En un grupo de 15 peritos en balística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), recae la gran responsabilidad de esclarecer los crímenes que se cometen con armas de fuego. Son los “CSI” (Crime Scene Investigation) panameños.
Indira Pineda, jefa de la sección de balística del Imelcf, indicó que ellos son “la piedra angular” de la justicia. Es sobre los informes de balística que se basan las decisiones para declarar culpable o inocente a una persona en una audiencia.
Los informes de balística son importantes en las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público. “Son, en verdad, de mucho peso”, advierte la funcionaria.
Pero, ¿cómo lo hacen? Pineda detalla que los peritos de balística realizan análisis de pruebas de identidad de armas de fuego, verificación de armas, que no son más que comparaciones para determinar de qué arma salió una bala. También se recrean escenas de crímenes y se hacen inspecciones de trayectorias de balas.
Además de los análisis con armas de fuego, dijo Pineda, los peritos en balística hacen inspecciones para verificar la autenticidad del número de chasís de un automóvil que ha sido hurtado o robado. También pueden determinar qué tipo de herramienta se utilizó en la violación de una cerradura de un carro o de una puerta de una casa durante un robo o un hurto.
Para llevar a cabo todas estas investigaciones, los peritos se apoyan en laboratorios especializados en el Imelcf, donde hacen pruebas microscópicas. Cuentan con una Unidad de Bases de Datos. El perito recaba la información en la escena del crimen, como, por ejemplo, los casquillos de balas. Esta evidencia es escaneada y se envía la información a la computadora con imágenes 3D. Luego, explica Pineda, entra la labor de observación para comparar este análisis con las balas y armas registradas en un banco de datos central.
La Unidad de Base de Datos es de última generación. Tiene un costo de $1.5 millones y el objetivo es que en un futuro se conecte con bases de datos de otros países.
Otro aparato a disposición de los peritos para hacer su trabajo es el denominado dispositivo de prueba de disparo, que tiene un costo de $150 mil. Se trata de un cilindro digitalizado en el que los peritos introducen un arma, efectúan un disparo para obtener la “huella de bala” que se logra del rayado de cañón de cada arma de fuego registrada.
Con el resultado de la huella, se hacen comparaciones microscópicas que pueden determinar de qué arma se hizo la detonación. Antes se usaba una caja de acero llena de agua.
Pineda explicó que las pruebas y la elaboración de informes finales pueden tomar hasta cuatro meses. Cuando se trata de casos cometidos en flagrancia, se trabaja con urgencia.
La experta aseguró que todas las experticias deben tener 100 por ciento de certeza para evitar errores.
Indicó que pueden ejercer la profesión los técnicos en ingeniería industrial o licenciados en criminalística. Todo aspirante a detective “CSI” requiere, como mínimo, dos años de capacitación.
