Los antecedentes de las empresas calificadas en la licitación para construir el cuarto puente sobre el Canal de Panamá no fueron materia de análisis por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pero debieron serlo.
Varias de estas empresas han sido señaladas en otros países por supuestos actos de corrupción, colusión o pactar contra terceros e, incluso, de fraude.
El MOP reconoce que no buscó sus referencias. Pero si alguien de la sociedad civil organizada o de los medios de comunicación sabía de anomalías, han debido ser ellos los que lo denunciaran, sostiene el MOP.
Al no recibir “objeción” alguna en el proceso de precalificación -indicó el MOP-, las empresas continuaron en la carrera hasta la apertura de los sobres de las propuestas económicas.
El consorcio Panamá Cuarto Puente -formado por China Communications Construction Company, Ltd., (CCCC) y China Harbour Engineering Company, Ltd. (CHEC)- resultó ganador, al ofertar mil 420 millones de dólares, una de las propuestas más bajas.
Pero su propuesta técnica no obtuvo el mejor puntaje en la evaluación.
En abril pasado, sorpresivamente, la española Dragados Sucursal de Panamá, que había recibido el mayor puntaje técnico en la licitación, se retiró del proceso sin proporcionar explicaciones.
Señalamientos
En 2009, el Banco Mundial inhabilitó por ocho años a CCCC y sus filiales en licitaciones de proyectos financiados por el banco. La sanción se aplicó “por prácticas fraudulentas” en un proyecto de construcción de carreteras en Filipinas, tal como se desprende de una nota de prensa del Banco Mundial, publicada en 2011.
En esa nota se resalta que el banco reconocía el esfuerzo del Gobierno chino en “enmendar” la ley penal de ese país para que “sea delito que las empresas chinas y los ciudadanos chinos sobornen a funcionarios de Gobiernos extranjeros”.
CHEC explicó que la sanción del Banco Mundial se extendió a ellos porque pertenecen al mismo grupo económico, pero que se debió a que CCCC compró en 2005 la empresa China Road and Bridge Corp. (CRBC), que “era la sociedad inhabilitada cuando fue adquirida”.
La empresa señaló que “en estos momentos ni CCCC ni CHEC ni cualquier otra empresa del grupo se encuentra en condición de acusada por malas prácticas”.
Tras las sanciones, este grupo económico aseguró que adoptó las guías de Integridad y Cumplimiento del Banco Mundial, y de Buenas Prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y “otros principios internacionalmente reconocidos desde 2015”.
El conglomerado también fue señalado por el Banco Mundial de supuestas prácticas de colusión, es decir, acuerdos a los que llegan empresas para fingir competencia y fijar precios o condiciones comerciales o servicios.
Sobre esta acusación, CHEC resaltó que el holding al que pertenece negó en su momento su vinculación en actividades de colusión y que la acusación era producto de “disputas” entre el Gobierno filipino y el Banco Mundial.
También se le acusó de haber pagado “dádivas” al hijo del ex primer ministro de Bangladés Arafal Koko Rahman para obtener un contrato. CHEC respondió que para ese proyecto se contrataron servicios de consultoría de dos bangladesíes, por $1.5 millones, depositados a una cuenta bancaria en Singapur, a solicitud de los agentes.
CHEC alega que “no sabían que los agentes estaban en contacto con Koko y la presunta conexión de soborno entre ellos”.
Es un “caso aislado”, dice CHEC, debido a que el Departamento de Estado de Estados Unidos archivó un proceso de confiscación de dicho dinero y que ellos no han sido notificados o demandados por este hecho.
Otro escándalo en el que se ha visto envuelta CHEC es el supuesto pago de $7.6 millones a la campaña de reelección presidencial de Mahinda Rajapaksa, en Sri Lanka, en 2015. De acuerdo con una publicación de The New York Times, CHEC habría entregado el dinero a través de una cuenta en Standard Chartered Bank a afiliados de la campaña de Rajapaksa. La empresa negó la financiación, mientras que Rajapaksa, aseguró que todo se debe a una “campaña de desprestigio” en su contra.
Informes periodísticos también revelan supuestos actos irregulares por filiales de CCCC en Islas Caimán, Jamaica y Uganda.
Reuniones
En Panamá, poco o nada de eso parece haber trascendido. A inicios de junio pasado, el presidente Juan Carlos Varela reveló que había solicitado al titular del MOP, Ramón Arosemena, tomar una decisión sobre la licitación del cuarto puente, paralizada desde hacía meses.
La petición la hizo días antes de cumplirse un año del establecimiento de relaciones diplomáticas con China.
La petición también fue antecedida por reuniones de Varela con las empresas del consorcio. En noviembre pasado, por ejemplo, el gobernante se reunió con el presidente de CCCC, Chen Fen-Jian, reveló la empresa en su sitio web.
Varela pidió -indica la publicación china- que “hicieran innovaciones y cooperaran con Panamá en la construcción de puertos, ferrocarriles, parques industriales, carreteras y puentes e ingeniería municipal, y que hicieran contribuciones a la economía local”.
Este encuentro no fue reportado por la Presidencia.
Dos meses antes, el 15 de septiembre de 2017, el gerente de CHEC, Tang Qiaoliang, también se reunió con Varela en la Presidencia para abordar temas comerciales, según la compañía.
También en junio de ese año, Varela y directivos de CCCC -que forma parte del mismo grupo económico de CHEC-, participaron en el inicio de la construcción de un puerto de contenedores Panamá-Colón, obra valorada en $1,000 millones.
Este proyecto corresponde a una concesión de 20 años que entregó la Autoridad Marítima de Panamá en 2012 a Panama Colon Container Port, en isla Margarita, Colón. El contrato incluye exoneraciones, derechos y privilegios para la empresa.
Fiscalización
“Cualquier interesado o miembro de la sociedad civil organizada o particular podía presentar las objeciones, denuncias o consultas correspondientes. No se recibió ninguna objeción contra los proponentes”, se justifica el MOP por el supuesto desconocimiento de inhabilitaciones y señalamientos contra la mayoría de las empresas participantes en la licitación.
Según el MOP, durante la licitación hubo 363 días para hacer consultas, observaciones, objeciones y reclamos contra el pliego o el proceso de diseño y construcción del proyecto o contra las empresas precalificadas, pero no recibió aporte alguno de la sociedad civil o de medios de comunicación. No obstante, dijo que, de hallar cualquier evaluación de “riesgo” sobre la calidad de una empresa, sería evaluada y expuesta ante la Contraloría.
Sobre las denuncias de fraude, soborno e incumplimiento de contratos, el MOP dijo que “la experiencia técnica, aspectos administrativos, legales y corporativos fueron verificados en la etapa de precalificación, donde, reiteramos, no recibimos ninguna denuncia o reclamo por parte de la sociedad civil organizada o particulares ni existía ningún impedimento legal para la participación en Panamá”.
