La Fiscalía Sexta Anticorrupción ha imputado cargos a más de 30 personas por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales, en el caso denominado Blue Apple, sobre el supuesto pago de sobornos y otros actos de corrupción por parte de contratistas del Estado panameño.
Como parte de las investigaciones, el abogado Federico Barrios fue indagado ayer y posteriormente se ordenó su detención preventiva. Su esposa, Ana Mercedes Briones, está detenida desde el pasado miércoles 3 de enero. Ambos se encuentran en las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Judicial, en Ancón, dijeron fuentes judiciales.
Igualmente, fue citado para indagatoria el banquero Joaquín Rodríguez Salcedo, quien deberá acudir hoy a la fiscalía.
La investigación originalmente fue asumida por la procuradora Kenia Porcell, quien declaró el caso “bajo reserva”, con base en la Ley 121 de 2013, que adopta medidas contra las actividades relacionadas con los delitos de delincuencia organizada. En su momento, la procuradora dijo que contaba con “pruebas contundentes” que acreditaban la comisión de varios delitos.
El fiscal anticorrupción Aurelio Vásquez, ahora a cargo de la investigación, ordenó inspecciones a varios bancos, según pudo conocer este medio.
Se intentó obtener una versión de la Superintendencia de Bancos de Panamá, pero informó que no formularía declaraciones al respecto.
Rodríguez Salcedo y Barrios –según la investigación– habrían creado una estructura para pagar facturas ficticias y comprar inmuebles con los dineros producto de las coimas.
5 ACUERDOS EN CASO BLUE APPLE
La Fiscalía Sexta Anticorrupción ha pactado acuerdos de colaboración eficaz –algunos ya validados– con al menos cinco personas ligadas a la investigación del caso Blue Apple, sobre el supuesto pago de coimas por parte de contratistas del Estado.
En lo que promete ser un enorme escándalo, aún las investigaciones se encuentran en reserva, aunque ha trascendido que el caso guarda similitudes a la operación Lava Jato en cuanto a los involucrados: servidores públicos y empresas contratistas del Estado. En ciertos círculos ya se le conoce como el “Lava Jato panameño”.
La fiscalía no ha facilitado la identidad de los delatores, aunque su papel es el de los primeros delatores del caso en Brasil: la mayoría de ellos actuó como “intermediarios” para facilitar las transferencias de dinero.
Como parte de las investigaciones, el fiscal anticorrupción Aurelio Vásquez ha imputado cargos por la supuesta comisión de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales a una treintena de personas, cuyas identidades aún están bajo estricta reserva, pero ha ordenado la detención preventiva de los esposos Federico Barrios y Ana Mercedes Briones, quienes, de momento, encabezan la investigación en la fase de indagatoria.
Barrios tenía orden de conducción pero estaba fuera del país desde hace algún tiempo. Su nombre era mencionado insistentemente al comenzar la investigación meses atrás, pero su esposa no tenía tan alto perfil.
Barrios retornó a Panamá ayer procedente de Estados Unidos, tras conocer de la conducción de su esposa. De inmediato se dirigió a la fiscalía anticorrupción, donde fue indagado. Al final de la jornada, se ordenó su detención preventiva.
Briones, su esposa, fue ubicada en su residencia de Costa del Este, y conducida la noche del pasado miércoles.
Para hoy está citado a indagatoria Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank. Fueron operaciones en esta subsidiaria del banco las que generaron las primeras investigaciones, específicamente, a través de transacciones presuntamente irregulares, realizadas durante el tiempo en que Rodríguez Salcedo estuvo al frente de la subsidiaria del banco.
La Prensa intentó obtener una reacción de Global Bank, pero no respondió.
Barrios, abogado de profesión, era presidente y representante legal de la sociedad Blue Apple Services Inc., protocolizada el 18 de abril de 2011. Como directores aparecen registrados Octavio Samaniego y Darla Alain, todos anotados con oficinas en el piso 9 del edificio Century Tower, ubicado en la avenida Ricardo J. Alfaro.
La sociedad supuestamente se dedicaría al desarrollo, explotación y administración de establecimientos industriales y comerciales privados, “sean nacionales o extranjeros, actuando como agente o apoderado de dichas firmas”. Blue Apple Services Inc. fue disuelta el 31 de julio de 2012.
El 30 de noviembre pasado, la procuradora Kenia Porcell se refirió por primera vez, públicamente, a la investigación denominada Blue Apple, pero entonces advirtió que había declarado el caso “bajo reserva”, conforme la Ley 121 de 2013, sobre casos de delincuencia organizada.
La Ley 121 de 2013, en su artículo 4, señala que: “Cuando en el desarrollo de la investigación, la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de algún sospechoso, el fiscal competente podrá disponer por resolución fundada la reserva total o parcial de las actuaciones hasta por 30 días consecutivos”.
La reserva se mantendrá hasta 30 días antes de la conclusión de la investigación, cuando el resultado de las diligencias practicadas será puesto en conocimiento de todas las partes y así garantizar el derecho de defensa.
El ‘factoring’: un negocio sin supervisión
El factoring se ha convertido en una importante división dentro del negocio bancario. Las entidades crediticias ofrecen a sus clientes este modelo como una opción de financiamiento que permite convertir las cuentas por cobrar de sus empresas en dinero en efectivo.
Las compañías, en estos casos, ceden sus facturas al banco, con una tasa de descuento y, a cambio, reciben una inyección de liquidez que mejora su flujo de caja.
El factoraje o factoring es un producto financiero que supone brindar dos servicios: administración de cobros y financiación. A través de esta operación, una empresa o comerciante contrata con un banco o entidad financiera la gestión de todos sus cobros y el adelanto de estos y por ello cobra un interés.
El modelo es usualmente utilizado por empresas subcontratistas en el mundo de la construcción y también por los proveedores del Estado, que tienen en su poder las facturas que acreditan una cuenta a su favor, pero que en muchos casos no quieren o no pueden esperar más de 90 días por su cancelación.
En Panamá nadie tiene un número que, con certeza, dictamine el tamaño del negocio del factoring. Se habla de entre $500 millones y $1,000 millones, en una actividad que no es supervisada por ninguna institución reguladora. Los bancos generalmente manejan esta división del negocio a través de subsidiarias, por lo que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) apenas puede observar la salud de la cartera.
Por otro lado, están las compañías que únicamente aparecen en los registros del Ministerio de Comercio.
Este diario conoció que desde hace algún tiempo, la SBP y otros reguladores analizan los mecanismos que se podrían aplicar para supervisar el factoring.
