La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público (MP) investigará a 157 juntas comunales y municipios bajo las reglas del sistema penal acusatorio (SPA), tras los informes de auditorías entregados por la Contraloría General de la República que detectaron una posible lesión patrimonial de $247 millones.
Se trata de las juntas comunales que pertenecen a las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Coclé, Herrera, Colón, Darién, Bocas del Toro y Veraguas, y las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.
La iniciativa por parte del MP surge después del fallo del 3 de agosto de 2018, en el que el juez quinto penal, Enrique Paniza, accedió a una solicitud del fiscal anticorrupción Adecio Mojica de reabrir la investigación de los dineros manejados por juntas comunales y municipios en el quinquenio 2009-2014.
En este documento, el juez Paniza precisó que la reanudación del proceso compete solo a su jurisdicción, que es el Primer Circuito Judicial, que abarca la provincia de Panamá, donde 29 juntas comunales se encuentran bajo investigación y ya se han imputado cargos a 18 personas.
Estos encausados son procesados bajo el sistema inquisitivo.
Recientemente, en un fallo del 27 de febrero de 2019, el juez Paniza decretó como causa compleja las pesquisas sobre las 29 juntas comunales, conforme a la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada.
Paniza concedió un año a la fiscalía para concluir la investigación.
Fiscalía Anticorrupción sectoriza pesquisas de las juntas comunales
La pesquisa relacionada con supuestas irregularidades en el manejo de fondos en 186 juntas comunales y municipios de todo el país, dio un nuevo giro.
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo del proceso, seccionará los casos según la provincia a la que pertenezca cada junta comunal.
De ese modo, los casos de las juntas comunales que no pertenecen a la provincia de Panamá se tramitarán con las reglas del sistema penal acusatorio (SPA). Se trata de las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Coclé, Herrera, Colón, Darién, Bocas del Toro y Veraguas, y las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.
Esto significa que toda petición de las partes tendrá que regirse bajo el principio de oralidad ante un juez de garantías, quien tendrá la tarea de admitir o negar las pretensiones de los implicados en el proceso.
En tanto, el Primer Circuito Judicial abarca la provincia de Panamá, en donde están las 29 juntas comunales restantes que se encuentran bajo investigación; aquí ya se han imputado cargos a 18 personas y los casos son conducidos bajo el sistema inquisitivo.
En un fallo del 3 de agosto de 2018, el juez quinto penal, Enrique Paniza, accedió a la reapertura de la investigación de las 186 juntas comunales y municipios, en atención a una petición del fiscal Adecio Mojica.
“Somos del criterio que se debe acceder a la solicitud formulada por el licenciado Adecio Mojica Peña, en su condición de fiscal Anticorrupción de descarga, toda vez que con el análisis de dicho documento [unas auditorías], se podrá hacer una posible vinculación del sujeto activo del hecho punible, con la que no se contó anteriormente para su valoración”, señala el juez Paniza en su fallo.
Desde entonces, la fiscalía entrevistó al personal de la Contraloría General de la República que realizó las auditorías forenses y practicó una inspección ocular en la Junta Comunal de Changuinola, en Bocas del Toro.
La Contraloría detectó malos manejos en los $247 millones que fueron transferidos a las juntas comunales, por diputados del quinquenio 2009-2014.
Los auditores encontraron facturas falsas y documentos alterados. También advirtieron el manejo de $20 millones sin sustentación alguna.
El 27 de febrero de 2018, el contralor Federico Humbert reveló que las juntas comunales cobraban una comisión de 10% del monto manejado; el 90% restante quedaba a disposición del diputado que había gestionado la transferencia del dinero a la junta.
El Órgano Judicial advirtió ayer, en nota de prensa, que la reapertura de las investigaciones fue autorizada únicamente en las juntas comunales que se encuetren dentro del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, del cual es competente el Juzgado Quinto Penal.
Gustavo Pereira, abogado de una de las personas investigadas por la fiscalía, recalcó que solo pueden realizarse diligencias de investigación en este circuito judicial, y -según él- siempre que se haya ya identificado una lesión patrimonial.
Pereira recordó que la fiscalía todavía debe pedir autorización judicial para reabrir las investigaciones en las juntas comunales del resto del país.
