A pesar de que han transcurrido tres años desde que se inició la investigación por supuestos sobrecostos en el contrato para la compra de comida deshidratada por $44.9 millones, a la fecha no hay ninguna persona juzgada ni detenida por este proceso.
Un informe de monitoreo de denuncias de corrupción elaborado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, señala que han pasado 24 meses desde que la Fiscalía Segunda Anticorrupción remitió al Órgano Judicial la vista fiscal del caso solicitando el llamamiento a juicio para nueve personas (ver nota relacionada).
EL CONTRATO Y EL CASO
Una denuncia anónima en la que se pidió investigar el proyecto No. 48910 del Ministerio de Educación, o programa Nutriescuela, originó la investigación. Fue en diciembre de 2011 que se otorga a la empresa Lerkshore International Limited un segundo contrato para comprar comida deshidratada que sería repartida a estudiantes de escuelas públicas. Ya la empresa había obtenido un primer contrato de $14.5 millones.
EL NEGOCIO ARREGLADO
El sobrecosto en la compraventa fue descubierto a través de una factura comercial que registra el pago que hizo Lerkshore International Limited a sus suplidores en Brasil -Prativita Nutricionales Ltda.- por 196 mil 190 dólares con 72 centésimos, mientras que recibió del Gobierno panameño 44.9 millones de dólares.
La diferencia favorable entre lo pagado y lo recibido por Lerkshore suma 44 millones 797 mil 870 dólares con 72 centésimos.
De ese monto, al menos $30 millones fueron transferidos electrónicamente por el Banco Nacional de Panamá (BNP) a una cuenta de Lerkshore International Limited en el Banco Trasatlántico Ltd., en República Dominicana.
Según la Contraloría, la lesión patrimonial al Estado por este contrato suma 44.9 millones de dólares.
EL JUGOSO PORCENTAJE
El 20 de octubre de 2010, casi un año antes de que se lograra el pacto con el PAN, Rubén De Ycaza, propietario de Lerkshore, firmó un contrato de “agente comisionista” con el abogado Amado Arjona Duque -dueño de sociedades offshore- para cobrar $7 millones. Esa suma representa el 15% del contrato que fue pactado como se dijo en $44.9 millones.
Es decir –y tal como ocurrió con el primer contrato de la comida deshidratada-, el proveedor no tenía dudas de que sería beneficiado por el PAN.
INVOLUCRAN A MARTINELLI
El entonces director del PAN, Giacomo Tamburrelli, en su indagatoria por este caso, contó a la fiscalía que todo fue una pantalla, ya que recibióórdenes del entonces presidente, Ricardo Martinelli, para que se le adjudicara a Lerkshore el contrato. Las órdenes le fueron dadas por Adolfo De Obarrio, quien fungía como secretario de Martinelli, según contó Tamburrelli.
BIENES CAUTELADOS
El informe de monitoreo de denuncias indica que los delitos investigados en este caso corresponden a peculado, corrupción, fraude en contratación pública y estafa.
Asimismo, señala que hasta la fecha hay bienes cautelados, como vehículos y propiedades, en su mayoría pertenecientes a De Ycaza.
El Tribunal de Cuentas ordenó cautelar bienes a Tamburrelli, a la exministra de Educación Lucy Molinar y a Ángel Famiglietti, exjefe de Nutrición del PAN, por la supuesta lesión patrimonial causada al Estado por $44.9 millones.
Pendiente de audiencia de fondo
El 9 de diciembre de 2015, el Juzgado Decimoquinto Penal dictó sobreseimiento provisional por la investigación del contrato de la comida deshidratada por $44.9 millones para los exministros Federico Suárez y Lucy Molinar, de Obras Públicas y Educación, respectivamente; y también para las exviceministras Marta Susana de Varela y María Fábrega, de Desarrollo Social y Presidencia, respectivamente.
El juzgado decidió llamar a juicio al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, al exjefe de Nutrición del PAN Ángel Famiglietti, a Adolfo De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, y a Rubén De Ycaza, dueño de Lerkshore International Limited. La Fiscalía Segunda Anticorrupción, que siguió este caso, apeló la decisión del juzgado, que aún está por resolver para poder celebrar la audiencia de fondo. De Ycaza tiene arresto domiciliario y el resto de los implicados, impedimento de salida del país.
