El 17 de junio de este año, en la sede de la Procuraduría de la República en Curitiba, Brasil, un testigo de nombre Vinicius Veiga Borin acudió a hacer una delación premiada.
Se trataba de un banquero que trabajó en Sao Paulo (Brasil) para varias entidades bancarias, entre ellas, de la jurisdicción de Antigua, en el Caribe, en el Antigua Overseas Bank (AOB) y en el Meinl Bank. Fue en el primero –AOB– donde conoció a un personaje –que también figura entre los 77 delatores premiados del Grupo Odebrecht– Olivio Rodrigues, quien para entonces trabajaba para la compañía brasileña.
Rodrigues no es ajeno a Panamá. Él era el beneficiario final de una cuenta de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A. por la que pasaron poco más de 9 millones de dólares entre 2007 y 2009, que se presumen eran para pagar coimas.
Rodrigues –contó el banquero– le dijo que necesitaba abrir cuentas bancarias “para hacer movimientos financieros de las obras de la compañía en el exterior”. Así nació la relación con Odebrecht, a la que pronto se unió otro personaje vinculado a Constructora Internacional del Sur: Luiz Eduardo Soares, quien controló otra cuenta de la offshore en Credicorp Bank, en Panamá, de donde salieron sobornos para funcionarios de Petrobras.
Veiga Borin relató que estos operadores financieros de Odebrecht –Rodrigues y Soares– compraron parte del Meinl Bank, sucursal de Antigua. Las cuentas de las offshore que tenía Odebrecht en el Antigua Overseas Bank pasaron a Meinl Bank de Antigua, incluyendo cuentas de donde procedieron los dineros que alimentaron las cuentas bancarias de Constructora Internacional del Sur.
En su deposición, Veiga Borin mencionó una serie de empresas offshore que tenían cuentas en el Meinl Bank con sus respectivos beneficiarios. Estas cuentas “fueron abiertas por indicación de Odebrecht, pero específicamente por Luiz Eduardo [Soares]... y recibieron recursos de cuentas operacionales de Odebrecht”.
El banquero mencionó 10 empresas. La novena de esas sociedades que recibió fondos de Odebrecht fue Pivotal Corp., dijo Veiga Borin. Su beneficiario es una persona que identificó como Carlos Ho González (ver facsímil). En una planilla reciente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), una persona del mismo nombre trabajó como director nacional de Proyectos Especiales.
LARGA TRAYECTORIA
Ho González ocupó ese cargo en el MOP hasta agosto de 2014, cuando fue destituido tras ocho años de servicios. A su salida, dijo que su despido era un “procedimiento normal”, calificándose a sí mismo como un “funcionario común y corriente”.
Pero ni era tan común ni tan corriente como el resto de sus compañeros en el MOP. Ho González integró ininterrumpidamente equipos que ejecutaron diferentes proyectos de infraestructura en los gobiernos de Martín Torrijos (2004–2009) y Ricardo Martinelli (2009–2014), entre ellos, los de Odebrecht, que en la pasada administración se convirtió en el principal contratista del Estado.
Como director de Proyectos Especiales del MOP, Ho González estuvo a cargo de todas las obras viales y de la construcción de la cinta costera con Torrijos (ver foto). Luego, bajo la administración de Martinelli, fue nombrado director de Proyectos Viales, cargo que le permitió encabezar la extensión de la cinta costera en sus fases 2 y 3, cuyo costo global ascendió a la suma de mil 117 millones de dólares, todas ellas adjudicadas a Odebrecht.
JUEZ Y DEFENSOR
Ho González hizo algo más que representar al Estado en las obras que llevó adelante Odebrecht. A lo largo del desarrollo de estas, fue una de las caras visibles a favor de la compañía, como cuando, al final de la gestión de Martinelli –en enero de 2014– el entonces funcionario defendió una adjudicación directa a Odebrecht de la comercialización de cinco quioscos y dos restaurantes ubicados en la cinta costera.
Odebrecht –dijo– es la entidad “más apta para administrar las 26 hectáreas de áreas verdes y espacios públicos” que hay en la cinta costera. Ello, pese a que en 2011 el MOP anunció que los locales ubicados en el Mirador del Pacífico, en la cinta costera fase 3, serían “licitados”, pero luego se supo que el MOP negoció un acuerdo directo con Odebrecht, sin siquiera conocer ofertas de otros proponentes. Ho González dijo que siempre se habló de concesionar la administración de los quioscos.
Además de defender a Odebrecht, Ho González tuvo papeles más protagónicos. En enero de 2010, integró la comisión evaluadora que adjudicó a Odebrecht el proyecto de renovación urbana en Curundú, por un monto inicial de 95 millones de dólares. Y en agosto de 2013 también fue parte de la comisión evaluadora que calificó las propuestas de ampliación del aeropuerto de Tocumen, por un monto inicial de 680 millones de dólares, proyecto que hoy se eleva a más de 800 millones de dólares.
HO GONZÁLEZ NIEGA TODO
En una llamada que le hizo La Prensa a Ho González en junio pasado, el exfuncionario indicó que no conoce al banquero Veiga Borin, quien lo identifica a él como beneficiario de una cuenta a nombre de la offshore Pivotal Corp., abierta por indicaciones de Odebrecht. “En mi vida había escuchado ese nombre”, afirmó.
