Desde el 1 de noviembre de 2016 se hizo efectivo el Decreto 441 de la Contraloría General de la República, que le puso límite a las donaciones de la Asamblea Nacional. No obstante, la propia institución no hace cumplir su regulación.
La Contraloría ha refrendado cheques de donaciones por montos superiores a los topes que la propia institución estableció.
La Prensa detectó que más de una docena de donativos de 3 mil dólares cada uno fueron refrendadas por la Contraloría en el primer bimestre de 2017, aun cuando exceden el tope para las donaciones a particulares, cuyo monto máximo es 2 mil 500 dólares. “Para gastos básicos del hogar, apoyo económico, donación”, indica el detalle del pago.
De igual manera, existen, al menos, dos pagos de donaciones a oenegés sin fines de lucro, cuyo tope por decreto es de un máximo de 10 mil dólares. No obstante, la Contraloría refrendó dos cheques a favor de la Asociación de Productores Agropecuarios de El Roble y la Fundación AC-30, por 30 mil dólares cada uno.
El primero de los cheques ingresó a la Contraloría el 3 de enero pasado y se refrendó el 20 de febrero; el segundo, arribó el 3 de enero y se refrendó en febrero pasado (ver facsímil). Es decir, ambos se aprobaron posterior a la entrada en vigencia del Decreto 441.
“Como quiera que el proceso de trámite, aprobación y emisión de estas dos gestiones de cobro se hizo en fecha antes de la entrada en vigencia del Manual titulado: ‘Requisitos y Controles para Otorgar Apoyos en la Asamblea Nacional de (Donativos o Subsidios)’, jurídicamente correspondía que el trámite fuera amparado por los procedimientos que regían previo a la aplicación de los nuevos Requisitos y Controles impuestos por la Contraloría General de la República”, respondió la institución a La Prensa ante los dos casos presentados en esta noticia.
Pero, como ya se dijo, según documentos de la propia Contraloría, el trámite fue posterior a la fecha de entrada en vigencia del decreto.
La Prensa también detectó que las donaciones se gestionan, incluso, como “solicitudes de viáticos”, según indica el tipo de documento utilizado para el trámite. No obstante, el detalle de pago es otro: “donación económica”. Y, aún así, los cheques fueron refrendados por la Contraloría.
A FAVOR DE DIPUTADO
Precisamente, la Fundación AC-30 –a la que la Contraloría le refrendó 30 mil dólares– fue creada y presidida por el diputado Raúl Pineda (PRD), de marzo de 2008 a agosto de 2015, según las actas de la sociedad inscritas en el Registro Público.
Según la planilla permanente de la Asamblea, la secretaria de la directiva, Rosa Meléndez, es una funcionaria asignada al despacho de Pineda. “Trabaja bajo mis órdenes, pero en otra oficina. Y figura así porque yo la recomendé [para ese puesto]”.
A su vez, Agustín Lara Díaz, abogado de esta oenegé, es socio del bufete Pineda, Lara, Sánchez & Asociados, en el que también es socio Pineda.
Lara Díaz también es empleado permanente de la Asamblea desde 2014, en el Departamento de Revisión y Corrección de Estilo.
Al preguntar en esa dirección por Lara, Tilcia Mendoza, quien atendió la llamada de este medio, indicó que él no trabajaba ahí. A él, el Estado le ha pagado 70 mil dólares en salarios.
Pineda aseguró que renunció a la fundación hace 8 años, que la creó antes de ser diputado y que la contradicción de su versión con con los documentos de la sociedad –en la que figura como presidente hasta 2015– se debe a una demora [de 8 años] en los trámites.
Añadió que no participa en sus actividades y que se la cedió a unos conocidos desde que empezó a ser diputado.
La directiva actual contrató a Lara Díaz porque “se buscan entre amigos”, para que el trabajo salga más económico, y dijo que ya no litiga en su firma y que Lara Díaz trabaja en la Asamblea. Una hora después de la entrevista, Pineda se contactó con La Prensa para aclarar que el cheque del donativo aún no había sido cobrado.
¿CONFLICTO DE INTERÉS?
Entre las donaciones refrendadas por la Contraloría en 2017 no solo figuran diputados, sino también funcionarios de menor jerarquía, así como exdiputados.
La Liga de Fútbol Club Bugaba tiene refrendados 30 mil dólares en enero pasado, vinculada al diputado Rony Araúz (PRD).
Según documentos de la sociedad, las reuniones del club se efectúan en su oficina. Y como ocurrió en el resto de las oenegés ligadas a diputados, el presidente de la entidad deportiva es un funcionario permanente asignado al despacho de Araúz, a quien la Asamblea le ha pagado en salarios 36 mil 400 dólares. Su vicepresidente también fue contratado por servicios profesionales. La Prensa intentó entrevistar a Araúz en múltiples ocasiones, pero no respondió las llamadas de este medio.
Otros 30 mil dólares fueron refrendados en enero a la Federación Panameña de Natación, presidida por Franz Wever Zaldivar (secretario de la Asamblea Nacional), y el exdiputado perredista Miguel Bush Ríos.
La Fundación Pro Vida, liderada por César Augusto Pérez Rodríguez, funcionario de la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales de la Asamblea, también se le aprobó una donación de 30 mil dólares en enero pasado, y tiene en trámite de refrendo otros tres cheques, que suman 37 mil dólares.
En tanto, el diputado Miguel Salas (panameñista) preside la Liga Provincial de Béisbol de Colón, a la que se le refrendaron 30 mil dólares. Salas dijo que el dinero se usará en actividades deportivas. “No es ilegal. El debate si es moral o no lo cuestionará la ciudadanía”.
EXIGEN INVESTIGACIÓN
Producto de la publicación periodística de este medio, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) exigió“eliminar y no reglamentar las donaciones”, en abierta crítica a la Contraloría.
Angélica Maytín, secretaria de la Antai, advirtió que entre las funciones constitucionales de los diputados no está administrar recursos públicos. Solicitó a la Corte Suprema investigar a todo diputado que haya recibido donaciones de forma fraudulenta y sancionarlos.
