El caso Odebrecht, considerado un emblema de la corrupción de los últimos años, se quedó sin el experto de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que estaba a cargo del informe financiero del proceso.
Esto, a raíz de que las nuevas autoridades de la Policía Nacional removieron a investigadores de la DIJ que estaban asignados al Ministerio Público.
A juicio de la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore, este hecho “altera el orden, la confiabilidad y la reserva” de la pesquisa, en la que se investiga el pago de sobornos por más de $100 millones.
La fiscal narró, además, que no se les ha informado quién hará ese trabajo de ahora en adelante. “Esa es la gran interrogante”, manifestó Moore a este medio.
También advirtió que el investigador de la DIJ fue sacado del caso en momentos en que esperan que el Segundo Tribunal Superior les extienda el tiempo para seguirla pesquisa. Está pendiente por investigar el periodo del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), y datos de los 13 mil documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El incierto futuro de un caso emblema
En el personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que estuvo asignado al Ministerio Público (MP) y que fue enviado de vacaciones por el director de esa entidad, Manuel Castillo, se encuentra el teniente Antonio Lin. Él llevaba adelante el informe financiero del caso Odebrecht, el peor escándalo de corrupción de la historia reciente.
Según la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore, este hecho “altera el orden, la confiabilidad y la reserva de la pesquisa”, en momentos en que el MP está a la espera de que el Segundo Tribunal Superior le extienda el término para seguir investigando la causa. Moore narró a este medio que hasta ahora no se les ha informado quién hará el trabajo que realizaba Lin.
“Teníamos a una unidad [Lin] que fue asignada desde 2017, y con la que se han llevado adelante diversas reuniones en las mesas de trabajo, y que entiende las líneas de trabajo que contiene el expediente Odebrecht. Fue enviado de vacaciones, sin previa coordinación, y no ha concluido la asignación que se le había dado”, dijo la fiscal, tras calificar esta situación de “desafortunada”.
Lo que falta
La Fiscalía Especial Anticorrupción aún tiene pendiente investigar el periodo 2004-2009, época en que el perredista Martín Torrijos gobernó el país, y Odebrecht obtuvo sus primeros contratos en Panamá.
Además, aún falta analizar documentos del Sector de Operaciones Estructuradas –el departamento de coimas de Odebrecht–, 13 mil de los cuales fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Sin comunicación
El choque entre el Ministerio Público y las nuevas autoridades policiales comenzó el pasado 14 de julio. Ese día, las fiscalías anticorrupción se enteraron de que la mayor Damaris Rodríguez –encargada de la División Anticorrupción de la DIJ– fue enviada de vacaciones. Su reemplazo es Irán Yearwood, que laboró en el Consejo de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Tania Sterling, quien coordina la Fiscalía Especial Anticorrupción, explicó que después de este hecho, le enviaron una nota “en términos respetuosos” al comisionado Manuel Castillo, solicitándole retomar la comunicación entre las dos entidades.
Castillo les dijo que se ponía a su disposición para fortalecer la comunicación, pero después les dijeron que otros dos miembros de la DIJ habían sido enviados de vacaciones. “Es decir, se hizo caso omiso a la solicitud”, manifestó la fiscal, refiriéndose a las vacaciones del subteniente Roberto Mitre, de la sección de operaciones de la División de Delitos Contra la Administración Pública, y de Antonio Lin.
Sterling agregó que por el trabajo sensitivo que hacían estas personas, habían mantenido una comunicación directa con los directores de la DIJ. Añadió que aún no se ha dado un acercamiento entre las dos entidades.
En otra nota que las fiscales le enviaron a Castillo le comunican que debido a que la labor de los auxiliares había perdido prioridad, le solicitaban que desalojaran el espacio en el edificio Avesa que ocupaban.
La fiscal superior Ruth Morcillo aclaró que esta medida se tomó “para salvaguardar la información de las investigaciones frente a cambios inconsultos”.
Las reacciones
Distintos actores de la sociedad civil reaccionaron al caso. El aquitecto Ricardo Bermúdez, que ha seguido de cerca la pesquisa, manifestó que “una conversación previa a los aspavientos del pasado viernes entre las cabezas de ambas instituciones le hubiesen evitado a Panamá otro sobresalto más”.
"Lo que si puedo decir es que el Ministerio Público -de manera especial la procuradora Kenia Porcell- dista mucho de haber realizado un buen trabajo como el de sus pares en otros países donde Odebrecht cometió fechorías similares a las que se dieron en nuestro país", indicó.
A su juicio, Panamá ya debería estar al tanto de quiénes fueron los altos funcionarios que “dilapidaron fondos públicos” junto a Odebrecht.
Mitchell Doens, dirigente del PRD, manifestó que Odebrecht parece tener “una suerte muy grande” con la paralización del caso en estos momentos. “Separar a alguien que tiene condiciones para investigar le hace un flaco favor a la causa de la justicia panameña, pues un caso como este debe investigarse hasta la última consecuencia”.
Para Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente, “la institucionalidad no puede seguir siendo abatida”. Este tipo de decisiones “pone en riesgo” el resultado de la investigación, afirmó.
Por su lado, el abogado y ex candidato presidencial Ricardo Lombana considera que, si bien es grave y negativa la remoción de los investigadores de la DIJ, la investigación del caso Odebrecht se encuentra “viciada desde mucho antes”. Según Lombana, el MP ha sido “selectivo” y “ha quedado demostrado” que este caso tendrá problemas de impunidad.
Esta nota fue modificada el miércoles 24 de julio de 2019, a las 11:30 a.m., para ampliar las declaraciones del arquitecto Ricardo Bermúdez...
Cambios, rotaciones y vacaciones en la Policía Nacional
Al menos 137 funcionarios de la Policía Nacional fueron enviados de vacaciones y otros 100 trasladados a diferentes puestos en distintas regiones del país, según consta en la Orden del Día de ese estamento de seguridad del pasado lunes 22 de julio. Entre los funcionarios enviados de vacaciones figuran oficiales superiores y de medianos y bajos rangos adscritos al Consejo de Seguridad Nacional y de las direcciones Antidrogas, Inteligencia y Operaciones del Tránsito, entre otras.