Según Ho González, tampoco recibió dinero de Odebrecht. “¿Por qué me van a mencionar?”, preguntó. “Si van a hacer eso tienen que investigar bien. Van a poner mi nombre en una situación en la que tendré que salir a explicar”, manifestó.
Ayer, La Prensa trató de contactar a Ho González nuevamente a fin de preguntarle si mantenía su versión de junio pasado, pero el teléfono está ahora desconectado. Este diario localizó a personas cercanas a él para tratar de ubicarlo, pero al cierre de esta edición, no había respuesta. La fuente dijo que trataría de ubicarlo, aunque adelantó que Ho González acostumbra a irse de viaje con su familia para estas fechas.
Ho González subrayó en junio que no tiene ninguna sociedad llamada Pivotal Corp. “Ustedes tienen que dimensionar el daño que me van a hacer”, se defendió.
Dijo que no conoce a Olivio Rodrigues y que sus contactos en la constructora brasileña eran los gerentes de proyectos. “No conocí a presidente, dueño ni accionista, solo a los gerentes de proyecto”, afirmó. “Si usted publica este asunto de esa manera yo me voy a sentir muy mal, porque no tengo los recursos para salir a explicar este asunto. Yo no soy noticia”, añadió.
También sostuvo que estuvo en varias comisiones técnicas como evaluador de propuestas o proyectos, como los ya mencionados. “En los ocho años que estuve en el MOP participé de muchas comisiones de evaluaciones técnicas, no le puedo decir ahora mismo en cuantas”, explicó.
“Esto es muy serio y usted supondrá que la voy a pasar muy mal. Ahora mismo no me siento bien. Cuando se publican este tipo de cosas te meten en un hueco y quedas prácticamente sentenciado, porque después toda la gente te señala. Mi familia se va a sentir mal y algunos se van a sentir avergonzados”, concluyó.
Junto a Ho González fueron mencionados otros individuos y empresas, como Aragon Business Consulting Ltd. y Newport Consulting Ltd. (de Conrado Pittaluga); Conansa International Ltd., (de los dominicanos Ángel Rondón Rijo y Angelina Rondón Marte). El primero, vinculado a serios escándalos financieros en República Dominicana y amigo del presidente de ese país, Danilo Medina, mientras que Ángel Rondón Rijo es mencionado en este mismo esquema, a través de Lashan Corp., creada por Mossack Fonseca.
Sociedad exige al MP y a la Contraloría investigar
La revelación del pago de coimas a funcionarios panameños sigue generando reacciones de la sociedad civil. El Movimiento Independiente (Movin) manifestó en un comunicado que resulta claro que las autoridades de investigación y control del país han desatendido lo que era “un secreto a voces”.
Movin exige una acción inmediata, le sugiere al Ejecutivo que suspenda toda futura participación de Odebrecht en contrataciones públicas y pregunta cómo van a salvaguardar, “de manera transparente”, los mejores intereses del país.
En tanto, el fiscal de Cuentas Guido Rodríguez, solicitó al contralor Federico Humbert que audite las obras públicas realizadas en Panamá por Odebrecht. Sugirió hacer una auditoría, pues en el acuerdo de culpabilidad suscrito por Odebrecht y divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa admitió haber pagado sobornos a funcionarios e intermediarios en Panamá por más de $59 millones. Recordó que, según los documentos, Odebrecht obtuvo beneficios por $175 millones.
Panamá es el tercer país fuera de Brasil, cuyos funcionarios recibieron más coimas.
A su turno, el excontralor Alvin Weeden indicó que los $59 millones pagados en coimas no son todo. Dijo que los documentos revelados esta semana señalan pagos de coimas de 2010 a 2014, pero hay evidencias de blanqueo de capitales en Panamá desde febrero de 2007. “Significa que Odebrecht antes de eso, ya estaba utilizando el territorio nacional para el blanqueo, producto de la corrupción que había en distintos países y obras, así que esa cantidad se queda bastante corta...”. El arquitecto Ricardo Bermúdez, quien ha cuestionado al gobierno de Juan Carlos Varela por dar contratos a esta empresa, recordó que repetidas veces advirtió al contralor y a la procuradora, Kenia Porcell, la necesidad de investigar a Odebrecht y sus obras. “Este nuevo escándalo internacional debiera ser motivo suficiente para que, de una vez por todas, hagan su trabajo a cabalidad, caiga quien caiga”. En ello coincidió el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez: la procuradora debe iniciar “una profunda investigación”. “Esa es una aceptación por parte de Odebrecht de la comisión de delitos en Panamá. Tenemos allí lo que se conoce como el cuerpo del delito. Ahora hay que investigar a los culpables...”.
Añadió que si el Ministerio Público (MP) no comienza a investigar, pedirá a la directiva del CNA, el próximo martes, que le pida formalmente empezar las pesquisas.
Este medio envió un cuestionario al contralor para consultarle qué hará para tratar de recuperar el dinero que Odebrecht admitió que pagó en sobornos a funcionarios panameños, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. También se le envió un correo al secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, en el que se le preguntó qué acciones administrativas concretas, y más allá desde las que tome el Ministerio Público, efectuará el Ejecutivo frente al hecho de que el mayor contratista del Estado ha admitido que recibió sobornos. Tampoco hubo respuesta.
