El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información solicitaron al Órgano Judicial y al Ministerio Público que se mantengan “en estado de alerta” ante lo que consideran una “creciente práctica de abusar del sistema de justicia, como una herramienta de censura, intimidación y persecución contra los periodistas y medios de comunicación”.
En un comunicado hecho público ayer, ambos organismos advierten de la “ peligrosa arremetida” del expresidente Ricardo Martinelli, tras la presentación de más de una veintena de denuncias en la esfera penal y civil contra periodistas, caricaturistas y directores de medios de comunicación por la presunta comisión de delitos contra el honor. La última querella o demanda presentada por Martinelli contra un periodista fue contra la directora de TVN Noticias, Sabrina Bacal.
Según trascendió el pasado lunes, Bacal fue querellada por Martinelli por la presunta comisión de los delitos contra el honor, por el solo hecho de haber expresado su opinión.
“Dados sus cargos y sus funciones, este ataque contra Bacal lo interpretamos como una acometida contra el periodismo libre y como un intento de generar autocensura entre quienes lo practicamos”, recalca el CNP y el Fórum.
Las organizaciones periodísticas reiteraron su rechazo al acoso hacia los periodistas y medios de comunicación que tiene como objetivo, según explicaron, amedrentarlos y silenciarlos con acciones judiciales.
Solo contra comunicadores y directivos de Corporación La Prensa S.A (Corprensa), Martinelli ha presentado este año ocho acciones legales: siete por publicaciones aparecidas en el diario La Prensa entre marzo y junio de 2019 y una por una caricatura de Hilde publicada en Mi Diario el pasado 17 de abril. En su conjunto Martinelli reclama a Corprensa 11.1 millones de dólares por supuestos daños y perjuicios (ver tabla).
El 23 de agosto de 2018, también a través de un boletín, los gremios hicieron un llamado al Órgano Judicial y el Ministerio Público después que cinco periodistas del diario La Prensa declararon como parte de una demanda que presentó la ex primera dama Marta Linares de Martinelli, en la que pretende que “se ordene a los medios de comunicación social, prensa escrita, televisiva, radial y redes sociales, y en especial al diario La Prensa, cesar y abstenerse de divulgar o publicar hechos y situaciones de índole privado y familiar, y el nombre y apellido o apellidos en general del grupo familiar, como parte de una campaña mediática contra los miembros de esta familia panameña”.
Desde aquel entonces, Martinelli ha amenazado con presentar demandas contra los fiscales del Ministerio Público, querellantes que participaron del juicio en que se le declaró no culpable de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado.
También ha presentado querellas contra algunas de las víctimas de los pinchazos que se adhirieron a la causa adelantada por el Ministerio Público y particulares que han hecho comentarios sobre sus procesos judiciales.
La demanda que presentó Martinelli de Linares es “de protección familiar y a la imagen familiar”, por publicar noticias en las que se menciona el vínculo de sus hijos con el caso Odebrecht, que investiga la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Sociedad civil opina
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), aseguró que el exmandatario pretende usar el aparato judicial sometiendo a sus opositores a los rigores del sistema penal para amedrentar a otros a que no ejerzan su libertad de expresión.
Planells considera que el Órgano Judicial no debería prestarse para este tipo de abusos de los derechos humanos, los cuales está obligados a proteger.
El abogado Ernesto Cedeño detalló que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2014 detalla que los políticos y las figura públicas están expuestas a una mayor crítica y que el sistema de justicia debe cerrar filas en pro de la libertad de expresión, y que los funcionarios del Ministerio Público deberían estar atentos a los precedentes en esta materia.
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