del caudal ecológico.
La norma en mención asignaba un 10% del caudal de un río para todos los usos humanos y ecológicos y un 90% para las concesiones de aguas que se otorgaban a las empresas, entre estas, las hidroeléctricas.
La Sala Tercera fundamentó su decisión a favor de varias organizaciones ambientales en la Ley 6 de enero de 2002, afirmando que era necesaria la “consulta ciudadana” de las comunidades vecinas y de los otros usuarios, antes de que las autoridades puedan emitir las concesiones de aguas específicas para cada proyecto.
Sonia Montenegro, directora del Centro de Incidencia Ambiental, señaló que con este fallo se obliga al Ministerio de Ambiente a considerar de manera prioritaria el bien común y garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para la actual y las futuras generaciones.
También dijo que con esta decisión se exige hacer las consultas ciudadanas antes del otorgamiento de una concesión y a su vez, establece que cualquier reglamentación que el Ministerio de Ambiente propicie en reemplazo de la norma anulada, deberá ser sometida previamente a la consideración de la sociedad civil, a través del mecanismo de consulta ciudadana.
Otra de las organizaciones ambientales que durante los últimos años ha demandado que se priorice el uso del agua para las poblaciones del país es la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá.
Damaris Sánchez, coordinadora de proyectos de esta organización, manifestó que si bien es una victoria hay que continuar en la defensa del uso del agua para la población, ya que en provincias como Chiriquí se aprobaron muchas concesiones para proyectos hidroeléctricos.
De hecho, reportes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos precisan que en el país hay 111 concesiones hidroeléctricas en trámite, operación, diseño o construcción, de las cuales, 73, es decir el 65%, están en cuencas y ríos de Chiriquí.
Le siguen Veraguas y Coclé, con 22 y 8 proyectos de generación hídrica, respectivamente. No obstante, durante 2016, el Ministerio de Ambiente prescribió 26 concesiones de uso de agua para hidroeléctricas.
Mientras, Susana Serracín, dirigente de la Alianza por la Conservación y el Desarrollo, manifestó que luego de este fallo se debe exigir al Ministerio de Ambiente que garantice el acceso al agua a las comunidades.
“Es un buen inicio para las poblaciones de las riberas de ríos, ya que antes el recurso agua se priorizaba para las empresas y sus proyectos”, agregó Serracín.
FALTA DE CONSULTA
Por su parte, el secretario general del Ministerio de Ambiente, Félix Wing, sostuvo que las solicitudes de concesiones serán evaluadas caso por caso en virtud de la legislación vigente, que desde la Constitución Política requiere que el Estado y todos los habitantes propicien un desarrollo que mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.
“Lo anterior exige, incluso mientras se expide la nueva resolución sobre el tema, la reserva de un caudal ambiental aunque no aplique un porcentaje específico a consecuencia del fallo mencionado”, aportó.
Según Wing, en lo que va de gestión han prescrito 26 concesiones de uso de agua para la generación de energía eléctrica.
Wing detalló que desde marzo de 2015, al solicitar la Corte la opinión de la institución sobre esta demanda, el Ministerio de Ambiente manifestó que reconocía los servicios brindados por los caudales ecológicos o ambientales, y la importancia de modificar la resolución de manera que se sustituya el 10%.
“El Ministerio informó además, como lo reconoce el propio fallo, que no había podido ubicar registros en la institución que dieran cuenta de la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana para la expedición de la resolución en 2012”, subrayó.
Puntualizó que realizan una serie de acciones encaminadas a la definición de un caudal ambiental que garantice el flujo de agua necesario para la adecuada funcionalidad de los ecosistemas acuáticos en Panamá.
A raíz de esto, argumentó que, en conjunto con otras instituciones relacionadas al uso de manejo y control del recurso hídrico, ha elaborado el Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH 2015-2050) con horizonte de ejecución de 35 años, el cual se vislumbra como la herramienta de planificación para garantizar el agua a las comunidades.
CUESTIONAN FALLO
Sobre este tema, el presidente de la Asociación Panameña de Productores de Energía Renovable, Eduardo Vallarino, sostuvo que este fallo afecta al sector hidroeléctrico. “Este tema se debe analizar mejor”, acotó el empresario.
A diferencia de los activistas y comunidades, Vallarino plantea que la generación de energía en los ríos es “limpia” y mucho mejor que la que surge cuando se emplean combustibles fósiles, causando contaminación, ambiental, y es más costosa.
