La bancada independiente que funcionará en la Asamblea Nacional que se instalará el 1 de julio próximo se reunió con los dirigentes del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) para discutir las “prioridades para la gestión ambiental, un documento que, además de educar al público sobre la situación del país en relación con el cambio climático, busca generar una legislación para sancionar empresas contaminadoras y proteger ecosistemas y áreas verdes del país”.
A la reunión asistieron los diputados independientes electos Juan Diego Vásquez (8-6), Gabriel Silva (8-7), Edison Broce y Raúl Fernández (8-8). Adán Bejerano (12-2), también diputado electo por la libre postulación, no pudo asistir.
La reunión se basó en cuatro temas puntuales. Primero, la ratificación del acceso a información, participación y justicia en materia ambiental, que pondría a Panamá en el camino de cumplir con las metas establecidas por el Acuerdo de París de las Naciones Unidas, y que elevaría la protección ambiental a la categoría de “tema nacional, según Luisa Araúz, abogada del CIAM.
El segundo tema abordado fue la redacción y propuesta de un anteproyecto de ley respecto a la protección de arrecifes y corales de la explotación para comercio y contaminación de sus hábitats marinos a través de la acidificación de los mares.
El tercer punto fue el controvertido tema de isla Boná, en el que se busca que la bancada independiente impulse la aprobación en el Legislativo del proyecto de ley 773, que define a esa isla como área protegida y prohíbe la explotación de su ecosistema en cualquier instancia.
Finalmente, los diputados y ambientalistas abordaron la propuesta de reformas al Código Minero, un esfuerzo que estaría orientado a que “se le dé moratoria a la minería de cielo abierto” y a que se revise la ley regulatoria de mineras, ya que estas “contienen una serie de exoneraciones excesivas para las empresas y casi ningún beneficio para el Estado panameño”, y que además “no contempla la realidad ambiental del país ni contiene un plan de cierre de minas.”
Según Isaías Ramos González, biólogo del CIAM, “hay 14 concesiones aprobadas” para la explotación de minas, y “104 en proceso”. En total, dijo, estas concesiones equivalen al “20% del territorio panameño”, aproximadamente un área del tamaño de la provincia de Veraguas, “incluyendo la isla de Coiba.”
El diputado electo Juan Diego Vásquez expresó que la bancada está dispuesta a analizar y escuchar los temas planteados por los miembros del CIAM, sin comprometer a la bancada en un tema específico, ya que “las decisiones que tomemos en el futuro [en relación con estos temas ] no serán sencillas”.
